El estándar e intensidad de sospecha para la investigación del delito de lavado de activos

Sumario: 1. Antecedentes; 2. Estándar e intensidad de sospecha desarrollados en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-4332.1. Sospecha inicial simple; 2.2. Sospecha reveladora; 2.3. Sospecha suficiente; 2.4. Sospecha grave; 2.5. Elementos de prueba más allá de toda duda razonable; 3. Conclusión; 4. Bibliografía.


1. Antecedentes

El pleno de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433, emitida en el marco del I Pleno Jurisdiccional Casatorio por primera vez ha fijado los criterios según los cuales en el futuro el delito de lavado de activos será investigado, procesado y eventualmente condenado en nuestro país, se han establecieron reglas vinculantes que deberán ser acatadas por jueces, fiscales, procuradores y abogados en general cuando se trate de investigaciones por el delito de lavado de activos.

El pronunciamiento emitido puso fin al debate originado por la Casación 92-2017, Arequipa emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que, como se sabe, elevó los estándares en los procesos de lavado, generando el rechazo de instituciones como el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera, que advirtieron que se estaba instaurando un precedente a favor de la impunidad de los lavadores de activos.

Son siete los lineamientos establecidos por las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema en su sentencia plenaria casatoria. Estos giran alrededor de tres conceptos: la autonomía del delito de lavado de activos; qué ilícitos pueden considerarse delito precedente (o fuente), y cuál es el estándar probatorio necesario en cada nivel del proceso (diligencias preliminares, investigación preparatoria, acusación, etc.), se ha desarrollado los estándares en los niveles de investigación constituidos por la “sospecha inicial simple”, “sospecha reveladora”, “sospecha suficiente” y “sospecha grave”, los cuales son un aporte necesario y oportuno para graduar los actos de investigación del delito de lavado de activos.

2. Estándar e intensidad de sospecha desarrollados en la sentencia plenaria casatoria 1-2017/CIJ-433

El pleno de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema al emitir la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433, ha establecido que en la medida que avancen las etapas de un proceso penal, el nivel probatorio del delito fuente debe ir incrementándose.

Así, en el fundamento jurídico 29 literal “f”, se han desarrollado, establecido y fijado seis lineamientos jurídicos que a partir de ahora deberán tenerse en cuenta para juzgar el delito de lavado de activos. Así tenemos que:

a) Para iniciar diligencias preliminares solo se exige elementos de convicción que sostengan una “sospecha inicial simple”.
b) Para formalizar la investigación preparatoria se necesita “sospecha reveladora”.
c) para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento se precisa “sospecha suficiente”.
d) para proferir auto de prisión preventiva se demanda “sospecha grave”.
e) La sentencia condenatoria requiere elementos de prueba más allá de toda duda razonable.

Pero que entendemos por los términos sospecha inicial simple, “sospecha reveladora”, “sospecha suficiente”, y “sospecha grave”, cómo se aplican esos estándares al delito de lavado de activos.

2.1. Sospecha inicial simple (grado menos intensivo de la sospecha) para iniciar investigación preliminar

En el literal A del fundamento jurídico 24 de la sentencia en comento se ha desarrollado el concepto de sospecha inicial simple, estableciéndose que para el inicio de la investigación preliminar se requiere, por parte del Fiscal, puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo, justificado por hechos concretos –solo con cierto nivel de delimitación– y basado en la experiencia criminalística, de que se ha cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de delito (…)[2]. Se requiere de indicios procedimentales o fácticos relativos –aunque con cierto nivel de delimitación–, sin los cuales no puede fundarse sospecha alguna (…)[3]. Desde esta perspectiva, para incoar diligencias preliminares solo se precisa de la posibilidad de comisión de un hecho delictivo. Es, pues, un juicio de posibilidad que realiza el fiscal.

