Estructura típica del cohecho pasivo específico. El caso de un fiscal que pidió dinero para favorecer a investigado [R.N. 5-2017, Huánuco]

Fundamentos destacados: 7.1. Respecto al bien jurídico tutelado, como el tipo penal es un delito especial propio y de infracción del deber, el funcionario público por el estatus que ostenta, tiene el “deber especial positivo” de actuar con imparcialidad, rectitud, transparencia y objetividad. En el caso que nos ocupa, su actuación, bajo estos principios, debe darse durante las diligencias preliminares, en la investigación preparatoria en las demás fases del proceso penal, y en todo acto en que intervenga por razón del cargo, en casos sometidos a su conocimiento o competencia.

7.2. En cuanto a la imputación objetiva, dentro de la estructura de este tipo penal, se aprecian, entre otros elementos normativos, los siguientes: Sujeto activo y autoría. Se exige al sujeto activo una cualidad especial, el autor no puede ser cualquier persona sino aquellos que ostentan el cargo público y cumplen el rol funcional específico. En este caso, se trata de fiscales de todas las instancias que intervienen en la decisión de las investigaciones fiscales y participan en los procesos judiciales.

“Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, donativo y/o cualquier otra ventaja”. El tipo penal exige que el agente público ‘‘solicite” al abogado o parte procesal o a sus familiares de forma directa o indirecta, terceros, intermediarios, etc., los medios corruptores de donativo y/o cualquier otra ventaja como dinero, bienes, alhajas, favores sexuales. Pero también se exige un vínculo normativo, que está dirigido a influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento y competencia fiscal.

En la modalidad de “recibir” se exigen los mismos presupuestos, pero no se establece la recepción de modo indirecto. 

[…]


Sumllla. Cohecho pasivo específico. Este delito para su configuración requiere que el agente público “solicite” al abogado o parte procesal o a sus familiares de forma directa o indirecta, terceros, intermediarios etc., los medios corruptores de donativo y/o cualquier otra ventaja como dinero, bienes, alhajas, favores sexuales. También se exige un vínculo normativo, que está dirigido a que influya en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento y competencia fiscal. En la modalidad de “recibir” se exigen los mismos presupuestos, pero no se establece la recepción de modo indirecto.

En el presente caso, este Supremo Tribunal considera acreditado con la prueba personal y documental actuada en juicio, el primer hecho referido a la solicitud formulada por un fiscal provincial a la esposa de un detenido para que le entregue dinero a cambio de que este obtenga su libertad; así como el segundo hecho, respecto a la solicitud y entrega de dinero para la devolución de documentos y llave de contacto del vehículo en el que se intervino al detenido. Por tanto se enervó la presunción de inocencia del fiscal sentenciado.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE APELACIÓN N.° 5-2017, HUÁNUCO

SENTENCIA DE APELACIÓN

Lima, nueve de mayo de dos mil diecinueve.-

VISTO: en audiencia pública el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Juan Carlos Ticona Castro contra la sentencia de primera instancia del treinta de diciembre de dos mil dieciséis (foja 293, Cuaderno de Debates), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que lo condenó como autor del delito de cohecho pasivo específico, en perjuicio del Estado, a doce años y ocho meses de pena privativa de libertad, cinco años de inhabilitación (de conformidad con los incisos 1 y 2, artículo 36, del Código Penal), así como al pago de treinta mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado; con lo demás que ailrespecto contiene.

Intervino como ponente la jueza suprema Castañeda Otsu.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. El fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Huánuco, el tres de diciembre de dos mil quince, emitió la Disposición N.° 1-2015, mediante la cual formalizó la investigación preparatoria contra el fiscal adjunto de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa de Huánuco, Juan Carlos Ticona Castro, por el delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Mediante Disposición N.° 4-2016, del cuatro de enero de dos mil dieciséis, amplió la formalización de la investigación preparatoria contra Juan Carlos Alberto Rivera Berrospi, como cómplice primario del mencionado delito (foja 40, cuaderno de la formalización de investigación preparatoria).

