Determinación de la pena: valor cuantitativo de las circunstancias agravantes específicas [Casación 640-2017, Ica]

Fundamento destacado: Octavo. Según el profesor Prado Saldarriaga, la determinación judicial de la pena es identificar y medir las dimensiones cualitativas y cuantitativas de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o partícipe culpable de un delito[5]. En ese orden de ideas, el artículo cuarenta y cinco-A del Código Penal, incorporado por la Ley número treinta mil setenta y seis, establece la individualización de la pena a través del sistema de tercios, por lo que el Juez determinará la pena concreta de acuerdo con las circunstancias generales atenuantes y agravantes concurrentes al caso, conforme al artículo cuarenta y seis del citado código. Sin embargo, este esquema operativo no es aplicable cuando el delito sub iudice pone catálogos propios de circunstancias agravantes específicos. En estos casos, el marco punitivo que corresponde considerar es aquel que se define legalmente para sancionar la concurrencia de tales agravantes. El Juez, entonces, debe identificar cuántas circunstancias agravantes específicas se han configurado y asignarles a cada una un valor cuantitativo. Este último será equivalente al cociente resultante de dividir el espacio punitivo previsto por la ley entre el número de circunstancias agravantes específicas reguladas para el tipo de delito cometido.


Sumilla. Las sentencias de primera y segunda instancia inaplicaron la sanción contenida en el primer párrafo del artículo uno, concordante con el literal d del artículo dos, y los literales e y j del artículo diez, todos de la Ley de Delitos Aduaneros número veintiocho mil ocho, habiendo interpuesto casación Fiscal Superior, es del caso elevar conforme a los principios de legalidad y proporcionalidad.

Lea también: La no aplicación retroactiva del sistema de tercios para determinación de la pena [R.N. 472-2017, Lima]


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
Casación 640-2017, Ica

Lima, dieciocho de abril de dos mil dieciocho

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, de fojas doscientos veintitrés del cuaderno de debate, emitida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca de la Corte Superior de Justicia de Ica, que confirmó la sentencia de primera instancia del doce de agosto de dos mil dieciséis, de fojas ciento treinta y dos, que condenó a Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra como coautores del delito de contrabando agravado, en perjuicio del Estado peruano, representado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y les impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de tres años; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Neyra Flores.

FUNDAMENTOS DE HECHO

I. Del itinerario de la causa en primera instancia

Primero. Los encausados Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra fueron procesados penalmente con arreglo al Código Procesal Penal. El señor Fiscal Provincial mediante requerimiento mixto de fojas tres del cuaderno de debate, del diecisiete de septiembre de dos mil quince, formuló acusación contra los precitados por el delito de contrabando, previsto en el primer párrafo del artículo uno, y el literal d del artículo dos de la Ley número veintiocho mil ocho; tipificación que en audiencia de control mixto según acta del quince de marzo de dos mil dieciséis –fojas treinta y dos– se reformuló de contrabando simple a contrabando agravado, sancionado en el primer párrafo del artículo primero, concordante con el literal d del artículo dos, y los literales e y j del artículo diez de la citada Ley de Delitos Aduaneros, que establece una pena no menor de ocho ni mayor de doce años de privación de libertad, en agravio del Estado peruano, representado por la Sunat.

Segundo. La descripción fáctica de la imputación fue la siguiente: con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, al promediar las dieciséis horas, la comisaría de Nasca conjuntamente con el Ministerio Público llevaron a cabo un operativo llamado “impacto a la altura del óvalo Fermín del Castillo”. En esas circunstancias se intervino al vehículo con placa de rodaje número B tres F-novecientos sesenta y cuatro, de la empresa Civa, que era conducido por Pascual Miranda Bobadilla, y se encontró que los pasajeros Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra no contaban con boletos de viaje.

Se dispuso que se abriera la bodega número tres, en donde se halló tres bolsas de polietileno con rayas blanca, roja y azul, dos de ellas embaladas y cerradas en la parte superior con rafia de color azul, se encontraba semillena y cerrada con su cierre y se anudaba de las asas de ambos lados; asimismo, se halló tres costalillos de polietileno de color negro, los cuales hacen un total de diecisiete bultos en cuyo interior aparentemente se encuentran cajas forradas, con costalillo de polietileno de color blanco y amarrado en la parte superior con un nudo y rafia de color verde, siete bultos forrados con costalillos de polietileno de color naranja, amarrado con un nudo en la parte superior del propio costalillo, un bulto de color negro forrado con plástico blanco donde se lee “Nela”, que fueron conducidos a la dependencia policial.