Para aclarar esta definición San Martín Castro indica, que para iniciar la persecución penal es necesaria y suficiente la llamada sospecha inicial simple, es decir, “no se requiere que exista convicción plena en el Fiscal ni que las actuaciones estén completas, sólo se necesita que las investigaciones arrojen un resultado probabilístico razonable, en orden a la realidad de un delito y de la vinculación delic­tiva del imputado o imputados.[4]

Por su parte, Roxin señala que para iniciar la persecución penal es necesario y suficiente la sospecha inicial simple fundada en la experiencia criminalística[5].

En términos generales sospecha inicial simple es el convencimiento que tiene el Ministerio Público para iniciar los actos de investigación sólo con la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo sustentada en hechos concretos con cierto nivel de delimitación, de que, existe un hecho de apariencia delictiva perseguible.

Por tanto, para la emisión de la disposición de diligencias preliminares sólo se requiere sospecha inicial simple, para “…determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosas, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión […], y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente” (artículo 330, apartado 2, del CPP).[6]

2.2. Sospecha reveladora (grado intermedio de la sospecha) en que se fundada la formalización de la investigación preparatoria

 El literal b del fundamento jurídico 24 de la sentencia en comento desarrolla el concepto de sospecha reveladora, estableciéndose que para emitir la disposición de formalización de la investigación preparatoria, en cuanto imputación formal de carácter provisional, consiste en la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta de lavado de activos, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel, medio, de acreditación (…)[7], para incoar un proceso penal en forma y, en su día, servir de presupuesto necesario para la acusación y la apertura del juicio oral –en este supuesto la investigación arroja mayor claridad sobre los hechos objeto de averiguación–. Los hechos para la dilucidación, en el momento procesal oportuno, de la acusación solo podrán determinarse en su extensión y necesaria explicitación hasta el término de la investigación preparatoria (…)[8]. Se debe indicar de qué actividad, genéricamente advertida, se trata y señalar, a partir de esos datos, la ilicitud de los activos objeto de las conductas de lavado por el agente delictivo. Para esta inculpación formal, propia de la disposición de formalización, se requiere probabilidad de intervención del imputado en un hecho punible. Los elementos de convicción han de ser racionales, descartándose por ello de vagas indicaciones o livianas sospechas, de suerte que la aludida disposición debe apoyarse en datos de valor fáctico que, representando más que una posibilidad y menos que una certeza supongan una probabilidad de la existencia de un delito (…).[9]

San Martín Castro, menciona que si la disposición inicial de actuaciones de investigaciones descansa en la sospecha inicial simple, la inculpación formal o la formalización de la investigación preparatoria se apoya en la noción de sospecha reveladora –indicios reveladores de la existencia de un delito (art. 336.1 NCPP), esta es la segunda selección, de cara a los hechos, que debe realizar el fiscal- [10]. Lo revelador de los indicios procedimentales –la sospecha reveladora- descansa necesariamente sobre unas facultades de ponderación de los hechos y circunstancias que concurran así como de valoración de las actuaciones ya practicadas, inherentes a la función de persecución del delito (…)[11], como solo se requieren de “indicios reveladores” esa sospecha es la que puede albergarse tras la práctica de unas pocas averiguaciones[12].

En tal sentido, sospecha reveladora es aquella que contiene hechos o datos básicos de una determinada conducta que contengan indicios reveladores de la probabilidad de existencia de un delito, sustentado con elementos de convicción que evidencien la intervención de un imputado en un hecho punible suficientes para formalizar la investigación preparatoria y, en su día, servir de presupuesto necesario para la acusación y la apertura del juicio oral.

Consecuentemente, para la expedición de la disposición de formalización de la investigación preparatoria se necesita sospecha reveladora, esto es, “…indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad…” (artículo 336, apartado 1, del CPP)[13].