Concluida la investigación preparatoria, el treinta de junio de dos mil dieciséis, formuló requerimiento acusatorio contra ambos, el mismo que dio lugar a la emisión del auto de enjuiciamiento del veintitrés de Setiembre de dos mil dieciséis (fojas 213 y 403, cuaderno de la formalización de la investigación preparatoria), por la jueza superior de investigación preparatoria Angélica Aquino Suarez.

El juicio oral se llevó a cabo por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco[1], la que emitió sentencia de primera instancia condenatoria contra el fiscal adjunto provincial de Huánuco, Ticona Castro.

Se precisa que antes del inicio del juicio oral, esta Sala revocó la Resolución N.° 11, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por el acusado Carlos Rivera Berrospi (foja 104 del Cuaderno de Debates), es por ello que el juicio oral solo comprendió a Ticona Castro.

SEGUNDO. La acusación del fiscal superior de la investigación preparatoria, ratificada por el fiscal superior en juicio oral comprendió dos hechos ocurridos en las siguientes fechas: el primero, los días siete y ocho de noviembre de dos mil quince; y, el segundo, el dos de diciembre del mismo año.

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PRIMER HECHO

Como hechos precedentes se señala que el seis de noviembre de dos mil quince, Winder Acosta Valdivia (el denunciante), cuando conducía su vehículo de placa de rodaje número W2M-314, desde la ciudad de Huánuco hacia Tingo María, sufrió un accidente de tránsito, por ello a las 00 horas, aproximadamente, del siete de noviembre de dos mil dieciséis, fue trasladado a las oficinas de Medicina Legal de la ciudad de Huánuco. En esas circunstancias, se hizo presente el fiscal de turno, Juan Carlos Ticona Castro, fiscal adjunto de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, quien le comunicó su detención. Ante esta situación, el denunciante llamó por teléfono a su esposa Mitolia Raymundo Cabrera, para comunicarle su ubicación. A su vez, los oficiales de la Policía Nacional del Perú, le comunicaron que debían trasladarlo al Hospital Herminio Valdizán, por lo que solicitó tiempo, por cuanto su esposa venía en camino, a lo que Ticona Castro se ofreció para conversar con ella.

Los hechos concomitantes comprenden, a partir del momento en que el denunciante se encontró con su esposa en el hospital mencionado, la misma que estuvo acompañada de su hijo Winder Amador Acosta Raymundo; y ambos le comunicaron que el fiscal Ticona Castro le dijo a la primera que la situación de su esposo era grave y que iba a quedar detenido, pero para solucionar y favorecerlo solicitó cuatro mil soles (S/ 4000,00). Por ello, su esposa le preguntó si tenía el dinero, a lo que el denunciante le respondió que no. Posteriormente, la PNP lo trasladó a la Clínica Huánuco, en cuyo lugar nuevamente su esposa e hijo le reiteraron que el fiscal volvió a solicitar dinero para “arreglar” su situación, de lo contrario lo iba mandar a la cárcel, al penal de Potracancha en Huánuco.

En ese ínterin, el fiscal Ticona Castro llevó a cabo las diligencias preliminares del Caso N.° 2006014506-2015-1076, seguido contra el denunciante, por la presunta comisión de los delitos de daños y lesiones culposas graves, en las que participó el defensor público Carlos Alberto Rivera Berrospi, quien fue llamado por el citado fiscal, para que participe como abogado del denunciado-detenido. El siete de noviembre de dos mil quince, el denunciante fue trasladado a la carcelera del Ministerio Público, ubicado en el jirón Dos de Mayo N.° 1155, y a las dieciocho horas, aproximadamente, de ese mismo día, su esposa Mitolia Raymundo Cabrera se acercó a dicha carceleta y le llevó alimentos. Los vigilantes le refirieron que no podía ingresar a menos que cuente con la autorización del fiscal responsable de la investigación. Por tal motivo, se apersonó a las oficinas el fiscal Ticona Castro, a fin de solicitar su autorización para visitar a su esposo y llevarle sus alimentos. Al entrevistarse con él, lo reconoció como el fiscal que el día anterior le solicitó el dinero, y quien esta vez le hizo leer los artículos del Código Penal que supuestamente su esposo había transgredido, y le manifestó que por tales motivos iría a la cárcel, oportunidad en que le volvió a solicitar dinero y autorizó que ingrese a ver a su esposo. Ante este pedido, ella respondió que no tenía la cantidad solicitada, por lo que el fiscal Ticona Castro le pidió tres mil soles, haciendo la precisión de que los dos mil soles podría dárselos durante el día, y los mil soles restantes, la semana entrante. Ante tal propuesta, ella le manifestó que debía conversar con su esposo, lo que fue aceptado por el fiscal, quien la citó para que se reúnan horas después.