Realizado el comiso personal especializado de aduanas se procedió a emitir el Informe de aforo avalúo número cero diez-dos mil quincetres P cero cero treinta/SUNAT, con fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, que establece el valor de la mercadería incautada (lentes de sol de plástico para adulto diferentes referencias, monturas para lentes de plástico para adulto, zapatillas para adulto diferentes referencias, shorts para adulto diferentes referencias y botellas de licor diversas) ascendentes a la suma de setenta y seis mil quinientos trece dólares americanos.

Lea también: [Determinación de la pena] Aplicación de las circunstancias agravantes genéricas en delitos tentados

Tercero. El delito de contrabando imputado a los procesados Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra se encuentra previsto en la Ley de Delitos Aduaneros, número veintiocho mil ocho:

3.1. Primer párrafo del artículo uno:

El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa.

3.2. Literal d del artículo dos:

Constituyen modalidades del delito de contrabando y serán reprimidos con las mismas penas señaladas en el artículo uno, quienes desarrollen las siguientes acciones: d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero.

3.3. Con los agravantes contenidos en los literales e y j del artículo diez:

Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa, los que incurran en las circunstancias agravantes siguientes, cuando: e. Es cometido por dos o más personas o el agente integra una organización destinada a cometer los delitos tipificados en esta Ley. j. Cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias.

Cuarto. A fojas cuarenta y siete del cuaderno de debate, obra el auto de enjuiciamiento que, además, detalla el control de acusación llevado a cabo por la Jueza de la Investigación Preparatoria. El auto de citación a juicio fue expedido por el Juzgado Supraprovincial Transitorio Zona Sur Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica, con fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis y obra a fojas cincuenta.

Quinto. Seguido el juicio de primera instancia –como se advierte de las actas de fojas ochenta y uno, noventa y seis, ciento uno, ciento catorce, ciento diecinueve, ciento veintidós y ciento veinticuatro–, el Juzgado Supraprovincial Transitorio Zona Sur Ica en fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, pronunció sentencia condenando a Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra como coautores del delito de contrabando agravado, previsto en el primer párrafo del artículo primero, concordante con el literal d del artículo dos, y los literales e y j del artículo diez de la Ley número veintiocho mil ocho, en perjuicio del Estado peruano, les impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de tres años; con lo demás que contiene, conforme se aprecia de fojas ciento treinta y dos del cuaderno de debate.

Sexto. Contra la referida sentencia, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación –en todos sus extremos– fundamentado a fojas ciento sesenta y dos y aclarado a fojas ciento setenta y seis, así como la Procuraduría Pública Ad Hoc adjunta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria interpuso su apelación –en el extremo de la reparación civil– a fojas ciento ochenta; concedidos por resoluciones del seis y ocho de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, de fojas ciento setenta y tres, y ciento ochenta y cuatro.

Lea también: Determinación de la pena no se agota en el principio de culpabilidad, debe considerar principio de proporcionalidad [R.N. 3059-2015, Piura]

II. Del trámite recursal en segunda instancia

Séptimo. La Sala Mixta Penal de Apelaciones de Nasca de la Corte Superior de Justicia de Ica, culminada la fase de traslado de las impugnaciones, mediante resolución del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, de fojas doscientos ocho del cuaderno de debate, emplazó a los sujetos procesales a fin de que concurran a la audiencia de apelación de sentencia.

Octavo. Realizada la audiencia de apelación el catorce de marzo de dos mil diecisiete, y conforme aparece del acta de fojas doscientos dieciocho, la Sala de Apelación cumplió con emitir y leer en audiencia pública la sentencia de vista –Resolución número once– de fojas doscientos veintitrés, de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, que declaró infundadas las apelaciones formuladas por el Ministerio Público y por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y, por consiguiente, confirmó la sentencia de primera instancia, del doce de agosto de dos mil dieciséis, de fojas ciento treinta y dos, que condenó a Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra como coautores del delito de contrabando agravado, en perjuicio del Estado peruano, les impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de tres años y fijó la reparación civil en cinco mil soles; con lo demás que contiene.