2.3. Sospecha suficiente (grado relativamente más sólido de la sospecha) idónea para la acusación y para la emisión del auto de enjuiciamiento

El literal c del fundamento jurídico 24 de la sentencia en comento desarrolla el concepto de sospecha suficiente, estableciéndose que para la formulación de la acusación se exige, a partir de los elementos de convicción acopiados hasta el momento, una probabilidad de condena, (…)[14]. El fiscal y, en su día, el juez tienen la responsabilidad de realizar una provisional ponderación de la verosimilitud de la imputación; probabilidad racionalmente determinada (…)[15]. Se exige que la imputación sea completa y específica, pero no exhaustiva, estas exigencias son materiales, no formales, destinadas a que el acusado conozca con claridad y precisión los hechos objeto de acusación. Así, los hechos deben delimitarse y los elementos de convicción deben señalarse en la acusación; y, en lo atinente al delito de lavado de activos, debe mencionarse la actividad criminal precedente, en los ámbitos y conforme a las acotaciones ya anotadas, de la que proceden los activos cuestionados, sin perjuicio de enunciarse la concurrencia de los demás elementos del tipo penal.

La parte pertinente del fundamento 9 del Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116 nos ayuda a aclarar esta definición, (…) “sospecha suficiente” –se ha de esperar una condena con fuerte probabilidad, sospecha que a su vez alcanza a un convencimiento por el órgano jurisdiccional de la existencia de los presupuestos procesales y de la punibilidad de la conducta imputada– plenamente corroborable en este caso (…).

Por tanto, por sospecha suficiente capaz de sustentar un requerimiento de acusación y emisión del auto de enjuiciamiento– se debe entender, el alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho punible y la existencia de probabilidad preponderante de una condena sustentada en elementos de convicción suficientes, con la exigencia material de una imputación completa y específica, destinadas a que el acusado conozca con claridad y precisión los hechos objeto de acusación. Y tratándose del delito de lavado de activos, además debe mencionarse la actividad criminal precedente, sin perjuicio de enunciarse la concurrencia de los demás elementos del tipo penal.

Por lo que, para la formulación de la acusación y la expedición del auto de enjuiciamiento se precisa sospecha suficiente, vale decir, “…base suficiente para ello…” o “…elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado” (artículo 344, apartado 1 y apartado 2, literal d a contrario sensu, del CPP)[16].

 2.4. Sospecha grave (grado más intenso de la sospecha) propia para dictar prisión preventiva

 El literal d del fundamento jurídico 24 de la sentencia en comento desarrolla el concepto de sospecha grave, establece que para requerir una prisión preventiva, se requiere de un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho punible y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad (…)[17]. Ésta es una conditio sine qua non de la adopción y el mantenimiento de esta medida de coerción personal. El elemento de convicción ha de ser corroborado por otros elementos de convicción o cuando por sí mismo es portador de una alta fiabilidad de sus resultados, y además ha de tener un alto poder incriminatorio, esto es, vincular al imputado con el hecho punible. (…)[18]. No se exige, por ello, prueba plena de la autoría ni una definitiva calificación jurídica de la conducta, sino únicamente la existencia de indicios o elementos de convicción fundados y graves de la comisión de una actividad delictiva y de los demás presupuestos de punibilidad y perseguibilidad, y a partir de ellos de su responsabilidad penal. El juicio de imputación judicial para la prisión preventiva exige un plus material respecto a los dos anteriores niveles de sospecha, pues debe contener un elevado índice de certidumbre y verosimilitud acerca de la intervención del encausado en el hecho delictivo.

Una noción relacionada con la gravedad se encuentra desarrollada en el fundamento vigésimo séptimo[19] de la Casación 626-2013 Moquegua, donde se ha establecido “Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria; valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento (primeros recaudos)”, en el mismo sentido el fundamento cuadragésimo octavo[20] establece “la única forma de interpretación no lesiva a derechos del imputado es la que hace referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstancias que agravarían la pena a imponer”.

