¿Por qué el Poder Judicial de Estados Unidos funciona bien y el de nosotros no?

A finales del año 2015 realicé una pasantía en Estados Unidos donde pude visitar y estudiar, entre otras instituciones, a la Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial de ahí es uno de los más respetados del mundo, por no decir el más respetado, y en donde sus ciudadanos tienen mayor confianza en su sistema de justicia. Nuestra expositora hablaba feliz y orgullosa de su control difuso, del certiorari y de su gran juez John Marshall, cuyo monumento te recibe entrando a la Suprema Corte.

Durante la exposición hice la siguiente pregunta a nuestra ponente: “¿Por qué su Poder Judicial puede hacer lo que hace y por qué no pueden hacer lo mismo los poderes judiciales de América Latina o de mi país en específico?” Me dijo por dos razones, principalmente:

La primera es por su nombramiento y el tiempo de este, que es de por vida. Ahí los jueces supremos son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, es decir, su designación pasa por un proceso político. Pese a ello, esos jueces actúan con libertad y desligados de compromisos políticos. Es así en EE. UU. porque su institucionalidad es muy fuerte y, además, muy importante, es que esos jueces no dan cuenta de sus actos y son cargos vitalicios. Eso les da estabilidad y libertad para poder tomar decisiones sin necesidad de agradar a alguien. Al ser su cargo inamovible pueden emitir resoluciones sin mirar a quienes los nombraron, porque nunca van a poder ser echados hasta su muerte o hasta que ellos lo decidan. Marshall no hubiera podido aplicar el control difuso que tanto orgullo da a la justicia de ese país, si hubiera sido sometido a procesos de evaluación y ratificación, pues, el control difuso fue creado por jurisprudencia con un gran razonamiento del juez y no era una figura legal.

Esta independencia producto de que no se puede despedir a un juez es tan importante que una vez el presidente Eisenhower dijo que solamente había cometido dos errores en su mandato y esos dos “errores” fueron sus nominados para jueces supremos, pues los magistrados tomaron decisiones muchas veces en contra de las políticas que impulsaba el presidente. Una cosa más sobre esto, el proceso de nombramiento de magistrados es tan publicitado (transparencia) que las personas propuestas son de reconocida trayectoria en Derecho (nunca vas a ver en EE. UU. propuestas como las del “Plancha Camisas” que la hizo el presidente Humala para el Tribunal Constitucional).

La segunda razón es su estabilidad y autonomía presupuestal. Su Constitución prevé que nunca puede reducirse el presupuesto de su Poder Judicial y esta disposición fue cumplida hasta en la guerra civil. Esto tiene como consecuencia, que casi siempre el presupuesto con el que funciona su sistema de justicia esté en aumento. Por lo tanto, también le da libertad e independencia, pues, los jueces supremos o su representante no tienen que estar yendo al Congreso o al Poder Ejecutivo a mendigar que les aumenten el presupuesto o a implorar que no les reduzcan.

Ahora que se aprobó el referéndum y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia en el país, hemos visto como no se tomaron en cuenta ninguno de estos dos puntos. Es más, ahora se les hará una evaluación a los jueces cada 3 años, lo que hace que el juez en vez de estar pensando en resolver sus casos, estará pendiente a su proceso evaluatorio. Claro que no podemos pedir en un país con poca institucionalidad como es el Perú nombramientos de por vida, pero tres años es un periodo demasiado corto, lo que generará que los jueces administren más justicia mediática.

El problema del manejo presupuestal del Poder Judicial dependiente del Congreso y del Ministerio de Economía siempre ha sido uno latente en toda nuestra historia. Cuando Benavides realizó su golpe de estado a principios del siglo XX, los jueces supremos decidieron no asistir al “besa manos”, porque no podían reconocer a quien rompió el orden constitucional. El juez más antiguo presente en la reunión dijo que todo estaba muy bien con su decisión, pero quien les iba a pagar la quincena. En la noche de ese mismo día, el Pleno de la Corte Suprema fueron a besarle la mano al golpista.