Los últimos dos post del profesor Hurtado Pozo me mueven a realizar un comentario respecto de la designación de jueces y fiscales. Es verdad que es un ideal (o una ilusión) tener a un juez objetivo; así como es casi imposible tener un sistema infalible para su elección. No existe país, con sus distintas formas de designación, que no tenga un margen de error. El ser humano, por más que se quiera conocer la previsibilidad de sus actos o decisiones, en base a sus estudios académicos, su experiencia profesional, o preguntándole en exámenes sobre suposiciones futuras o de hechos pasados, no arrojaría el perfil perfecto para la designación de tal cargo público. El ser humano, por su propia circunstancia, puede llegar a actuar bajo el impulso de la pasión, del enojo, de la compasión, y quizás —y solo quizás—, hasta de la razón.
Decía Jacques Derrida, que la decisión, en última instancia, es un acto de locura. Pueden existir múltiples variables dentro de la mente del juzgador, y dada la ocasión o su momento instantáneo, pueda que elija la que no se encontraba dentro de sus posibilidades. De ahí, que descarto esa idea deslizada de la ciudadanía en que exista un sistema de jurados. Para que eso funcione, deberíamos reformar el sistema educativo, enseñar cursos de Derecho como materia general y no solo a nivel universitario, sino también escolar (hace unos días, ayudando a mi hijo de 9 años en su tarea de civismo, su profesora le enseñó que el representante del Poder Judicial era un juez superior, que estaba conformado por juzgados mixtos y de paz, que los mixtos son de Distrito, y lo de Paz, de Provincia).
Si se formara un grupo de ciudadanos para que en sus manos esté la decisión de condenar o absolver, en un país donde los medios de comunicación juegan un rol importante sobre la sensación del receptor, las probabilidades de que el jurado decida en base a sus prejuicios y no a las pruebas, generaría un mayor caos en el sistema de justicia. ¿Cuál sería, entonces, la diferencia entre la participación de ciudadanos con los jueces de los cuales también podrían decidir en base a sus propios prejuicios? En procurar de que estos últimos, pese a sus propias idiosincrasias que traen del lugar que se desarrollaron, prefieran escoger la justicia, pese a que, con ello, vayan contra sus propias creencias.
No crean que preguntando en el examen si el postulante consumió alguna vez droga o si tuvo ideas de suicidarse, vayan a encontrar al mejor magistrado. Si alguna vez consumieron marihuana en la universidad, jamás lo dirán; y, si lo dicen, no por ello deberían ser desaprobados. Cuando un magistrado es llevado a un procedimiento administrativo por una queja interpuesta y no es hallado responsable, no debería ser interrogado por dicha queja nuevamente en una entrevista de ratificación; inclusive, las ratificaciones siempre fueron evaluaciones subjetivas y hasta antojadizas de los evaluadores y no dan cuenta de lo que verdaderamente es, que si un magistrado no es ratificado, pese a la sanción pública que la institución le hace pasar, nadie refiera sobre la sanción que debería existir para los consejeros que lo nombraron como tal, quienes no advirtieron su error con anticipación; porque si fuese así, todos serían ratificados.
La idea del presidente del Poder Judicial según la cual los servidores públicos deben ser promovidos a jueces no debe ser un requisito primordial, pues ello no garantiza una justicia eficiente. He trabajado siete años como servidor público y eso no me hace merecedor inmediato a ser un magistrado. No existe ninguna investigación seria que respalde tal argumentación. Más aún, si se sabe que un gran porcentaje de estas personas buscan laborar con la plantilla que el magistrado saliente dejó. Muchos postulantes buscan en su nombramiento el confort de su economía. No he obtenido diversas respuestas entre muchas que hago a magistrados en ejercicio, respecto de que la búsqueda de sus designaciones son para obtener una estabilidad económica como primer objetivo y, quizás, aplicar el Derecho correctamente, como una circunstancia accesoria. La frase de “darle a cada uno lo que le corresponde” no necesariamente forma parte de sus deseos o aspiraciones. Es verdad que todo profesional busca, luego de un camino de aprendizaje y constante inversión en estudios, tener un sueldo confortable, pero a la vez, no debería ser el objetivo, sobre el cual, consideren la carrera de la magistratura como una opción rentable para sus propios intereses, sino para el servicio de la sociedad.
Si se entendiera que ser juez o fiscal es precisamente ello, se darían cuenta de que ningún cargo, función o trabajo que sea al servicio de la sociedad es, en sí mismo, económicamente rentable. Cuando se encuadre la designación de jueces y fiscales dentro de ese rubro, como muchas otras carreras universitarias, donde tu familia te dice, que para qué quieres estudiar eso, porque te vas a morir de hambre, pero aun así lo haces porque consideras que aportas a la sociedad y porque en realidad te gusta, estaremos reduciendo considerablemente la designación de personas oportunistas que solo buscan servirse del Estado.
Es más, considero que estas personas sobre las cuales ingresaron emocionadamente a la administración de justicia porque consideraban que podían realizar un real cambio al sistema, dejamos que se desilusione con los años y se convierta en un persona mecanizada adsorbido por la burocracia. En el caso de los magistrados, dicha designación debería de ser uno de los últimos caminos de su profesión y no el inicio. Primero debe ver un poco el mundo que los rodea. Haber sufrido como usuario, como abogado litigante, como víctima. Realizar colas en el Poder Judicial para dar lectura a su expediente. Haber esperado horas para que recién se instale su audiencia. Soportar ciertos modales de algunos efectivos policiales en las Comisarías. Debió haber servido a la sociedad, de cualquier manera o circunstancia, en programas sociales. Desprenderte de su propio patrimonio, de su tiempo, de su vida, para los demás, sin importar condición. Todo ello podría reflejar una mejor persona del cual debería estar frente a un cargo tan importante como el ser magistrado.
Pese a que los constantes cambios en los reglamentos del CNM en los últimos años, no pueda obtenerse un estudio de campo, es correcto y necesario que dicha persona haya obtenido ciertos estudios y especializaciones, pero además, tiene que ser una mejor persona, porque profesionales hay muchas, buenas personas hay pocas. De esas que van a preferir resolver más con justicia que con Derecho. Pero a su vez, debemos estar comprometidos que estas personas no se queden permanentemente en el cargo. Que como cualquier funcionario público, debe de tener un tiempo límite para su función y no mantenerse por décadas hasta su cese. Así, el poder, no corrompería sus mentes. Se acabarían las ratificaciones y serías pocos los llamados a desear ser magistrados. Esos pocos, son los que ahora necesitamos.
