Jurisprudencia relevante y actual sobre el delito de tráfico ilícito de drogas

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La sección II del capítulo III referido a los delitos contra la salud pública, de la parte especial del Código Penal, regula las diversas modalidades del tráfico ilícito de drogas (artículos 296 al 303). A continuación reproducimos el tipo base.

Artículo 296.- Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas

El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) , 2) y 4).

El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa.

El que introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o transporte materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas, para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en la maceración o en cualquiera de sus etapas de procesamiento, y/o promueva, facilite o financie dichos actos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa.

El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa.

Para determinar el bien jurídico en estos tipos penales debemos analizar el concepto de la salud pública en el sentido de afectación de la salud individual por el consumo de estas drogas, que en su mayoría producen alteración y rasgos agresivos (Muñoz, 2004). Frente al concepto de salud individual, la noción de salud pública subraya la dimensión social del bien jurídico protegido en estos tipos, que va más allá de la mera suma de saludes individuales y se configura como un conjunto de condiciones positivas y negativas que posibilitan el bienestar de las personas.

Se debe de entender por droga, según la OMS, la sustancia, natural o sintética, cuyo consumo repetido, en dosis diversas, provoca en las personas:

  1. El deseo abrumador o necesidad de continuar consumiéndola (dependencia psíquica), 2. La tendencia de aumentar la dosis (tolerancia) y
  2. La dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia, que hace verdaderamente necesario su uso prolongado para evitar el síndrome de abstinencia.

El mismo concepto es aplicable los estupefacientes y sustancias psicotrópicas y que solo difieren en cuanto a la forma en que actúan.

En relación con las conductas típicas, el centro de gravedad recae en que los «actos de elaboración o tráfico», «promuevan, favorezcan o facilitan el consumo ilegal» es decir, a la penalización de todo comportamiento que suponga una contribución a su consumo.

Sin embargo, está excluida la tenencia para el consumo, en palabras del maestro Muñoz Conde, es difícil saber cuándo la tenencia es para el consumo propio y cuándo para el tráfico, sobre todo si se tiene en cuenta que el consumidor es muchas veces pequeño traficante, porque solo así puede obtener la droga que necesita.

Cabe señalar que la jurisprudencia ha desarrollado criterios interpretativos sobre los delitos de tráfico ilícito de drogas, a fin de darle coherencia al sistema de administración de justicia. A continuación hemos reunido y sistematizado los fallos más importantes que se emitieron en los últimos años.


• Variación de calificación de coautor a autor no lesiona principio acusatorio

Ser condenado como autor cuando fiscalía formuló acusación por coautoría no lesiona principio acusatorio [Casación 59-2016, San Martín]

 Sumilla: i) No existe diferencia alguna en cuanto al tratamiento punitivo de la autoría y coautoría; que el principio acusatorio en nada se ve lesionado si el órgano jurisdiccional califica indistintamente la intervención delictiva de los imputados: no existe vicio de incongruencia jurídica, ni siquiera se modifica, en lo esencial, la ejecución material del hecho típico conforme a lo propuesto en el factum acusatorio. ii) Desde la perspectiva procesal, distinta del enfoque penal material, basta que de la prueba actuada fluya la intervención de una tercera persona para que el órgano jurisdiccional de mérito pueda aplicar esa circunstancia agravante específica para el delito de tráfico ilícito de drogas.

• Criterios para aplicar medida de seguridad de internamiento en un inimputable

Criterios para la aplicación de la medida de seguridad de internación (jurisprudencia vinculante) [R.N. 104-2005, Ayacucho]

Extracto: Tratándose de una sanción la medida de internación sólo puede ser impuesta en la sentencia y luego de que en juicio se haya acreditado la realización del delito por el inimputable y su estado de peligrosidad.

• Inexistencia del vínculo jurídico entre la acción y el resultado por ser destinatario de un envío postal de droga

La sola condición de destinatario de un envío postal conteniendo droga es insuficiente para condenar [R.N. 3958-2010, Lima Norte]

Fundamento destacado.- Cuarto: Que se debe tener en cuenta que para la configuración de un ilícito penal es necesario comprobar la relación existente entre la conducta y el resultado típico, es decir, que exista una relación suficiente entre ambos, además constatada la relación de causalidad entre la acción y el resultado típico, el segundo paso, consistirá en la imputación del resultado a dicha acción. Como vemos, el primer paso consiste en una comprobación, donde se verificará, desde un punto de vista natural, la relación de causalidad; el segundo paso será la comprobación de un vínculo jurídico entre la acción y el resultado, este segundo aspecto no es más que el juicio normativo de la imputación objetiva, por lo que en el presente se hace necesario establecer si el inculpado con su comportamiento generó un riesgo jurídicamente desaprobado y si ese resultado es producto de ello.

