Giulliana Loza solicita a la CIDH medida cautelar por vulneración al derecho de defensa

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, extendió la investigación que sigue contra Keiko Fujimori a seis abogados, entre los que se encuentra Giulliana Loza, su defensora legal, y otros colegas del estudio Oré Guardia. Lea también: Keiko Fujimori: «Que me quieran dejar sin defensa legal es algo cruel y perverso» Loza Ávalos declaró que esta medida fiscal es descabellada y que la verdadera finalidad es aparatarla de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, a fin de dejarla en estado de indefensión, a pocas horas de realizarse la audiencia de apelación a la prisión preventiva ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho. Lea también: Estudio Oré Guardia: «Imputación contra nuestros abogados es jurídicamente insostenible» También en ese sentido, señaló que los presuntos falsos aportantes que señalan que ella y otros abogados, los habrían convencido de decir que eran donantes, cuando en realidad no lo eran, estaban mintiendo. “En primer lugar, son testigos anónimos. Segundo, mienten. Tercero, son testigos que no han sido corroborados. Si algo viene sucediendo aquí, incluso con la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y la detención preliminar contra Pier Figari y Ana Herz es que se está creyendo a ciegas a testigos protegidos“, señaló bastante airada la letrada en una entrevista radial. Pero la historia no queda allí, la abogada defensora ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por grave vulneración del derecho de defensa y del derecho al debido proceso.

“Estamos solicitando a la CIDH Medidas Cautelares URGENTES para salvaguardar el Derecho de defensa y el Debido Proceso”, fue lo que agregó la abogada de Keiko, pese a que se han cumplido los plazos y trámites con respecto a los recursos presentados.

Asimismo, Giulliana Loza destacó también en su publicación que existe “gravedad en las afectaciones en el proceso penal” contra su patrocinada. Cabe precisar, sin embargo, que el hecho de que se la incluy a en las pesquisas se da por una presunta obstaculización a la justicia, como lo señaló el TP N°10 al indicar que se exhortaba a cambiar las versiones ante la Fiscalía. En el documento está remitido a Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión, se indica que exhorte al Estado peruano que “adopte de manera inmediata medidas cautelares a mi favor y a favor de la señora Keiko Sofía Fujimori HIguchi. Además, esta medida legal llega un día antes de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones revise el recurso presentado por la encarcelada por 36 meses de forma preventiva por el Caso Cócteles y encabezar una presunta organización criminal al interior de Fuerza 2011, actual Fuerza Popular.