¿Qué es la autoría mediata y cuáles son sus presupuestos? [R.N. 2308-2013, Lima]

Fundamento destacado: 5.9. Por otro lado, el recurrente plantea que el Colegiado Superior, al aplicar al caso en análisis la teoría desarrollada por el jurista Claus Roxin, habría establecido su responsabilidad penal como autor mediato en los hechos imputados, bajo criterios de responsabilidad objetiva, lo que se encuentra proscrito por la ley penal.

Sin embargo, esta alegación no es de recibo, pues la denominada Autoría Mediata es un planteamiento teórico-doctrinario que busca abordar los casos en que la autoría material del hecho delictivo no es directa, sino que se realiza a través de un aparato organizado de poder o mando; es decir, no se trata de una disposición estrictamente normativa o legal, sino del abordaje o comprensión del comportamiento humano delictivo cuando el hecho es realizado a través del accionar de otro, pues ello se orienta a darle contenido a la previsión legal contenida en el ‘artículo veintitrés del Código Penal, el cual prevé que la conducta hípica pueda darse de mano propia o mediatizando a un tercero. Por ello, autor mediato es aquel que a través del control o manejo ‘que tiene de una organización, dispone la realización de actos delictivos, sin tener necesariamente el control directo e inmediato del operador o ejecutor, sino que el control lo ejerce sobre la organización y en ese contexto consigue que este último realice sus órdenes delictivas de manera prácticamente automática.

Conforme la doctrina ha establecido, los presupuestos de tal autoría mediata parten de la necesaria existencia previa de una Organización criminal estructurada, con asignación de roles que opera autónomamente respecto de sus integrantes, y en tal contexto se debe identificar: i) El poder de mando que tiene el hombre de atrás sobre la organización, ii) El apartamiento del derecho en el accionar de la organización. iii) La fungibilidad de los ejecutores, iv) Predisposición en el subordinado-ejecutor para cumplir las órdenes.

Este desarrollo dogmático sirve para determinar la imputabilidad a nivel de autoría, puntualmente del tipo mediato, pero en modo alguno se puede sostener que el aspecto subjetivo que gobierna el comportamiento humano sea inexistente o irrelevante, sino que ello es de aplicación al determinar la tipicidad de la conducta.

En este contexto, cabe anotar que la Corte Suprema acogió el concepto de autoría mediata en reiterada jurisprudencia que se respaldó en lo desarrollado por la dogmática nacional e internacional; así, en un caso similar en el que se imputó el delito de terrorismo, se utilizó la categoría dogmática de la autoría mediata para resolver en última instancia el recurso de nulidad interpuesto Por procesado Abimael Guzman Reinoso (véase la Ejecutoria Suprema número 5385-2003), para esto, el Tribunal Supremo señaló que: “es una categoría dogmática, vinculada a la teoría del dominio del hecho, cuyos orígenes se remontan mucho más allá de la entrada en vigencia del Código de 1991. (…) El profesor Claus Roxin la sistematiza meridianamente a partir de sus trabajos académicos de 1960 en la Universidad de Gotinga, publicados en 1963 en una versión alemana de su obra Täterschaft und Tatherrschaft traducida recientemente. Como tal, es un título de imputación que no necesariamente debe estar descrito en un texto legal para que se entienda su compatibilidad con la exigencia de determinación del tipo legal (ampliado). Se trata, en suma, de un aparato teórico desde el que se da sentido a los elementos objetivos del tipo penal involucrado, porque pone en relación a un individuo con los elementos que lo configuran por el dominio de la voluntad del ejecutor material.

La autoría mediata, a través de aparatos de poder, abarca tanto al abuso de una estructura de poder estatal y. sobre todo, a una estructura no gubernamental, como en los supuestos de la macrocriminalidad o criminalidad organizada como la presente. Lo relevante desde la perspectiva de la autoría mediata con uso de aparatos de poder es el hecho que exista una estructura jerárquica, con ejecutores fungibles y en el que el hombre de atrás ejerza un dominio del hecho cuya decisión se transmita a través de una cadena de mando en la que cada agente transmisor sea igualmente un autor mediato. Esta dinámica en la transmisión de la voluntad del autor mediato es factible de presentarse en una organización criminal. Más aún. si la estructura de poder es altamente jerarquizada y la fungibilidad de sus miembros (ejecutores del acto) está fuertemente condicionada por la verticalidad y el centralismo. En consecuencia, teóricamente es posible evaluar la conducta del líder o cabecilla de una organización terrorista dentro de este contexto organizacional“.

