¿Vegetariana debe recibir dieta especial en la cárcel?

Fundamento destacado: 7. Sobre lo alegado, se debe indicar que, de la revisión de los actuados, no se aprecia una agresión ilegítima ni arbitraria en contra de la beneficiaria. Respecto al régimen alimentario, conforme con la declaración de la demandada (fojas 158), se le brinda la dieta que provee el consorcio encargado de la alimentación de las internas del establecimiento penitenciario, dejándose abierta la posibilidad de que los familiares de la beneficiaría ingresen alimentos que sean acordes a la dieta que considere más apropiada. Aunado a ello, se aprecia del certificado psicosomático de folios 218, así como de los certificados médico legales 9484-V-D y 9485-V-D, de fojas 221 y 223, relativos a la evaluación médica realizada a la beneficiaría, se aprecia que ella se encuentra en regular estado de salud física, así como de nutrición e hidratación. Asimismo, del contenido de los indicados certificados médicos también se aprecia que, realizada la evaluación correspondiente, no se encontraron lesiones traumáticas recientes en la beneficiaría ni se acreditó de forma alguna que esta haya sido víctima de maltratos, agresiones u otros por parte de las internas o el personal del centro penitenciario (…).

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP N.° 03137-2015-PHC/TC

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del magistrado Urviola Hani, por encontrarse con licencia el día de la audiencia pública, y con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez, aprobado en el Pleno del día 19 se enero de 2017.

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Miguel Guere Amanta, contra la resolución de fojas 255, de fecha 16 de abril de 2015, expedida la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda habeos corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de diciembre del 2014, don José Miguel Guere Limaymanta interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Maribel Luz Guerrero Soto contra la directora del Penal Virgen de Fátima, Patricia Zárate Gonzales. Se alega la vulneración a los derechos a la libertad personal, a la salud, a la integridad personal y a la vida; por lo que solicita que se ordene la inmediata libertad de la beneficiaria.

Refiere el recurrente que doña Maribel Luz Guerrero Soto se encuentra encarcelada desde el 24 de octubre de 2012, sin la existencia de un mínimo indicio, y que la investigación seguida en su contra se encuentra estancada en la Segunda Fiscalía de San Juan de Lurigancho, sin que exista pronunciamiento alguno. Agrega que, pese a que las autoridades saben que la beneficiaria es vegetariana, la obligan a consumir carne de cerdo, lo que ha ocasionado detrimento en su salud física y mental. Además, se encuentra en ambientes completamente hacinados y sin condiciones de salubridad, con personas desconocidas que la agreden, y la mantienen dopada; tan es así que estuvo en coma por cuatro días por haber sido golpeada y drogada, por lo que a la fecha ha perdido la memoria.

A fojas 43, se aprecia la declaración de José Guere Limaymanta, quien precisó que, en el año 2012. fue a visitar a la beneficiaría al conocer que esta fue detenida por tratar de ingresar un chip y un celular al Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. Indica que la detención de la favorecida no se registró en el cuaderno de ocurrencias del indicado penal; asimismo, cuando la fue a visitar no la encontró bien de salud y, una semana antes, recibió una llamada de la beneficiaría, quien le contó que fue “masacrada” por cuatro internas por orden de la directora del Penal Virgen de Fátima.

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También señala que la comida que le proporcionan no es apropiada, así como tampoco lo son las condiciones de higiene y salubridad en que se encuentra. Precisa que ha presentado la demanda porque considera que doña Maribel Luz Guerrero Soto ha sido detenida injustamente por orden del Quincuagésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, Expediente 25863-2012, proceso en el cual ya se ha emitido sentencia.

A fojas 158 y siguientes aparece la declaración de doña Patricia Zárate Gonzáles quien indicó ser directora del Penal Virgen de Fátima, donde se encuentra recluida doña Maribel Luz Guerrero Soto desde el 25 de octubre de 2012, por orden del Quincuagésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, que la sentenció a cinco años de pena privativa de la libertad. Agrega que el régimen penitenciario que recibe la beneficiaría cerrado ordinario, encontrándose en la etapa de mínima seguridad. Respecto a la al¡mentación de la beneficiaría, indica que esta aduce ser vegetariana, y que la Administración brinda la alimentación que provee el consorcio de alimentos, es por ello que en diversas ocasiones ha ocasionado problemas, pues quiere una dieta especial que no está contemplada, a pesar de que tiene la posibilidad de traer alimentos de la calle a través de sus familiares. De otro lado, indica que la interna no ha sido agredida en ningún momento; por el contrario, recibe muchas quejas respecto a la conducta de la beneficiaría, pues tiene mal carácter y un trato hostil hacia las otras internas, sobre todo con aquellas encargadas de los alimentos, ante quienes ha lanzado los tapers de comida al suelo, por lo que es considerada una interna muy problemática y conflictiva.

A fojas 166 de autos obra la declaración de doña Maribel Luz Guerrero Soto, quien indicó que, a su parecer, existe un hacinamiento en el Penal, ya que duermen muchas personas en una sola habitación, por lo que su salud física y mental ha sido perjudicada. Además, solicita que se amplíe la investigación en contra de la jueza, en cuanto se ha dictado una detención inmotivada que afecta sus derechos, pues ha habido una indebida y fraudulenta detención; en consecuencia, solicita que se ordene su inmediata excarcelación.