En medio de estas tratativas, el abogado Rivera Berrospi, se entrevistó con el detenido Acosta Valdivia en la mencionada carceleta, y le manifestó que su situación era grave y lo mejor sería “arreglar”, en referencia al fiscal Ticona Castro.

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Respecto a los hechos posteriores, se consigna que se acordó que la entrega del dinero sería en la plaza de armas de Huánuco, por intermedio del abogado Rivera Berrospi, quien estaba al tanto de todo. Por este motivo, la esposa y familiares del denunciante, entre ellos, su tía Bernardina Valdivia Mallqui, hicieron una bolsa de dos mil soles y llamaron por teléfono al referido abogado para la entrega del dinero, conforme con las instrucciones brindadas por el fiscal. El citado abogado apareció en el lugar indicado y les dijo que el dinero lo entregasen conjuntamente con otros documentos que les había solicitado y como los familiares desconfiaron de él, solicitaron la presencia del fiscal, por lo que Rivera Berrospi lo llamó desde su teléfono celular, lo que motivó que Ticona Castro llegue al lugar conduciendo un vehículo color plomo oscuro. Los familiares del detenido se aceraron a él, quien dio las indicaciones para la entrega del dinero al referido abogado. Este lo recibió y luego abordó el vehículo del fiscal y se fueron juntos.

Se precisa que el pago de los dos mil soles fue por la libertad de Acosta Valdivia y que minutos después de la entrega del dinero, Rivera Berrospi llamó al celular de Bernardina Valdivia Mallqui, y le comunicó que su sobrino sería liberado y alguien debía esperarlo, procediendo los familiares a esperarlo en la puerta de la catedral; donde se reunieron con él.

SEGUNDO HECHO

Como hechos precedentes se consigna el pago de dos mil soles realizado por Mitolia Raymundo cabrera, a cambio de la liberación de su esposo, el detenido Acosta Valdivia. Además que a solicitud del fiscal Ticona Castro, ella se apersonó a su despacho para averiguar el estado de la -investigación y proceder a solicitar la devolución de los documentos de su esposo, consistentes en la licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad vehicular y la llave de contacto del vehículo de placa W2M-314, necesarios para desempeñar su trabajo.

Sobre los hechos concomitantes se imputa que el uno de diciembre de dos mil quince, en una de las oficinas del Ministerio Público, el fiscal Ticona Castro le solicitó dos mil soles para que disponga la devolución de los documentos mencionados. El mismo día, Mitolia Raymundo Cabrera retornó al despacho del fiscal, quien le refirió: “Haz juntado lo que te he pedido”, a lo que ella respondió que solo pudo juntar mil quinientos soles. Ante esta respuesta, Ticona Castro le respondió:”[…] mañana en la tarde, antes de las tres, me das los mil quinientos soles y el día jueves o viernes me entregas los quinientos soles y te entrego los documentos y la llave del carro de tu esposo”.

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Frente a tal situación, el dos de diciembre de dos mil quince, en horas de la tarde, en la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público (ODCI) se recibió la denuncia verbal de Mitolia Raymundo Cabrera y su esposo Acosta Valdivia, contra el fiscal Ticona Castro. Para el operativo respectivo, se fotocopió y detallaron los números de series identificatorios de los billetes, y se instaló a la denunciante un equipo multimedia de grabador de voz, para registrar la conversación del fiscal con ella en el momento que le entregue el dinero, como efectivamente ocurrió.

Según los hechos posteriores, luego de realizar la denuncia, Mitolia Raymundo Cabrera se apersonó al despacho del fiscal Ticona Castro y le entregó el dinero, quien lo guardó en su billetera. En estas circunstancias que fue intervenido en flagrancia delictiva por el fiscal superior Roberto Castillo Velarde, de la ODCI. Cuando se le solicitó al intervenido que ponga a disposición el dinero que traía consigo, refirió que el dinero era de su pertenencia, corroborándose en dicho acto que los billetes eran los 7 mismos que previamente se registró en la citada Oficina de Control.