En este sentido, se determinó que el procesado ostentaba el mando de la organización terrorista Sendero Luminoso, por lo que es el principal responsable de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, pues fue autor mediato por dominio de organización de los delitos de terrorismo agravado. En este caso, como se comprobó en autos, el procesado, desde su nivel jerárquico, ordenó la realización de los hechos que se le incriminan. 

Finalmente, no resulta de recibo lo alegado por el procesado en cuanto a que se le condenó bajo criterios de responsabilidad objetiva, pues como se sostuvo en la sentencia dictada en contra de Abimael Guzmán Reinoso: “No se trata de una forma de responsabilidad objetiva, en la medida que se afirma en esta forma de autoría igualmente el carácter doloso de la conducta del autor mediato. Al autor mediato se le vincula jurídicamente con el acto ejecutado, por la capacidad que tuvo de conocer el curso causal del acto material y de dominarlo volitivamente a través del intermediario material”.


Sumilla. Las pruebas de cargo son suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia. El análisis probatorio realizado por el Tribunal de Instancia es razonable, unido al examen realizado por este Supremo Tribunal.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 2308-2013, LIMA

Prueba suficiente para condenar

Lima, veinticuatro de septiembre de dos mil catorce

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del procesado FLORINDO ELEUTERIO FLORES HALA, así como por el señor Procurador Público Adjunto Especializado para Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior, contra la sentencia de folios cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho, del siete de junio de dos mil trece; que declaró:

i) Infundada la nulidad formulada por la defensa del sentenciado, respecto a las declaraciones de los testigos claves.
ii) Improcedente la nulidad deducida por la misma defensa contra el dictamen fiscal, por imputar autoría mediata en los hechos materia de acusación.
iii) Improcedente la solicitud de la defensa, en el sentido de  aplicación del control difuso en este proceso.
iv) Infundada la nulidad planteada contra la pericia de voz dispuesta por la Sala Penal Superior.
v) Improcedente la tacha contra la visualización del video rotulado con el título IV: “Fugándose en el bote”.
vi) Improcedente Ja tacha formulada contra las interceptaciones telefónicas.
vii) Condenó a Florindo Eleuterio Flores Hala como autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de Terrorismo Agravado, en agravio del Estado (hecho ¡lícito penado y sancionado en los incisos a) y b), del artículo 3, del Decreto Ley N° 25475, concordante con el artículo 2 del mencionado dispositivo legal); contra la Salud Pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del Estado (tipificado en el primer y tercer párrafos del artículo 296, con las agravantes establecidas en el penúltimo y último párrafos, del artículo 297, del Código Penal) y por Lavado de Activos, en agravio del Estado (tipificado en los artículos 1 y 2, así como la agravante establecida en el último párrafo del artículo 3 de la Ley 27765); a la pena de CADENA PERPETUA; asimismo, a trescientos sesenta y cinco días multa; y fijó en quinientos millones de nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor del Estado. De conformidad, en parte, con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal.

Interviene como ponente el señor Príncipe Trujillo.

