Si se valora el testimonio de los procesados, es arbitrario considerar verdadero lo que les incrimina y falso lo que los exculpa [R.N. 1623-2014, Lima]

Sentencia compartida por el colega Frank Valle Odar

Sumilla.- Principio de legalidad: La conducta desplegado por el agente debe estar debidamente descrita en el tipo penal imputado.

Norma: Art. II del Título Preliminar del Código Penal.

Palabras clave: Principio de legalidad, lex certa, mandato de determinación, atipicidad.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

R.N. 1623-2014, LIMA

Lima, veinte de octubre de dos mil quince.-

I. VISTOS

El recurso de nulidad interpuesto por la Procuraduría Pública Especializada para Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior contra la sentencia – fojas 1342 – del catorce de enero de dos mil catorce, que absolvió a Néstor Máximo Asparren Gómez. Darío Victoriano Martínez Marín y Yola Cesárea Garcés Olivera de la acusación fiscal por el delito contra la tranquilidad pública – colaboración con el terrorismo -inc. “b” del art. 4 del Decreto Ley 25475- en agravio del Estado. De conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal. Interviniendo como ponente el señor juez supremo Villa Stein.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

La Procuraduría Pública Especializada para Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior en su recurso de nulidad fundamentado a fojas 1364. argumenta que:

1. No se ha valorado correctamente las pruebas actuadas en el proceso como son la declaración del testigo identificado con código N° 0054- 2009 y la declaración de los propios acusados que aceptaron haber realizado actos de colaboración a favor de los miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso.

2. El Colegiado Superior ha aplicado incorrectamente la institución de descargo de la responsabilidad penal por miedo insuperable, pues no se ha acreditado tal estado en los procesados al momento de los hechos.

IMPUTACIÓN FÁCTICA – hechos –

De acuerdo a la acusación fiscal -fojas 1044- se imputa a los procesados actuar como colaboradores de la organización terrorista Sendero Luminoso (en adelante OT-SL). realizando sus acciones de apoyo en el anexo de Potrero. Distrito de Santo Domingo de Acobamba. provincia de Huancayo, departamento de Junín desde el año 2006 hasta el momento de su intervención en septiembre de 2009. Siendo que Néstor Máximo Asparren Gómez, como propietario de una tienda de abarrotes ubicada en la plaza principal del anexo de Potrero, abastecía de víveres a los delincuentes terroristas, además de ayudarles a cargar las baterías de sus celulares cuando se encontraban en su localidad. Asimismo, Darío Victoriano Martínez Marín, como propietario de una tienda de abarrotes con teléfono público, ubicada en la plaza principal de Potrero, también ayudaba en la entrega de víveres y permitía que los elementos subversivos realicen llamadas para comunicarse entre ellos, mediante tarjetas telefónicas, además de comunicarles los movimientos de las fuerzas del orden por la localidad. Finalmente, Yola Cesárea Garcés Olivera, al ser propietaria de un restaurante en la feria de Huachicnapata. habitualmente proveía de alimentos cocidos para los miembros de la OT-SL. entregándoles inclusive comida para llevar a los integrantes de dicha organización criminal.

II. CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

1. El recurrente consigna como uno de sus agravios el que el Tribunal Superior no haya valorado positivamente la declaración del colaborador eficaz con código N° 0054-2009. Sin embargo, tal como se aprecia de la motivación de la sentencia venida en grado, ese medio probatorio no pudo ser apreciado por cuanto no se cumplió con las exigencias del procedimiento de colaboración eficaz.

2. En efecto, la declaración de un testigo de esta naturaleza – colaborador eficaz – está sujeta al cumplimiento de las exigencias normativas que la regulan. En el presente caso, el Ministerio Público negó el beneficio de colaboración eficaz al mencionado testigo, y por lo tanto no se puede valorar como prueba -testimonio del colaborador eficaz- si no se ha obtenido con observancia de la norma legal que prevé el modo en que se logra so pena de vulnerar el principio de legalidad que rige la actividad probatoria[1], y el debido proceso en su faz formal.

3. Por otro lado, se observa que la Sala Penal Superior, con gran acierto, califica los hechos imputados como atípicos. El principio de legalidad que rige al Derecho Penal tiene cuatro manifestaciones, dentro de las cuales se cuenta el mandato de determinación –lex certa– por el cual se exige que la conducta punible esté descrita en la ley penal para poder ser sancionada[2] [3] tal como lo prescribe el artículo II del Título Preliminar del Código Penal.

4. El Derecho Penal como sistema de control social, necesita para diferenciarse de otros medios de control social del principio de legalidad, y con especial énfasis, del mandato de determinación que de este deriva. La predeterminación precisa de la conducta punible es lo esencial del Derecho Penal en su condición de sistema de control social[4].

[Continúa…]


[1] La actividad probatorio se rige por el principio de legalidad en cuanto a que lo norma prevé cómo so debe probar. Eso no debe confundirse con la libertad de prueba, por la cual las partes pueden elegir con qué probar. Respecto al principio de legalidad en la actividad probatoria. Cfr. Montero Aroca. Juan. “Nociones generales sobre la prueba (entro el mito y la realidad)”. En: Montero Aroca, Juan (director), y otros. La prueba. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2000, p. 53.

[2]  Cfr. García Cavero. Percy. Derecho Penal. Parte general. Segunda edición. Lima: Jurista editores, 2012. p. 146 y siguientes.

[3]  Artículo II.- Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por lo ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella.

[4]  Cfr. Villa Stáin, Javier. Derecho Penal. Parte general. Cuarta edición. Lima: Ara editores, 2014. p. 1234-125.

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