Extradición y debido proceso, por Edhin Campos Barranzuela

Desde que se conoció el inicio del proceso de extradición en contra del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y del expresidente Alejandro Toledo Manrique, la institución jurídico-procesal de la extradición ha causado un inusitado interés público, por lo que es necesario dar a conocer algunos alcances.

Voces autorizadas se vienen pronunciando sobre esta institución de cooperación internacional y sostienen que se trata de un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de otro, para que sea enjuiciado o cumpla con una condena señalada, según haya sido su situación la de procesado o condenado en la comunidad política de destino[1].

De la misma forma, se han pronunciado diversos juristas sobre la necesidad de reformar los plazos procesales y hacerlos más cortos, para solicitar la extradición de diferentes personas procesadas y condenadas por la comisión de graves delitos y que se encuentran fuera del país, prófugas de la justicia peruana.

Por lo pronto, el Dr. Víctor Prado Saldarriaga, en su oportunidad, ha manifestado la necesidad de superar las brechas, errores y deficiencias que tiene la cooperación  internacional, cuando se trata de enfrentar, procesar y sancionar a quienes hayan cometido actos de corrupción, especialmente cuando se trata de personas del poder político y económico.

América Latina y el mundo son testigos del rebrote de la criminalidad organizada, en diferentes modalidades, pues aún existen privilegios procesales como el antejuicio y la inmunidad que son aprovechados por ciertos “personajes“ para evitar la acción de la justicia y así crear impunidad en el país.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional la extradición debe ser entendida como un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido para que entregue a un individuo que se encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o condenado por un delito común, por otro Estado requiriente o solicitante; todo esto en virtud de un tratado, o a falta de este, por aplicación del principio de reciprocidad, para que sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se enjuicie penalmente o para que cumpla y se ejecute la pena impuesta, si se hubiere producido previamente el proceso penal correspondiente[2].

De la misma forma el Dr. Luis Bramont Arias[3], reseña hasta cuatro elementos de la extradición:

  • La presencia inescindible de una relación, entre dos Estados. En dicha relación un Estado aparece como solicitante del pedido de extradición, en tanto que el otro, emerge como recepcionante del pedido.
  • La solicitud o requerimiento de extradición debe reunir ciertas formalidades legales.
  • El individuo sujeto a un pedido de extradición, debe tener necesariamente la condición de procesado o condenado por el delito que se le imputa.
  • El delito imputado, debe pertenecer a la categoría de los delitos denominados comunes.

Por tal razón, el propio Código Procesal Penal, como instrumento jurídico procesal, para combatir la delincuencia en sus diferentes modalidades, ha creado la institución de cooperación judicial internacional, la extradición, con la finalidad de perseguir en todo el mundo a los transgresores de sus normas y ponerlos a buen recaudo, respetando la tutela jurisdiccional efectiva, el irrestricto derecho de a la defensa, el plazo razonable, la independencia judicial y la garantía constitucional del debido proceso.

La jurisprudencia constitucional, precisa que la extradición es un instituto procesal que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de otro, para que sea enjuiciado o cumpla con una condena señalada, según haya sido su situación de procesado o condenado en la comunidad política de destino.

La extradición, es un mecanismo de cooperación judicial internacional, en virtud del cual, mediante un pedido formal, un Estado obtiene de otro, la entrega de un procesado o condenado por un delito, para juzgarlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubiere impuesto.

Según diversos especialistas, la extradición en el Perú, se puede dividir en extradición activa y pasiva

  • Se dice que es activa, cuando el Estado peruano solicita de otro país, la entrega de un delincuente que se encuentre en dicho territorio.
  • La extradición pasiva, se produce cuando el Estado peruano recibe la petición de otro país, solicitando la entrega de un delincuente, que se encuentra en nuestro país.
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Por la comisión de un grave delito y sujeta a extradición, normalmente los órganos jurisdiccionales demoran más allá de los 12 meses, toda vez que las entidades para resolver esta solicitud son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y para ello tienen que formar un expediente, en donde se realiza con comparecencia restringida con regla de conducta, como es el caso del Dr. César Hinostroza Pariachi y el otro con detención con fines de extradición, como es el caso del expresidente Alejandro Toledo.

La solicitud de extradición debe contener los siguientes elementos de convicción: oficio de la Interpol informando a la autoridad judicial que el procesado ha sido ubicado; resolución de la autoridad judicial, aprobando el pedido de extradición activa y de la formación del cuaderno, atestado, policial y denuncia del Ministerio Público o formalización de la investigación preparatoria; mandato de ubicación y captura nacional e internacional; acusación fiscal; auto de enjuiciamiento y sentencia condenatoria en cuanto corresponda y pruebas de cargo y de descargo; resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema aprobando la extradición y oficio del presidente de la Corte Suprema cursado al ministro de Justicia.

De la misma forma, para que la extradición sea admisible se requiere que el Estado tenga jurisdicción y competencia para juzgar la conducta ilícita, que no haya transcurrido el término de la extradición, que el delito sea  sancionado con una pena superior a cuatro años de pena privativa de la libertad, que no se trate de faltas, pues quedan excluídos los perseguidos por cuestiones políticas

Como se podrá apreciar, el trámite es engorroso y actualmente tenemos pendiente varias extradiciones de personajes públicos, que se encuentran prófugos de la justicia. Aún no se logra extraditarlos para que se les pueda iniciar un juicio público, dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la defensa y las garantías constitucionales de un debido proceso.

Es por ello que diferentes voces autorizadas vienen solicitando que se realice una reforma a los plazos de la extradición para que sean más breves y así evitar la impunidad de imputados que se protegen refugiándose en el extranjero. Se corre traslado.


[1] Exp. 3966-2004/HC/TC, recaído en el caso Benavides Morales y resuelto por el Tribunal Constitucional, a quién se solicitaba la no extradición a Alemania.

[2] Pacheco Rojas, Diana Liseth. Extradición: concepto, características, clases. Exp. 392004/HC/TC. Legis.pe, publicado el 19 de julio del 2019.

[3] Bramont Arias, Luis. Derecho Penal. Parte General. Tomo 01, Lima. Ed. Vilock, 1972, páginas 195-196. Lima-Perú.