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CONSIDERANDO

IMPUGNACIÓN DEL IMPUTADO

PRIMERO. La defensa técnica del procesado Florindo Eleuterio Flores Hala, en su recurso formalizado de folios cuatro mil ochocientos noventa y cuatro, sostiene que: i) Se ha vulnerado el derecho de defensa de su patrocinado, al resolverse seguir con el juicio sin la notificación debida para la audiencia de control de acusación fiscal, ii) Se permitió la participación con total libertad de dos abogados en representación del Estado, uno de la Procuraduría Antidrogas y otro de la Procuraduría Antiterrorista, mientras que a él, si bien se le permitió tener dos abogados, solo uno de ellos pudo intervenir cada vez, por lo que se le restringió su ‘derecho de defensa. iii) La Sala Penal Superior desestimó su impugnación contra su manifestación policial realizada en nueve sesiones, sin tomarse en cuenta que la autoridad policial no lo puso a disposición de la autoridad judicial correspondiente (ante la cual tenía los procesos pendientes y había ordenado su captura), por lo que interfirió en el ejercicio de sus funciones; además, no firmó las actas, sino que los efectivos policiales tomaron su mano y estamparon sus huellas digitales sin darle la oportunidad de que leyera el contenido, pues no consta que se le haya proporcionado los lentes de lectura, iv) Se desestimó la tacha contra la trascripción de las interceptaciones telefónicas, pese a que no intervino el abogado del procesado y solo se hizo en presencia del representante del Ministerio Público, quien no certifica que la voz que se escucha le corresponda, v) La Sala Penal Superior vulneró el derecho de defensa, la presunción de inocencia, así como el derecho a la igualdad, por cuanto ordenó que se practique un peritaje de audio de su voz (amparándose en su poder de dirección y con la finalidad de establecer la verdad), pese a que es el Ministerio Público quien tiene la carga de la prueba. vi) La Sala Penal Nacional no es un órgano jurisdiccional ordinario, pues de serlo, pertenecería a la Corte Superior de Justicia de Lima, por lo que pese a la ampliación de la competencia para conocer otros delitos, ello no cambia su naturaleza, por lo que considera que carece de imparcialidad e independencia. vii) Se vulneró el derecho al juez natural, porque la Sala Penal Nacional tiene como ámbito jurisdiccional a todo el país y depende de la Corte Suprema, al tener un estatus de Corte Superior, por lo que al no ser una Sala Penal Superior sino una Corte Superior con competencia nacional, constituye un fuero de excepción. viii) La ley antiterrorista (Decreto Ley 25475) vulnera el principio de legalidad, pues ninguna de las normas legales que tipificaron el delito de terrorismo calificó de manera expresa e inequívoca el hecho considerado como delito de terrorismo, al ser un tipo penal abierto que no precisa el bien jurídico tutelado, ix) La Sala Penal Superior de manera inconstitucional estableció su responsabilidad como autor mediato, pero la teoría de Roxín se basa sobre la responsabilidad objetiva, la que no está incorporada en el Código Penal de mil novecientos noventa y uno, que incluso proscribe dicho tipo de responsabilidad; en consecuencia, la teoría de Roxín, de la autoría mediata, no debe ser aplicada por ser violatoria del principio de legalidad. Además, no existe en nuestra legislación un injusto de organización, x) La Sala Penal Superior basó su sentencia sobre las afirmaciones de los testigos con clave, con identidad secreta, así como sobre afirmaciones de arrepentidos, los que fueron doblegados física y moralmente por la policía para incriminarlo, al presentar declaraciones contradictorias, pues no son idóneos, ya que no se sabe si son sus enemigos o si fueron coaccionados para declarar en su contra, o a cambio de una rebaja en las penas, por lo que tales declaraciones no tienen valor probatorio, xi) Tanto la Sala Penal Superior que lo juzgó, así como la legislación antisubversiva y la imputación de autoría mediata son aplicación del derecho penal del enemigo. xii) Existe trato discriminatorio en cuanto a derechos y beneficios que se reconocen a los detenidos y procesados por el delito de terrorismo en relación con otros procesados, xiii) La imposición de penas draconianas, como la cadena perpetua, al considerar a las personas entes peligrosos o dañinos, es una expresión clara del derecho penal del enemigo, pues se les niega la condición de persona, al cuestionar sus derechos fundamentales y su dignidad, xiv) La sentencia debe ser declarada nula por carecer de la debida motivación escrita y los fundamentos de hecho que la sustentan.

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AMPLIACIÓN DE IMPUGNACIÓN

Posteriormente, la defensa del recurrente Florindo Eleuterio Flores Hala, en su escrito ampliatorio de fundamentación, señaló que:

i) La condena impuesta se sustenta en las declaraciones de testigos clave quienes incurrieron en contradicciones que no fueron evaluadas por el Tribunal.
ii) Los testigos clave refieren conocer los hechos indirectamente, por lo que son declaraciones de oídas.
iii) Ningún testigo clave refirió de manera clara y precisa la cantidad de dinero, ni fa moneda que supuestamente recibió de mano de los narcotraficantes.
iv) No se le incautó dinero, droga ni insumos químicos para su elaboración.
v) En ninguna de las especies, cuya propiedad se le atribuye, se halló restos de droga.
vi) Desde la etapa policial negó su responsabilidad en estos hechos de manera uniforme y coherente.
vii) La sentencia se basa en audios transcritos sin abogado defensor.

FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR

SEGUNDO. Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada para Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior, en su recurso formalizado de folios cuatro mil novecientos tres, sostiene que: i) La SalaPenal Nacional se limitó a valorar el dolor sufrido por las mas directas así como por sus familiares, sin considerar que el delito de terrorismo tiene una implicancia adicional, pues el daño recae en víctimas colectivas; por otro lado, además de las víctimas directas, existen las indirectas, ii) La reparación civil fijada por el Colegiado Superior es diminuta, pues no repara el daño causado por casi treinta años de violencia terrorista realizada por el condenado Florindo Eleuterio Flores Hala. iii) Es una reparación civil diminuta, en comparación con la fijada contra Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso y otros, a quien por doce años de acciones terroristas se le fijó un monto siete veces superior al señalado en la sentencia recurrida; por lo que el monto de la reparación civil deberá elevarse a diez mil trescientos cuarenta y (ocho millones quinientos seis mil ochocientos treinta y tres nuevos soles.

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IMPUTACIÓN FISCAL

TERCERO. Según la acusación fiscal -de folios mil trescientos veinticuatro- y lo determinado en la recurrida, en la presente causa judicial acumulada, se imputa al procesado FLORINDO ELEUTERIO FLORES HALA (quien actuaba también bajo los sobrenombres de “Artemio”, “Pepe”, “César”, “Julio”, “Negro”, “Charles”, “José Flores León”, “Filomeno Cerrón Cardozo”, y “Gabriel Macario Ala”) detentar el máximo liderazgo de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, de tal forma que fue miembro de su Comité Central, además de mando político militar y responsable del Comité Regional Huallaga.

En el desempeño de su accionar subversivo en contra del Estado, el procesado habría cometido los siguientes hechos delictivos:

i) En el Expediente número veintitrés-dos mil cinco, se le imputa haber ordenado el atentado contra el local del Banco de la Nación de Uchiza, ocurrido el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, para lo cual encomendó a Héctor Aponte Sinarahua alias “Clay” o “Santiago”, que conjuntamente con otros diecinueve subversivos lo perpetren, del cual resultaron muertos Jesús Espinoza León, Liuliana Fasabi Ríos y Serimio Herrada Valverde, así como el Suboficial PNP César Javier Ortiz Olórtegui, y heridos José Mercado Bartolo, Jacqueline Panduro Hidalgo, Mabel Arévalo Salas y Pedro Pardo Pimentel.

ii) En el Expediente número 197-2008 se imputa a Florindo Eleuterio Flores Hala haber participado en el atentado terrorista sucedido el veinte de diciembre de dos mil cinco, contra la dotación del patrullero KM-2227, integrada por los efectivos policiales de la Comisaría de Aucayacu, Mayor PNP Marino Paulino Martínez Palacios; Suboficial PNP Alfonso Agustín Mendoza Vásquez; Suboficial PNP Alberto Heracleo Domínguez Milosevich; Suboficial PNP Agustín Soto Rivera; Suboficial PNP Richard Gonzalo Trejo Cerna; Suboficial PNP Carlos Jesús Ortiz Ayala; Suboficial de Primera PNP Luis Canchucaja Canchaya; Suboficial de Tercera PNP Luis Tola Gómez y el Suboficial de Primera PNP Carlos Alvarado, a quienes victimaron y sustrajeron sus armamentos (un lanzagranadas, seis fusiles AKM, un fusil FAL, cuatro pistolas STAR, veinticuatro cacerinas abastecidas para AKM, cuatro cacerinas S & para pistolas STAR, tres cacerinas abastecidas para FAL, pecheras con sus respectivas cacerinas abastecidas), hecho sucedido a doscientos metros del puente Angashyacu, en el distrito del mismo nombre. Acontecimiento que también fue comprendido en el Expediente 162-08.

