#LoÚltimo | Fiscal opina que debe «declararse fundada» investigación contra Domingo Pérez por abuso de autoridad [Le el informe]

La Segunda fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima opina que debe declararse fundada el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad contra el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, en el marco de la denuncia que presentó Pedro Chávarry.

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Luego de culminar y analizar las diligencias preliminares, también opinó que se debe investigar por ese presunto delito al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional Richard Concepción Carhuancho.

Según el informe emitido por la fiscal superior Escarleth Laura Escalante, la investigación se vincula a la diligencia de allanamiento del 4 de enero del 2019 que realizó Pérez Gómez a las oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, entonces asesor de Pedro Chávarry Vallejo.

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La denuncia indica que Pérez Gómez sustentó ante el juez Richard Concepción Carhuancho- un pedido de allanamiento, considerando que Chávarry había adoptado una actitud de interferencia, hostilización y encubrimiento de los actos de investigación que seguía contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

De acuerdo al documento fiscal, esos mismos hechos ya habían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de la Nación el 21 de diciembre del 2018, a través de la disposición 94-2018. Es decir, días antes de los allanamientos.

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En el documento al que Legis.pe tuvo acceso se lee que “como el mismo fiscal investigado reconoce, en la citada disposición 94, que el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos goza de prerrogativas constitucionales por su condición de fiscal de la Nación, ante lo cual el fiscal investigado no tenía competencia para investigar; y, por tanto, estos hechos no eran materia de investigación a cargo del fiscal (Pérez)”

También se le atribuye a Pérez Gómez haber ejecutado las diligencias de allanamiento e incautación de bienes encontrados en las oficinas de asesores como Edgar Peralta Lino y Max Aranda Fernández, que no tenían autorización judicial. El fiscal Pérez Gómez sostuvo en su defensa que los hechos atribuidos en su contra ya fueron archivados en una resolución del 31 de enero del 2019.

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Incluso, reclamó que se pretende someterlo a una doble investigación penal con el pretexto de una distinta calificación jurídica por abuso de autoridad. Por su parte, el juez Richard Concepción, dijo que “no se cometió acto arbitrario contra el denunciante (Chávarry), no se dictó medida alguna en su contra, sino en contra de la oficina de Juan Duarte”. Añade que en las resoluciones no se consideró como investigado a la persona de Pedro Chávarry.

¿Qué más señala en informe?

Tras realizar el análisis del caso, la fiscal superior Escarleth Laura Escalante, sostuvo que cuando Pérez formuló el requerimiento de allanamiento, ya se había dispuesto “la derivación de la noticia criminal al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación”.

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De manera que, “correspondía a dicha área realizar las investigaciones” y por tanto, los hechos atribuidos contra Chávarry “no podrían constituir el sustento del requerimiento de allanamiento”.

La fiscal superior precisó que no existe justificación objetiva sobre las razones que lo llevaron a concluir que dichas oficinas correspondían al asesor Juan Manuel Duarte. En esa línea, agregó que aunque se les dijo que no tenían autorización judicial, se procedió a realizar la diligencia, allanando y registrando los bienes de los asesores Edgar Peralta y Max Aranda.

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“En consecuencia, la suscrita, es de la opinión que debe declararse fundada la investigación preliminar seguida contra José Domingo Pérez Gómez, en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial. Así como para el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal naciona, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Abuso de Autoridad en agravio del Estado”, se lee en el documento.

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