• Presencia en lugar de los hechos no genera prueba de cargo suficiente

Presencia en lugar de los hechos no basta para fundamentar responsabilidad penal [R.N. 3634-2011, Callao]

Fundamento destacado.- 4.13. En suma, aun cuando la encausada tiene la calidad de rea ausente, en autos no existen suficientes elementos de prueba en su contra que acrediten su responsabilidad penal; en todo caso surge al respecto duda razonable que le favorece, en atención al principio universal “in dubio pro reo”, consagrado en el inciso undécimo del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, por o que es del caso absolverla en aplicación del artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales.

• Determinación judicial de penas principales conjuntas

Determinación judicial de penas principales conjuntas (precedente vinculante) [R.N. 3864-2013, Junín]

Sumilla: En delitos sancionados con penas conjuntas, la concurrencia de reglas de bonificación procesal, como la conclusión anticipada de la audiencia, debe proyectar sus efectos de reducción de la pena, con igual eficacia porcentual sobre todas las penas aplicables. Sentencia Vinculante, de conformidad con el inciso 1, del artículo 301-A, del Código de Procedimientos Penales.

• Absolución por insuficiencia probatoria

Absolución por insuficiencia probatoria [R.N. 3596-2014, San Martín]

Sumilla: No existen en autos medios probatorios que desvirtúen válidamente la presunción de inocencia que asiste al procesado.

fundamento destacado.- Tercero: El juez no es testigo directo de los hechos. Sólo a través de la prueba válidamente actuada puede tomar conocimiento de lo sucedido y generarse convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, la que debe ser construida por una actuación probatoria suficiente, sin la cual no es posible revertir la inicial presunción de inocencia que favorece a todo ciudadano, conforme con la garantía prevista por el parágrafo e, del inciso 24, del artículo 2, de la Constitución Política del Estado.

• Presencia de pareja en lugar de los hecho no convierte coautora o cómplice

Presencia de pareja sentimental del imputado en lugar de los hechos no la convierte en coautora o cómplice del delito de tráfico ilícito de drogas [R.N. 261-2015, Lima Norte]

Sumilla: Presunción de Inocencia. i] En el presente caso, estamos ante una orfandad de prueba idónea, pertinente y conducente para condenar a la acusada; ii] Nadie vincula a la procesada con el delito incriminado, quien por lo demás carece de antecedentes; iii] Por lo tanto, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara a la acusada [artículo 2, numeral 24), literal “e”, de la Constitución Política del Estado], lo que se constata es una insuficiencia de prueba de cargo, que no permite crear convicción de culpabilidad. Por ende, no encontrándose acreditada su responsabilidad penal por el delito incriminado, es razonable ratificar la sentencia absolutoria dictada a su favor. En esas circunstancias, el recurso de la Parte Civil no debe ampararse.

• Valor probatorio de los informes de inteligencia

Tráfico ilícito de drogas: valor probatorio de los informes de inteligencia [R.N. 1006-2015, Lima]

Sumilla: Delito de tráfico ilícito de drogas: valor probatorio de los informes de inteligencia.- Los actos de inteligencia que realiza la Policía Nacional son actos investigativos preprocesales, materializados en documentos donde los agentes declaran haber visto a cierta persona en determinado lugar y hora, como tal, pueden ingresar al proceso mediante la declaración del citado órgano de prueba, o en su defecto podrán ser ofrecidos por el fiscal para su lectura y debate en la etapa procesal pertinente, sin perjuicio de su confrontación en el respectivo interrogatorio de los involucrados.

• Presupuestos de desvinculación jurídica

Presupuestos de la desvinculación jurídica (tráfico ilícito de drogas) [R.N. 1165-2015, Lima]

Sumilla.- 1. El primer párrafo del artículo doscientos noventa y seis, del Código Penal queda consumado cuando se llevan o cabo comportamientos como el de favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas, sean estos mediante actos de fabricación o tráfico, donde no se requiere que la droga elaborada sea adquirida por los consumidores o que la sustancia prohibida sea puesta en el mercado, pues el destino de la droga es una finalidad ulterior del agente, que no tiene que agotarse para objeto de la realización típica.

Se diría entonces, que la mero tenencia resulta siendo penalizada, pero si la posesión toma lugar con fines de tráfico, la conducta ha de ajustarse en la modalidad siguiente –segundo párrafo del artículo doscientos noventa y seis, del Código Penal–, toda vez que para su consumación se requiere que el agente materialice la posesión de la droga y que esta posesión debe estar orientada a un acto posterior de tráfico ilegal, consolidándose que la droga va o ser objeto de circulación, de comercialización, venta, etc., que ya cuenta con un destino predeterminado.

2. El juicio de desvinculación es constitucionalmente aceptable, siempre y cuando: a. El delito materia de condena pertenezca a la misma familia delictiva (tipo penal homogéneo): y b. La distinta tipificación no impida el eficaz ejercicio de lo defensa del imputado, esto es, que la defensa haya contemplado en su estrategia defensiva esa posibilidad o que, en todo caso, no se trate de un fallo sorpresivo.