En tal sentido, la expresión “sospecha grave” debe ser interpretada en sentido cuantitativo, es decir, denotando un grado de intensidad mayor que la precedente, que permitan ya sostener desde un principio, aunque provisionalmente, que la persona inculpada es responsable del delito[21].

Para pronunciar dicha resolución coercitiva personal se requiere sospecha grave, o sea, “…fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo” (artículo 268, literal a, del CPP)[22].

Por tanto, la sospecha grave se encuentra constituida por un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho punible y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad debidamente sustentada con indicios o elementos de convicción fundados y graves.

2.5. Estándar para la sentencia condenatoria (elementos de prueba más allá de toda duda razonable)

Respecto a la duda razonable más allá de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, nuestra legislación no ha desarrollado un concepto definido; no obstante el Código Procesal Penal en el artículo II del Título Preliminar referido a la presunción de inocencia, ha establecido que “ (…) En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado, (…)” [cursiva y negrita nuestra], lo señalado por el legislador evidentemente tiene correlato con el artículo 2, numeral 24, literal ‘e’, de la Constitución: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” [cursiva nuestra]. Concretamente con su regla de juicio (manifestación procesal de la referida garantía constitucional en el momento de la valoración de la prueba), concerniente al in dubio pro reo y que requiere para la condena una convicción judicial más allá de toda duda razonable luego de una cuidadosa e imparcial consideración de las pruebas del caso que permita la confirmación de la hipótesis acusatoria y su no refutación[23]; además la Convención Americana sobre derechos humanos, en su artículo 8º, inciso 2) bajo el mismo criterio establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” [cursiva nuestra]. En tal sentido, la presunción de inocencia implica el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, la duda acerca de la existencia de alguno de los hechos constitutivos de la pretensión penal necesariamente debe concluir en la absolución del acusado.

Lo que debe acreditarse en el delito de lavado de activos, entre otras exigencias típicas, es el origen ilícito del dinero, bienes, efectos o ganancias (artículos 1 y 2) o del dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” (artículo 3); esto es, propiamente, de los activos –que tienen su origen en actividades criminales antecedentes–, respecto de los cuales el sujeto activo conoce o debía presumir su ilicitud (…)[24]. Las “actividades criminales” (artículo 10) –de aquellos delitos con capacidad de generar ganancias ilegales–, vista incluso la propia dicción de la citada disposición legal, no puede entenderse como la determinación de la existencia concreta y específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza, cronología, intervención o roles de diversos agentes individualizados y objeto. No es un requisito indispensable para que pueda formularse acusación y emitirse condena por este delito de lavado de activos. Por lo demás, la especificidad de un delito previo no es el objeto de la acusación y de la sentencia (…)[25]. No se requiere, en suma, la identificación de las concretas operaciones delictivas previas; basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico –de un injusto penal–. Como no se necesita una condena anterior de la actividad antecedente de la que procede el activo maculado, es suficiente establecer la relación con actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del mismo, en función de los demás datos disponibles; o, dicho de otra forma, que dados los indicios, la conclusión razonable sea su origen delictivo (conforme STSE 154/2008, de 8 de abril) [26].

En el fundamento jurídico 21 de la sentencia en comento se ha establecido que para la condena de un delito de lavado de activos, como para cualquier otro, es necesaria la convicción más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos y racionales, de que concurren todos y cada uno de los elementos del delito: (i) una actividad criminal previa idónea para generar determinados activos –según lo establecido en los fundamentos jurídicos precedentes–; (ii) la realización de actos de conversión y transferencia, o actos de ocultamiento y tenencia, o de actos de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional; y, (iii), subjetivamente, tanto el conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo –dolo directo o eventual– (sin que este conocimiento sea preciso o detallado en todos sus pormenores del origen delictivo de los activos, pues basta la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de una actividad criminal), cuanto de la realización de los actos de lavado con la finalidad u objetivo de evitar la identificación, la incautación o el decomiso –es, por ello, un elemento subjetivo especial distinto del dolo, específicamente, es un delito de tendencia interna trascendente o delito de intención–.