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia de Tarma, con fecha 10 de marzo del 2015, declaró improcedente la demanda por considerar que no se ha acreditado lo manifestado por el accionante respecto al delicado estado de salud de la favorecida a consecuencia de la alimentación y falta de salubridad.

La Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte Superior de Justicia de Junín confirma la apelada por considerar que la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada; respecto a la alimentación que recibe, ello no merma en su salud, toda vez que ha superado un examen médico legal, en tanto su estado de salud física, nutrición e hidratación, y que no se ha acreditado que haya sido víctima de agresiones físicas o tortura.

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FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se ordene la inmediata libertad de doña Maribel Luz Guerrero Soto. Se alega la vulneración a los derechos a la libertad personal, a la salud, a la integridad personal y a la vida

2La finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a este.

3. En este sentido, respecto al extremo referido a que doña Maribel Luz Guerrero Soto se encuentra detenida en el Penal Virgen de Fátima, desde el 24 de octubre de 2012, sin la existencia de un mínimo indicio, que la investigación seguida en su contra se encuentra estancada en la Segunda Fiscalía de San Juan de Lurigancho sin pronunciamiento alguno. Por otro lado, la resolución que dispuso la detención no se encuentra motivada, se debe indicar que la beneficiaria se encuentra detenida en virtud a la sentencia dictada por el Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 92), de fecha 6 de setiembre de 2013, que la condenó a cinco años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación, fotografía o filmación o sus componentes en centros de detención o reclusión, la cual ha sido declarada consentida mediante otra resolución de fecha 24 de setiembre de 2013.

4. Por consiguiente, es de aplicación el artículo 5, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, toda vez que el alegado agravio al derecho a la libertad individual de la favorecida cesó en momento anterior a la interposición de la presente demanda con la emisión de la aludida sentencia condenatoria dictada en su contra; es así que, a la fecha, la restricción de su libertad personal dimana de este último pronunciamiento judicial, por lo que la actual situación jurídica en que se encuentran es la de condenados.

5. De otro lado, tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias o policiales es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida, la integridad física y los demás derechos constitucionales que no se encuentren restringidos. Por tanto, cabe el control constitucional respecto de las condiciones en las que se desarrolla la referida restricción del ejercicio de la libertad personal en todos aquellos casos en que esta se haya decretado judicialmente e, incluso, cuando se deba a una detención policial o en sujeción a un internamiento en establecimientos de tratamiento públicos o privados, siendo requisito sine qua non que, en el caso en concreto, se manifieste un ilegal o arbitrario agravamiento respecto de las formas o condiciones en las que se cumple la privación de la libertad personal.

6. El recurrente alega que doña Maribel Luz Guerrero Soto ha sido víctima de malos tratos en su condición de reclusa en el Penal Virgen de Fátima; además, pese a que se informó al personal del indicado centro penitenciario que la beneficiaría es vegetariana, se le brindan alimentos con contenido de grasa, azúcares y químicos, los cuales han afectado gravemente su salud física y mental. Además, sostiene que la tienen dopada, que es víctima de agresión física por parte de otras internas y que en alguna oportunidad quedó en estado de coma por cuatro días. En consecuencia, no existirían las condiciones de salubridad necesarias, pues en un solo ambiente duermen varias internas.

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7. Sobre lo alegado, se debe indicar que, de la revisión de los actuados, no se aprecia una agresión ilegítima ni arbitraria en contra de la beneficiaría. Respecto al régimen alimentario, conforme con la declaración de la demandada (fojas 158), se le brinda la dieta que provee el consorcio encargado de la alimentación de las internas del establecimiento penitenciario, dejándose abierta la posibilidad de que los familiares de la beneficiaría ingresen alimentos que sean acordes a la dieta que considere más apropiada. Aunado a ello, se aprecia del certificado psicosomático de folios 218, así como de los certificados médico legales 9484-V-D y 9485-V-D, de fojas 221 y 223, relativos a la evaluación médica realizada a la beneficiaría, se aprecia que ella se encuentra en regular estado de salud física, así como de nutrición e hidratación. Asimismo, del contenido de los indicados certificados médicos también se aprecia que, realizada la evaluación correspondiente, no se encontraron lesiones traumáticas recientes en la beneficiaría ni se acreditó de forma alguna que esta haya sido víctima de maltratos, agresiones u otros por parte de las internas o el personal del centro penitenciario. Además, en el contenido de su declaración de fojas 166 no aparece alegación alguna respecto a que es víctima de algún tipo de violencia o a que las condiciones en las que se encuentra recluida pongan en peligro su integridad física o psicológica.

8. Finalmente, se debe indicar que, del contenido del Informe 001-2015-INPE/18-236- SLS-G-01, de fojas 153; y del Informe Psicológico 001-15-INPE-18-236-Ps, de fojas 202, se aprecia que la beneficiaría tiene una actitud renuente y hostil no solo hacia otras internas, sino hacia el propio personal del centro penitenciario, rechazando todo tipo de tratamiento ofrecido, y considera dicha actitud una forma de protesta, pues sostiene que ha sido encarcelada injustamente. En consecuencia, este Tribunal estima que no existe fundamento que permita colegir que doña Maribel Luz Guerrero Soto esté sometida a tratos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declara IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo en que se alega una detención arbitraria.
2. Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la salud, a la integridad personal y a no ser objeto de tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y condiciones en que cumple la pena.

Publíquese y notifíquese.

SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

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