• Condición de conviviente o conocimiento de la actividad delictiva no convierte en coautor o participe del delito

Condición de conviviente de una persona no la hace partícipe del delito y el mero conocimiento de la actividad delictiva de su coimputado no lo convierte en coautor o cómplice [R.N. 824-2016, Callao]

Sumilla: Ante las actas de registro personal y domiciliario, la pericia química, con una tenencia de arma de fuego resulta probada la autoría del encausado quien sería el titular de lo incautado. II. el hecho de ser conviviente y que en el hogar en común se encuentre droga no importa una tenencia compartida de droga con fines delictivos y de que el equipo incautado era para que ambos lo utilicen en la preparación y/o acondicionamiento de droga. Esa lógica común no tiene punto de referencia probatorio. Nadie vincula a la referida recurrente, quien por lo demás carece de antecedentes por lo cual se le deberá absolver a la encausada.

• Incremento de pena fijada se justifica si tribunal de instancia no motivó válidamente bonificación procesal

Incremento de pena fijada se justifica si tribunal de instancia no motivó válidamente rebaja por debajo del mínimo legal [R.N. 905-2016, Lima]

Sumilla: Incremento de la pena. – El incremento de la pena fijada contra el procesado se justifica si el Tribunal de Instancia no motivó válidamente su rebaja por debajo del mínimo legal, al comprobarse que no concurre la regla de reducción punitiva por bonificación procesal relativa a la confesión sincera, ya que la aceptación de cargos que formuló no fue completa, veraz, persistente y oportuna.

• La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho

Poca cantidad de droga incautada es determinante para reducir la pena hasta una de naturaleza condicional [R.N. 1099-2016, Lima]

Sumilla: La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La poca cantidad de droga incautada y la pretensión punitiva del Ministerio Público en su máxima jerarquía, permiten reducir la pena impugnada hasta una de naturaleza condicional.

• Juzgado puede recurrir a declaraciones previas, no está vinculado a las del juicio oral

Juzgado puede recurrir a declaraciones previas, no está vinculado a las del juicio oral [R.N. 1180-2016, Lima]

Sumilla: i) El Tribunal de juzgamiento no se halla  vinculado a las declaraciones vertidas en juicio oral, toda vez que puede recurrir a las declaraciones previas que los sujetos procesales brindaron en las etapas previas del proceso penal, esta facultad se ejercerá bajo los estándares de debido proceso fijados por este Supremo Tribunal en ejecutoria vinculante, ii) Es obligación de los jueces, por cuanto constituye parte fundamental de la motivación, la evaluación y pronunciamiento sobre la vigencia de la ley penal en el tiempo, toda vez que se debe garantizar al procesado el conocimiento de la norma que se aplica en su encausamiento cuando esta hubiera sido modificada, iii) La desvinculación del planteamiento fiscal se halla sometido al procedimiento establecido en el artículo doscientos ochenta y cinco guión A, y conforme al Acuerdo Plenario Nº 4-2007/CJ-116.

• Prueba ilícita por allanamiento ilegal

Droga hallada en inmueble vía allanamiento ilegal es prueba ilícita [R. N. 2900-2016, Lima]

Sumilla: Criterio de favorabilidad y efecto extensivo: Esta Sala Suprema, en la ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Nulidad 1344- 2016/LIMA, de fecha 01 de agosto de 2017, resolvió la situación jurídica de los coimputados Gabriela de la Cruz Salazar y Yoel Jahines Alania Huaricapcha, llegando absolverlos de los cargos imputados, al determinar que la prueba incluida en el proceso era prueba ilícita; por lo que, los fundamentos desarrollados y la conclusión arribada en la referida ejecutoria son extensivos para el recurrente por criterio de favorabilidad y efecto extensivo.

• Prueba indiciaria en el delito de conspiración al TID

Prueba indiciaria en el delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas [R.N. 29-2017, Lima]

Sumilla: i) Lavado de Activos.- La imputación exige que el Fiscal justifique tanto la tipicidad objetiva y subjetiva, esta última vinculada con la modalidad imputada; ii) Conspiración al tráfico ilícito de drogas.- La prueba indiciaría se debe enfocar en determinar los antecedentes de la conducta de la persona, así como la justificación que brinda cuando el imputado es hallado con los elementos necesarios para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas; iii) La configuración del delito de conspiración ya tiene prevista la concurrencia de dos o más personas, razón por la que resulta inaplicable la agravante prevista en el inciso 6 del artículo 297.

• Indicios de pertenencia a una red de traficantes de droga, fundamenta el delito de conspiración al TID

Investigados que transportaban yeso son condenados por conspiración al tráfico de drogas

Esta es la sentencia del caso denominado «Yeso», debido a que en agosto de 2014 el entonces ministro del Interior, Daniel Urresti, salió en conferencia de prensa anunciando a la opinión pública un importante golpe al narcotráfico. Empero, al realizarse el peritaje, se demostraría que el material incautado se trataba de yeso.

Las personas implicadas fueron procesadas por el delito de conspiración al tráfico de drogas, y esta es la sentencia que los condena 8 años de pena privativa de libertad, ya que, pese a que no se encontró droga, sí hallaron indicios que demostraría que los imputados pertenecían a una red que traficantes, que era dirigida desde la cárcel.

22 Feb de 2018 @ 19:28