Jueces rechazan ratificación cada 7 años y cualquier forma de control externo

Del 22 al 24 de noviembre, Lima fue sede del XI Congreso Nacional de Jueces, que congregó a más de 200 magistrados de los 34 distritos judiciales del Perú. Este gran cenáculo judicial, en el que también intervinieron altos funcionarios de otras entidades, juristas de nota y representantes de la sociedad civil, trataron dos temas acuciantes: lucha contra la corrupción y violencia contra la mujer.

A continuación compartimos, las conclusiones a las que arribaron.


DECLARACIÓN DE LIMA

1. CONGREGADOS: el presidente del Poder Judicial, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Ejecutivo, Presidentes de Corte Superior, jueces superiores, especializados, mixtos y de paz letrado, además de funcionarios y trabajadores jurisdiccionales de los distritos judiciales de la República, en la ciudad de Lima, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2018, y de acuerdo con lo dispuesto por las resoluciones administrativas N° 112-2018-PCE-PJ, N° 132-2018-P-CE-PJ, N° 180-2018-P-PJ y N° 292-2018-P-PJ, hemos CELEBRADO el XI Congreso Nacional de Jueces.

2. INSPIRADOS por nuestro deber y nuestra vocación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas que habitan o transitan por el territorio de la República del Perú, a través de la resolución de conflictos surgidos en la sociedad y el cabal ejercicio de la función jurisdiccional.

3. AFIRMAMOS, en absoluta concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos y de lucha contra la corrupción ratificados por el Estado Peruano, la Constitución Política del Perú, así como la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, nuestra indeclinable voluntad política por prevenir y enfrentar la corrupción en todas sus manifestaciones, entidades y estamentos del Estado y la sociedad peruana, en pos de generar transformaciones y modificaciones de cultura institucional y organizacional. Actos de corrupción que hayan cometido algunos jueces, no compromete la dignidad y el honor de más de 4,000 jueces del Perú, que si trabajan inspirados en valores éticos y morales, actuando con sujeción a la Constitución y la Ley.

4. CONSCIENTES de que tal labor concierne al Estado en su conjunto y a toda la ciudadanía, así como de que todos los actos de corrupción generan violaciones directas e indirectas de derechos humanos, y minan profundamente al sistema democrático y sus instituciones, los integrantes del Poder Judicial ASEGURAMOS el cumplimiento de las medidas contempladas en el «Plan de cambios urgentes», emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 26 de julio de 2018.

5. EXPRESAMOS que los jueces del Perú no estamos en contra de ser evaluados de modo permanente; sin embargo RECHAZAMOS los procesos de 2 ratificación cada 7 años y de evaluación parcial de desempeño cada 3 años y medio que se pretende imponer con motivo de la reforma constitucional en marcha. Estos procesos ponen en grave riesgo la independencia del juez y el principio de separación de poderes, motivo por el cual evitarlos constituye la razón de una histórica lucha de la magistratura. Hacemos notar que nuestra defensa por mantener incólumes tales principios obedece esencialmente a asegurar el derecho de todo ciudadano a contar con una justicia libre de toda injerencia o intromisión interna o externa, sea cual fuere su naturaleza. Siendo ello así, SOLICITAMOS al Presidente del Poder Judicial efectué las gestiones que sean necesarias para difundir el presente acuerdo y la posición institucional de los jueces del Perú en busca de no aprobar dicha reforma constitucional en los términos propuestos.

6. En un marco de respeto por el principio de independencia judicial e íntegra observancia de los derechos a las garantías judiciales, al debido proceso, a un recurso efectivo, y a la igualdad y no discriminación —afectado por las acciones corruptas—, GARANTIZAMOS continuar desplegando nuestros esfuerzos por fortalecer el sistema de control de la magistratura, el mismo que debe continuar siendo liderado por un Juez. En tal sentido RECHAZAMOS las diferentes propuestas que pretenden imponer un modelo de control externo al Poder Judicial, hecho que de concretarse vulneraría la autonomía e independencia del Poder Judicial.

7. APOYAMOS la propuesta de creación de la Escuela Judicial de Jueces en el Perú que permita reclutar los mejores profesionales a través de procedimientos rigurosos de orden académico y promueva la formación especializada y ética de aquellos que ocuparán por estricto orden de méritos los cargos judiciales, fortaleciendo de esa manera una verdadera carrera judicial.

8. AFIRMAMOS que la lucha contra la violencia hacia la mujer y otros integrantes del grupo familiar es una prioridad del Poder Judicial, en plena consonancia con los instrumentos internacionales de protección de la mujer, de niños, niñas y adolescentes, derechos humanos en general, así como las «100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad», la «Carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio judicial iberoamericano», y la «Carta de derechos de las personas ante el Poder Judicial peruano».

9. REIVINDICAMOS la necesidad de activar un observatorio judicial potenciado que registre y monitoree casos emblemáticos de violencia familiar, y contra la mujer, e información clave dentro de ellos, de forma que sea una fuente clave para la formulación de políticas públicas judiciales. Para lograrlo, REMARCAMOS la trascendencia de incrementar significativamente la celeridad judicial, a través del uso de sistemas de información e informáticos, con el objetivo de brindar operatividad y eficiencia a la Ley N° 30364 en el Poder Judicial. 3

10. En tal sentido, SABEMOS que es impostergable seguir reestructurando los procesos judiciales sobre violencia familiar, así como continuar incorporando una activa participación interinstitucional que provea de respuestas sistémicas y medidas de protección eficaces para las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.

11. Es menester CONSOLIDAR un nuevo orden jurisdiccional para atender la violencia doméstica y familiar, así como ACTUALIZARLO de manera permanente, en tal sentido SOLICITAMOS al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de un lado, realizar las acciones necesarias que permitan incrementar el número de órganos jurisdiccionales especializados; y de otro lado, implementar un plan agresivo e inmediato de capacitación judicial en esta importante materia en favor de Jueces y de servidores judiciales.

12. De otro lado, MANIFESTAMOS nuestra certeza respecto de que una idónea gestión institucional, expresada en la eficiente y acertada ejecución del presupuesto público, influirá decididamente en una mejor función jurisdiccional, y así, en más respeto y protección de derechos para la ciudadanía. Por ello, debemos CONTINUAR produciendo resultados que justifiquen la demanda por incremento en el Presupuesto de la República, hasta que alcance el 4% del total.

13. ANUNCIAMOS la próxima conclusión y puesta en práctica de un plan de mediano plazo, así como de un plan estratégico quinquenal destinado a establecer un cambio en la gestión administrativa y jurisdiccional que asegure su rol de garante de los derechos de las personas.

14. ESTIMAMOS fundamental impulsar la continuidad en la creación y el fortalecimiento de órganos jurisdiccionales orientados a conocer procesos de extinción de dominio. Lo CONSIDERAMOS clave en el cometido de luchar contra la criminalidad organizada.

15. RECONOCEMOS el esfuerzo constante y denodado de los órganos de gobierno y de gestión del Poder Judicial, así como la voluntad de apoyo del Poder Ejecutivo, al haberse concretado la nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo de nuestra institución, conforme al Decreto Supremo N° 264-2018-EF. Anhelo esperado por el trabajador judicial.

16. EXPRESAMOS que el sometimiento de todo ciudadano a un proceso judicial se efectúa en condiciones de igualdad dentro del marco de la Constitución y la Ley. De allí que todos los esfuerzos del Estado y de la ciudadanía en general deben estar orientados a preservar y garantizar la independencia del juez, en aras de mantener y fortalecer el Estado de Derecho y el Sistema Democrático.

Lima, 24 de noviembre de 2018