Tráfico de influencias: medio corruptor es elemento constitutivo del tipo penal [Exp. 00228-2017-PHC/TC]

Fundamento destacado: 6. En consecuencia, en las resoluciones cuestionadas no se habría expresado cómo se habría configurado el tipo penal del delito de tráfico de influencias, puesto que, si bien se mencionan las llamadas telefónicas por parte del favorecido, faltaría un elemento constitutivo del tipo penal referido al pago o promesa de recibir, hacer dar o hacer prometer; es decir, los medios corruptores (donativo, promesa o cualquier otra ventaja y con el ofrecimiento de algo), que corresponden al comportamiento típico del delito de tráfico de influencias que debieron ser acreditados en autos, por lo que dichas resoluciones no se encuentran debidamente motivadas.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 00228-2017-PHC/TC LIMA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EDUARDO RAFAEL NINALAYA MARTINEZ
REPRESENTADO POR EDUARDO SAMUEL NINALAYA POMALAZA (PADRE)

En Lima, a los 6 días del mes de marzo de 2018, el Pleno de! Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Espinosa-Saldaña Barrera, Miranda Canales, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez aprobado en la sesión de Pleno administrativo del día 27 de febrero de 2018. Asimismo, se agregan los votos singulares de los magistrados Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Samuel Ninalaya Pomalaza, contra la resolución de fojas 467, de fecha 19 agosto de 2016, expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de diciembre de 2015, don Eduardo Samuel Ninalaya Pomalaza interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Eduardo Rafael Ninalaya Martínez y la dirige contra los jueces superiores Alexander Orihuela Abregú, Karla Olga Domínguez Toribio y José Luis Mercado Arias, integrantes de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín; y contra los jueces supremos Javier Villa Stein, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Hugo Principe Trujillo, José Antonio Neyra Flores y David Enrique Loli Bonilla, integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Solicita que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 30 de enero de 2014, en el extremo que condenó al favorecido por delito de tráfico de influencias a cinco años de pena privativa de la libertad; y de la resolución suprema de fecha 31 de marzo de 2015, que declaró no haber nulidad de la referida sentencia respecto al extremo condenatorio (Expediente 00209-2010-0-1505-JR-PE-01/RN 2126-2014); en consecuencia, solicita que se deje sin efecto las ordenes de captura en su contra y se realice nuevo juicio oral. Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la prueba y del principio de congruencia procesal.

Sostiene el actor que las sentencias condenatorias no debieron basarse solamente en las dos llamadas telefónicas que realizó el favorecido en su condición de mayor PNP ni en la declaraciones testimoniales de dos efectivos policiales para brindar facilidades para el transporte un cargamento de cueros de vacuno, que también se transportaba droga mediante un camión con fecha 11 de noviembre del 2009, que se dirigía desde ciudad Constitución, Región Junín, hacia la ciudad de Lima, sino que debieron haber establecido si dichas llamadas y la conducta desplegada por el favorecido se subsumen en lo previsto por el artículo 400 del Código Penal, que sanciona el delito de tráfico de influencias por lo cual dicha conducta resulta atípica; que no se estableció si el favorecido recibió para sí mismo o para tercero donativo, promesa o alguna otra ventaja como consecuencia de la comisión del delito; tampoco se halló algún “medio o ente corruptor”; que no se realizó una correcta valoración de los medios probatorios; que las declaraciones prestadas por el favorecido, por su cosentenciado y por los testigos no demuestran que el primero recibió dinero.

El accionante, a fojas 157 de autos, se ratifica en el contenido de su demanda de hábeas corpus y agrega que, en virtud de la sentencia condenatoria, el favorecido se encuentra privado de su libertad pese a que no recibió dinero alguno para perpetrar del delito de tráfico de influencias.

El juez demandado don Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, a fojas 139 de autos, refiere que se remite a los fundamentos contenidos en la resolución suprema en cuestión y que la decisión contenida en dicha resolución fue producto de un análisis iuris et facti en el que se evaluaron los fundamentos contenidos en el recurso de nulidad que se interpuso contra la sentencia condenatoria, por lo que la resolución suprema se encuentra debidamente motivada.

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El juez demandado don Hugo Príncipe Trujillo, a fojas 152 de autos, señala que se remite a los fundamentos contenidos en la resolución suprema en cuestión y que la decisión contenida en dicha resolución fue producto de un análisis pormenorizado de los actuados, de las alegaciones del favorecido contenidas en su recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria respecto a la valoración de las pruebas que sustentaron la condena, así como la tipicidad del delito de tráfico de influencias y que se pretende una revaloración de las pruebas.

El juez demandado don José Antonio Neyra Flores, a fojas 155 de autos, alega que luego de haberse evaluado la teoría jurídica y efectuada la valoración de las pruebas se adoptó la decisión contenida en la resolución suprema en cuestión.

La jueza demandada Karla Olga Domínguez Toribio, a fojas 298, refiere que en el proceso penal en cuestión se respetaron los derechos constitucionales del favorecido.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, a fojas 142 de autos, arguye que en el proceso penal en cuestión han sido respetadas las garantías mínimas inherentes a lodo proceso, y que ha sido respetado el defensa del favorecido, quien pretende la revaluación de los hechos analizados durante la tramitación del referido proceso.