En la acusación se sostiene que la solicitud de dinero ascendió a cuatro mil soles, y se efectivizó en dos oportunidades: la primera, por la suma de dos mil soles, para disponer la libertad de Acosta Valdivia; y, la segunda, por la misma suma a cargo de devolver los documentos, pero solo se entregó mil quinientos soles. A su criterio, se trata de una sola resolución criminal.

TERCERO. En la sentencia de primera instancia (foja 293, Cuaderno de Debates), los jueces de la Sala Penal Especial declararon probados los hechos antes detallados y la responsabilidad del fiscal Ticona Castro, con base en la prueba personal consistente en las declaraciones de Winder Acosta Valdivia, su esposa Mitolia Raymundo Cabrera, su tía Bernardina Valdivia Mallqui, las asistentes administrativas del Ministerio Público, Delcia Magariño Vásquez y Betty Yesenta Díaz Torato, y el fiscal Werner Hans Peña Vela.

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También con la prueba documental oralizada en juicio oral, consistente en: i) Acta de visualizadón e impresión de contenido del disco compacto, que registra la información remitida por la empresa Telefónica del Perú (foja 487), y da cuenta de las llamadas efectuadas el siete de noviembre de dos mil quince, entre Bernardina Valdivia Mallqui y el defensor público Rivera Berrospi para concretizar la entrega del dinero solicitado por el fiscal Ticona Castro; y del citado abogado con el fiscal[2]. ii) Acta de denuncia verbal (foja 450), en la cual los denunciantes Mitolia Raymundo Cabrera y Winder Acosta Valdivia pusieron en conocimiento a la ODCI, que el fiscal Ticona Castro solicitó dinero a la primera a cambio de favorecer a su esposo Wínder Acosta Valdivia, iii) Acta de registro personal e incautación de billetes (foja 454), con la que se acreditó que el dos de diciembre de dos mil quince se encontró en poder del fiscal Ticona Castro, el dinero que le fue entregado a Mitolia Raymundo Cabrera, el que previamente fue registrado por personal de la ODCI. iv) Acta de colocación de celular con grabador de voz (foja 463), a la denunciante Mito Raymundo Cabrera, con la finalidad de grabar la conversación con el fiscal Ticona Castro, v) Acta de transcripción de contenido de audio en soporte de DVD (foja 480), que acredita que el dos de diciembre de dos mil quince, el fiscal recibió el dinero solicitado previamente a Mitolia Raymundo Cabrera, con la finalidad de devolver a su esposo la llave de contacto y documentos del vehículo, vi) Acta de reconocimiento de voz (foja 518), con la que se acredita que las voces grabadas pertenecen a Mitolia Raymundo abrera y Ticona Castro, y en la cual, la primera reconoció su voz.

Por tal motivo, se le impuso doce años y ocho meses de pena privativa de libertad, cinco años de inhabilitación de conformidad con los incisos 1 y 2, artículo 36, del CP, así como al pago de treinta mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado y el pago de costas.

[Continúa…]


[1] En juzgamiento lo llevó a cabo una Sala Penal Especial integrada por el juez superior Jaime Gerónimo de la Cruz, presidente y director de Debates, y las juezas superiores Sandra Elena Cornelio Soria y Florencia Guerra Carhuapoma, de conformidad con el inciso 4, artículo 454, del Código Procesal Penal. En tal sentido, esta es la denominación que se utilizará para referirnos a este órgano jurisdiccional.

[2] Bernardina Valdivia Mallqui (966663041) a Carlos Alberto Rivera Berrospi (948401527), el 7 de noviembre de 2015, a horas 22:32, 23:24, 23:41, y el día 8 de noviembre del mismo año, a horas 00:53, 01:05 y 01:21. Rivera Berrospi (948401527) a Ticona Castro (951542444), el 7 de noviembre de 2015, a horas 20:04, 20:11,20:43, 23:48, y el 8 de noviembre de 2015, a horas 00:55. (…)

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