Noveno. La sentencia de vista fue recurrida en casación por el Ministerio Público, conforme a fojas doscientos treinta y uno del cuaderno de debates.

III. Del trámite del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público

Décimo. Leída la sentencia de vista, la Fiscalía Superior interpuso recurso de casación, que fundamentó mediante escrito de fojas doscientos treinta y uno del cuaderno de debate, con la causal del artículo cuatrocientos veintinueve, inciso tercero, del Código Procesal Penal: indebida aplicación, una errónea aplicación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Sostuvo que:

10.1. La cuestión a dilucidar es la inaplicación de la pena conminada en el primer párrafo del artículo uno, concordante con el literal d del artículo dos, y los literales e y j del artículo diez de la Ley número veintiocho mil ocho –Ley de Delitos Aduaneros–.

10.2. Resulta arbitrario dejar de aplicar la pena conminada legalmente, invocando el principio de proporcionalidad, pues no resulta justificado ni razonable que siendo la pena mínima ocho años, se aplique una suspendida, mas no se indicó que la pena prevista legalmente no guarda relación con la gravedad del delito. En el presente caso el delito de contrabando se cometió mediando circunstancias agravadas.

Undécimo. El Colegiado Superior mediante resolución de fojas doscientos treinta y seis, del once de abril de dos mil diecisiete, concedió el recurso de casación.

Duodécimo. Esta Suprema Sala mediante Ejecutoria del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, de fojas treinta y cinco del cuaderno de casación, declaró bien concedido el recurso de casación por la causal invocada –inciso tercero del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal–.

Decimotercero. Producida la audiencia de casación, deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, corresponde pronunciar la presente sentencia casatoria que se leerá en audiencia pública –con las partes que asistan–, en concordancia con los artículos cuatrocientos treinta y uno, apartado cuatro, y el artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro, del Código Procesal Penal, el día de la fecha, a horas ocho y treinta de la mañana.

Lea también: Determinación de la pena en casos de reincidencia [Casación 1459-2017, Lambayeque]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Del ámbito de la casación

Primero. Conforme fue establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas treinta y cinco del cuaderno de casación, del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el motivo de casación admitido es porque la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca confirmó la pena privativa de libertad de cuatro años, cuya ejecución se suspende por el periodo de prueba de tres años, impuesta contra los procesados Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ica, pese a que la Ley número veintiocho mil ocho, de los Delitos Aduaneros, establece una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años para el delito de contrabando agravado imputado. Por tanto, se habría inaplicado lo previsto en los artículos uno, primer párrafo; dos, literal d; y diez, literales e y j de la referida Ley, por lo que la Sala Superior no puede determinar una pena fuera de los límites que establece la norma expresa, salvo que en el caso se presenten causales de disminución de la punibilidad y/o fórmulas de derecho penal premial que justifiquen una rebaja por debajo del mínimo legal.

Segundo. En el derecho penal rige plenamente el principio de legalidad, pues el delito, la pena y la persecución estatal deben estar establecidas normativamente.

Tercero. Esto es así porque el principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de que el ciudadano sepa cuáles son las conductas sancionadas y sus consecuencias y cuáles no. En efecto, si la conminación e imposición de las penas también contribuye sustancialmente a estabilizar la fidelidad al derecho de la población y en muchos casos a construir la predisposición a comportarse conforme a las normas, solo es posible si hay una clara fijación legal de la conducta punible; pues si no, el derecho penal no podría conseguir el efecto de formación de las conciencias del que depende el respeto a sus preceptos[1].

Cuarto. Al contrario, un estado de derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Es decir, que el ordenamiento jurídico no solo debe disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que también debe imponer límites al empleo de la potestad punitiva para que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva. Por ello, una manifestación y garantía del principio de legalidad es la prohibición de analogía, que significa trasladar una regla jurídica a otro caso no regulado en la Ley por la vía del argumento de la semejanza (de los casos)[2].

[Continúa …]


[1] ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Madrid: Civitas, 1997, p. 146.

[2] Ibídem, pp. 137-140.

[5] PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Consecuencias jurídicas del delito. Lima: Idemsa, 2016, p. 197.

Descargue el PDF de la resolución completa