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iii) En el Expediente número 659-2008, se le imputa, haber ordenado a Juan Laguna Domínguez alias “Piero”, que conjuntamente con su pelotón de aniquilamiento conformado por Víctor Raúl Vásquez Santa Cruz “Camarada Rubén”, y los delincuentes terroristas identificados con los alias de “Camarada Gerson”, “Camarada Rusel”, “Camarada Leo”, “Camarada Goyo”, “Camarada Jack”, “Camarada Percy” y el “Camarada Roberto”, asesinara a los miembros de la familia Rodríguez Figueroa, integrada por Victoria Figueroa Doria, Pablo Rodríguez Huerto, Cándida Alejandrina Rodríguez Figueroa y Wilmer Hilario Isidro, hecho ocurrido el 07 de diciembre de 2007, en venganza por considerarlos soplones de la policía, por brindar información que trajo como consecuencia la muerte del mando terrorista Héctor Aponte Sinarahua “Camarada Clay”. Hubo ensañamiento en la muerte de los agraviados. Este hecho también fue comprendido en el Expediente 375-220.

iv) En el Expediente número 10-2009, acumulado al Expediente í-2010, se le imputa ser autor mediato del atentado terrorista sucedido el trece de octubre de dos mil ocho contra personal PNP de la OFIANESO/DIRANDRO integrado por el Mayor PNP Harvey Julio Colchado Huamaní, Suboficial PNP Walter Enrique Capa Guibillón, Suboficial PNP Gilberto Ordóñez Golac, Suboficial PNP Rodolfo García Tarazona y el Suboficial PNP José Antonio García Remón, quienes se encontraban a bordo del vehículo con placa de rodaje QL-2684; hecho ocurrido por las inmediaciones del kilómetro cuatro de la carretera Fernando Belaunde Terry- Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, de la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, en el que resultaron heridos los efectivos policiales José Antonio García Remón y Gilberto Ordóñez Golac, quienes fueron trasladados hasta el Hospital ESSALUD de Tingo María, lugar donde falleció este último.

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v) En el Expediente número 244-2011, acumulado al Expediente 170-2012, se imputa al encausado Flores Hala haber ordenado que los mandos subversivos Gresilio Veramendi Meza “Camarada Tigre”, y Reyder Larry Utia Pérez “Camarada Larry” a su vez ordenaran a los delincuentes terroristas Astolfo Angulo Cometivos “Camarada Chara”, “Moreno” o “Zocino” y Alfredo Penadillo Carbajal “Camarada Veneno”, asesinar al profesor Víctor Plaza Fasaba, hecho ocurrido el 18 de agosto de 2009 por las inmediaciones del caserío de Alto Pacae, distrito de José Crespo y Castillo.

vi) En el Expediente número 247-2011, acumulado al Expediente 177- 2012, se le imputa haberse enfrentado a las fuerzas del orden el ocho de abril de dos mil diez, cuando estas obtuvieron información de que en el sector Wiracocha, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, se hallaba instalado un campamento de Sendero Luminoso, razón por la cual se dispuso que personal de la Policía Nacional del Perú intervenga dicho lugar mediante la operación Helitransportada Contraterrorista Denominada LEO XIV-2010, por lo que se produjo un enfrentamiento con los delincuentes terroristas, quienes huyeron del lugar, pero se logró incautar especies compatibles con el campo funcional de la organización terrorista.

vii) En el Expediente número 107-2011, se le imputa haber ordenado a los delincuentes terroristas Astolfo Angulo Cometivos “alias Chara” y Geisler Chujitalli Ramírez “Camarada Richard”, aniquilar a las personas de Hitler Sánchez Tello, conocido como “Huevo” y Walter Lázaro Eugenio, conocido como “Hueso”, en el recreo Las Viñas del Río en Aucayacu; hechos ocurridos el trece de junio de dos mil diez y el quince de noviembre de dos mil diez, respectivamente; asimismo, ordenar a los delincuentes terroristas Astolfo Angulo Cometivos “Camarada Chara” y Geisler Chujutalli [Ramírez “Camarada Richard” asesinar al delincuente común conocido como “Chorizo”, acontecimiento ocurrido el dos de febrero de dos mil once, como castigo por haber utilizado el nombre de la organización terrorista Sendero Luminoso para extorsionar a Ulises Martel Vela, ingeniero del Consorcio Aucayacu, asesinato que se frustró debido a la oportuna intervención policial.

[Continúa…]

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