La prueba directa prácticamente será de imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de comisión de actividades criminales con capacidad para generar ganancias ilegales así como de lavado de activos procedente de aquellas, por lo que la prueba indirecta o por indicios será la más usual (conforme: STSE 433/2000, de 10 de enero). (…). La prueba por indicios –que, por lo demás, es clásica y no solo es exclusiva de esta modalidad criminal– aparece, entonces, como el método más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, como se anotó, único posible para tener acreditada su comisión (verbigracia: STSE 738/2006, de 4 de julio). Ello, en ningún caso, puede entenderse como una relajación de las exigencias probatorias, sino como otra forma de probanza que puede conducir al siempre exigible grado de certeza objetiva preciso para un pronunciamiento penal condenatorio (verbigracia: STSE 247/2015, de 28 de abril)[27].

3. Conclusión

 Las nociones de sospecha desarrollados en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ- 433, son un aporte importante en la aplicación racional de los actos de investigación, los cuales se erigen como parámetros necesarios para hacer frente a la arbitrariedad de la investigación del lavado de activos, hasta antes de la emisión de la sentencia Plenaria no existía límite alguno para iniciar investigación; es decir, bastaba que en que se note en una persona un incremento inusual de su patrimonio de menor intensidad, para que se le atribuya la comisión del delito de lavado de activos. Las nociones “sospecha inicial simple”, “sospecha reveladora”, “sospecha suficiente”, “sospecha grave” y “elementos de prueba más allá de toda duda razonable para la emisión de una sentencia condenatoria”, son un aporte necesario y oportuno para graduar los actos de investigación en este delito. Además los criterios desarrollados no solo deben tener alcances en la investigación y procesamiento del delito de lavado de activos, sino también deben servir para la graduación de la investigación en otros delitos comunes.

Sin embargo, no debemos dejar de mencionar que resulta paradójico que se le exija un mayor grado de sospecha y precisión a la prisión preventiva (sospecha grave) respecto de la acusación (sospecha suficiente), porque si para solicitar una prisión preventiva ya contamos con un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho punible y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad mayores, obviamente ya nos encontraríamos en posibilidad de acusar directamente.

 4. Bibliografía

ALVARADO YANAC, Juan; Código Penal, Editora y Librería Jurídica Grijley, 20° edición, Lima octubre 2017.

GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino; RABANAL PALACIOS William y CASTRO TRIGOSO Hamilton, El Código Procesal Penal, jurista, Lima 2012.

SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Segunda edición. Volumen I. Lima: Grijley, 2006.

SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal lecciones. Primera edición. Lima: INPECCP – CENALES, 2015.

ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2001.


[1] El autor fue amicus curiae en el I Pleno Casatorio Penal de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema y amicus curiae del X Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Penal, Fiscal Provincial Penal en Madre de Dios.
[2] Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 fundamento 24.a-
[3] Ídem. fundamento 24.a.
[4] cf. SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Segunda edición. Volumen I. Lima: Grijley, 2006. p. 512.
[5] ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2001. p. 329.
[6] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 23.
[7] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 24.b
[8] Ídem. fundamento 24.b.
[9] Ídem. fundamento 24.b.
[10] SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal lecciones. Primera edición. Lima: INPECCP – CENALES, 2015. p. 316.
[11] Ídem. pág. 318.
[12] Ídem. pág. 319.
[13] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 23.
[14] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 24.c.
[15] Ídem. fundamento 24.c.
[16] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 23.
[17] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 24.d.
[18] Ídem. fundamento 24.d.
[19] Fundamento establecido como doctrina jurisprudencial vinculante.
[20] Ídem.
[21] Ídem. fundamento 24.d.
[22] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 23.
[23] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 17.
[24] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 19.
[25] Ídem.
[26] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 19.
[27] Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 fundamento 22.