Duberlí Rodríguez demanda voluntad política para culminar implementación del NCPP

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El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, pidió al Ejecutivo voluntad política para concluir la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el año 2020, en los distritos judiciales donde aún está pendiente su aplicación, a fin de mejorar el servicio de justicia penal.

La autoridad judicial expresó su temor de que el Ejecutivo postergue más allá del 2020, por problemas de presupuesto, la entrada en vigencia del código en la Corte de Lima, una de las que concentra mayor carga procesal.

Rodríguez Tineo abogó para que el Ejecutivo disponga de un presupuesto adecuado, principalmente para el Ministerio Público y la Policía Nacional, que son los entes que realizan las investigaciones.

De acuerdo con el último cronograma de implementación, en Lima Norte el NCPP entrará en vigencia en julio de este año, en Lima Este el 2019, mientras que en Lima y Lima Sur el 2020.

Rodríguez Tineo explicó la necesidad de poner en vigencia esta norma procesal para evitar los problemas suscitados en estos distritos judiciales donde es aplicado, simultáneamente, el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el NCPP del 2004, principalmente en “casos emblemáticos”.

Este planteamiento lo hizo durante la decimotercera reunión del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) realizada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la participación de los representantes de las diferentes instituciones que conforman este organismo.

Asimismo, para erradicar la minería ilegal, Rodríguez Tineo planteó la ejecución de un gran “megaoperativo” en Puerto Maldonado (Madre de Dios), que involucre a una gran cantidad de fiscales, policías y con apoyo de las Fuerzas Armadas, y la implementación de una política social. “Tenemos que dar señales de que el Estado sabe defenderse, de lo contrario, la lucha contra la minería ilegal será una batalla perdida”, remarcó.

En ese sentido, exhortó a las autoridades a comprometerse para que cada uno, desde su respectivo sector, realice las acciones pertinentes para evitar que después de realizado, los mineros ilegales vuelvan a instalarse en la zona.

Fuente: Poder Judicial.

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