Cuadragésimo Segundo Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 14 de abril de 2016, declaró infundada la demanda porque las sentencias condenatorias se encuentran debidamente motivadas; que durante el proceso el favorecido hizo valer los mecanismos de defensa e impugnó la sentencia condenatoria, y que se individualizaron de forma debida las conductas desplegadas por los procesados, por lo que no se han vulnerados los derechos alegados en la demanda.

La Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada porque el proceso penal en cuestión fue tramitado de forma regular, y no existe acto jurisdiccional que haya vulnerado los derechos constitucionales alegados por el recurrente, por lo que la pretensión del actor no puede cuestionarse en vía constitucional, sino al interior del citado proceso penal.

El actor en el recurso de agravio constitucional de fojas 489 de autos reitera los argumentos de la demanda.

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FUNDAMENTOS

Petitorio

1. La presente demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 30 de enero de 2014, en el extremo que condenó a don Eduardo Rafael Ninalaya Martínez por delito de tráfico de influencias a cinco años de pena privativa de la libertad; y de la resolución suprema de fecha 31 de marzo de 2015, que declaró no haber nulidad de la referida sentencia respecto al extremo condenatorio (Expediente 00209-2010-0-1505-JR-PE-01/RN 2126-2014). Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la prueba y del principio de congruencia procesal.

Derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales

2. Con relación a la debida motivación de resoluciones judiciales este Tribunal tiene establecido en reiterada jurisprudencia que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.

3. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución Política del Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha precisado que “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa […]” (Expediente 1291-2000-AA/TC, fundamento 2).

4. En el caso de autos, mediante sentencia de fecha 30 de enero de 2014 (fojas 352 vuelta), el favorecido fue absuelto del delito de tráfico ilícito de drogas y fue condenado solo por el delito de tráfico de influencias porque según su séptimo considerando se consideró que, en su condición de mayor PNP y jefe de la Unidad Especializada encargada de la investigación de delitos de tráfico ilícito de drogas de la PNP, habría realizado diversas llamadas telefónicas a personal policial de la Garita de Control El Pedregal San Román, Región Junín, para interceder a favor de su coprocesado don Daniel Luis Arbe Tapia, a fin que no se intervenga un vehículo que contenía mercadería y que continúe su camino; empero, en ninguna parte de la referida sentencia se menciona ni se indica cómo se ha probado otro de los elementos constitutivos del tipo penal del delito de tráfico de influencias como son la promesa de dar u otorgar algún tipo de donativo u otra ventaja para sí (propio agente) o para tercera persona a fin de que se produzca el tráfico de influencia.

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5. Asimismo, en la resolución suprema de fecha 31 de marzo de 2015 (fojas 373), en su noveno considerando se señala que el delito de tráfico de influencias imputado al favorecido ha quedado plenamente acreditado con la propia declaración del favorecido, la cual ha sido corroborada con las declaraciones de otros dos testigos (efectivos policiales); empero, tampoco se hace referencia ni se indica cómo ha demostrado otro de los elementos constitutivos del tipo penal del delito de tráfico de influencias; como son la promesa de dar u otorgar algún tipo de donativo u otra sí (propio agente) o para tercera persona a efectos de se produzca el de influencia.

6. En consecuencia, en las resoluciones cuestionadas no se habría expresado cómo se habría configurado el tipo penal del delito de tráfico de influencias, puesto que, si bien se mencionan las llamadas telefónicas por parte del favorecido, faltaría un elemento constitutivo del tipo penal referido al pago o promesa de recibir, hacer dar o hacer prometer; es decir, los medios corruptores (donativo, promesa o cualquier otra ventaja y con el ofrecimiento de algo), que corresponden al comportamiento típico del delito de tráfico de influencias que debieron ser acreditados en autos, por lo que dichas resoluciones no se encuentran debidamente motivadas.

Efectos de la sentencia

7. Se debe declarar nula tanto la sentencia de fecha 30 de enero de 2014, en el extremo que condenó al favorecido por delito de tráfico de influencias, como la resolución suprema de fecha 31 de marzo de 2015, que declaró no haber nulidad de la referida sentencia respecto al extremo condenatorio, por lo cual el órgano jurisdiccional deberá expedir la sentencia que corresponda.

8. El órgano jurisdiccional correspondiente deberá decidir en el día de notificada la presente sentencia la situación jurídica de don Eduardo Rafael Ninalaya Martínez.

Por estos fundamentos, el tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

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HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda referida a la afectación del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales y NULAS la sentencia de fecha 30 de enero de 2014, en el extremo que condenó al favorecido por delito de tráfico de influencias, y la resolución suprema de fecha 31 de marzo de 2015, que declaró no haber nulidad de la referida sentencia respecto al extremo condenatorio.

Se ordena al órgano jurisdiccional demandado expida la sentencia que corresponda.

SS.

BLUME FORTINI
MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
FERRERO COSTA

Publíquese y notifíquese.

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