Amigos y amigas, les alcanzamos otra entrega del microprograma «Al derecho y al revés». En esta ocasión, Romy Chang, docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos explica si los menores de edad pueden responder penalmente.


Lamentablemente hoy en día es común escuchar en las noticias hechos criminales, delitos, cometidos por menores de edad. Hurtos, asaltos, violaciones y hasta asesinatos, han sido realizados por adolescentes, lo que causa una constante preocupación por ser ellos y ellas el futuro de nuestro país. A este problema se suman los reclamos y revueltas causadas por quienes se encuentran en los centros de menores, como este año ocurrió en el Centro de Internamiento de Menores, conocido por todos y todas como Maranguita.

Pero, qué ocurre cuando un menor o una menor de edad comete una acción considerada un delito. ¿Se le puede imponer una sanción penal?, ¿a dónde es enviado en caso de encontrarse la responsable?, ¿qué se puede hacer para evitar que las y los menores realicen actos delictivos? Estas y otras preguntas serán abordadas en este programa.

Nuestro legislador penal, parte de la presunción de que un menor de edad no posee la misma capacidad que adulto mayor de 18 años, para comprender las consecuencias negativas de sus acciones. Es decir, no es objeto del mismo reproche social del que sí podría ser un mayor de edad.

Incluso respecto a las y los menores de edad que vulneran las normas penales, el Código de Niños y Adolescentes distingue dos grupos: quienes son menores de 14 años y quienes tienen entre 14 y 18 años. Respecto a los primeros, nuestra legislación únicamente contempla las llamadas medidas de protección, como podría ser disponer del cuidado de él o de la menor en su propio hogar, su participación en un programa con atención educativa o su incorporación a una familia sustituta. Todo ello siempre con la finalidad de proteger al menor y de cautelar sus derechos.

Respecto a los segundos, es decir quienes tienen entre 14 y 18 años, lo que nuestro ordenamiento prevé son las llamadas medidas socioeducativas, las que se imponen en caso de que el menor o la menor realizará una conducta considerada un delito en nuestra legislación penal, como puede ser un homicidio, un robo, un secuestro, entre muchos otros.

Las medidas socioeducativas no son consideradas sanciones penales, sino, como su nombre lo indica, medidas orientadas a educar al menor y buscar que comprendan los valores de nuestra sociedad por ello el actual Código de responsabilidad penal de adolescentes, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1348, indica que las medidas socioeducativas cumplen una función pedagógica positiva y formativa, que tiene como objeto facilitar la resocialización y la reintegración del adolescente a la sociedad, no pudiendo olvidar los derechos a la educación y a la formación profesional del menor infractor de la ley penal.

Ahora bien frente a la comisión por parte de un menor de 14 años o más, encontramos dos tipos de medidas socioeducativas: las primeras las que no limitan la libertad del adolescente, como es el caso de las amonestaciones o llamadas de atención del juez, la libertad asistida o cumplimiento de programas educativos o de orientación al menor, y la prestación de servicios a la comunidad o realización de tareas gratuitas en beneficio de la comunidad.

Y las segundas las que limitan la libertad de la adolescente, como es el caso de la medida de internación en un centro juvenil. Esta última por su gravedad solo procederá en los siguientes supuestos:

1. Cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancionados con una pena de prisión no menor de seis años, siempre se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas.

2. Cuando el o la adolescente haya incumplido injustificada y reiteradamente las medidas socioeducativas distintas a la de internación, como por ejemplo la prestación de servicios a la comunidad o el cumplimiento de programas educativos y;

3. Cuando haya realizado en un período de dos años, reiterados hechos delictivos que se sancionen con una pena mayor a los seis años de prisión.

Ahora si bien la medida de internación por regla general tiene una duración máxima de seis años, se han considerado ciertos supuestos de excepción en los que la internación puede durar más tiempo, esto ocurrirá cuando el o la adolescente tenga entre 16 y 18 años, y haya cometido los delitos de sicariato, es decir haya matado a otra persona por dinero,  violación sexual de un menor de edad seguida de muerte o de lesión grave, o haya cometido actos terroristas.

En todos estos casos, la medida socioeducativa de internación podrá alcanzar hasta los 10 años, lo que implica que tendrá que cumplirse incluso a pesar de que el menor cumpla la mayoría de edad. Razón por la que la medida de internación puede concluir luego de que él o la adolescente cumpla los 18 años. La medida de internación deberá cumplirse en un centro juvenil exclusivo para adolescentes, no pudiendo mandárseles a un centro penitenciario, ni mezclárseles con los mayores de 18 años; en tanto que como se ha señalado, el objetivo de una sanción penal de cárcel no es el mismo que el de una medida socioeducativa; legitimándose esta última en el bienestar e interés del menor como futuro de nuestra sociedad.

Lamentablemente en el Perú no hay centros juveniles en todas las regiones del país; por lo que muchas veces las medidas de internación se cumplen en zonas alejadas de donde vivía el infractor, ocasionando con ello la pérdida afectiva de su familia.

Debemos recordar que la educación en valores que le demos a nuestros niños y niñas es fundamental para el crecimiento de nuestro país, por lo que es indispensable que construyamos ciudadanía y eduquemos a nuestros hijos e hijas con nuestro ejemplo, la solución al problema educativo en nuestro país no está en el derecho penal.