Conozca los 4 supuestos para cuestionar la reparación civil vía casación [Casación 695-2018, Lambayeque]

Fundamento destacado: Sexto. Que, tratándose del montante de la reparación civil, el rol de la Corte Suprema es controlar si los órganos de instancia fijaron las bases que fundamentan la cuantía y si estas son razonables -según lo anotado en el fundamento jurídico anterior-. Ésta, por lo general, corresponde fijarla a los jueces de primera y segunda instancia, de manera que por lo general no es revisable en casación, pues al no establecer el Código Civil o el Código Penal criterios legales para señalar su cuantía, no cabe, no cabe apreciar en su determinación infracción de ley material. La rectificación de la cuantía, empero, corresponderá cuando: (i) se rebase o exceda o tergiverse lo solicitado por las partes, (ii) se fijen defectuosamente las bases que la fundamentan, (iii) quede patente una evidente discordancia entre las bases estipuladas y la cantidad señalada como reparación civil, o (iv) se incurra en error notorio, arbitrariedad e irrazonable desproporción de la cuantía fijada (STSE 107/2017, de veintiuno de febrero).


Sumilla. Reparación civil. Rol de la Corte Suprema. 1. La reparación civil que provenga del delito puede ser objeto de transacción, conforme a lo taxativamente estipulado en el articulo 1306 del Código Civil; y, su concreción importa poner fin a un asunto dudoso o litigioso, evitando un proceso o finalizando el ya promovido (artículo 1302 del citado Código). La responsabilidad civil -de los responsables directos e indirectos- es solidaria. Así lo preceptúan los artículos 95 del Código Penal, 1981 y 1983 del Código Civil. 

2. Según el primer párrafo del artículo 1188 del Código Civil la transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación, libera a los demás codeudores; y, conforme al artículo 1189 del citado Código, si la transacción se hubiere limitado a la parte de uno solo de los deudores, los otros no quedan liberados sino en cuanto a dicha parte.

3. Tratándose del montante de la reparación civil, el rol de la Corte Suprema es controlar si los órganos de instancia fijaron las bases que fundamentan la cuantía y si estas son razonables -según lo anotado en el fundamento jurídico anterior-. La indemnización no puede fijarse vacío de datos o, en todo caso, omitir aspectos esenciales de su determinación, lo que ocasionaría la nulidad de la resolución inmotivada y que el Tribunal Superior dicte otra nueva resolución en que corrija aquella deficiencia.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO CASACIÓN N.° 695-2018 LAMBAYEQUE

Lima, catorce de marzo de dos mil diecinueve

VISTOS; con las copias solicitadas para mejor resolver; en audiencia pública: el recurso de casación por infracción de precepto material interpuesto por el encausado RONALD ANDERSON GAMARRA SALGUERO contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y seis, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en cuanto revocando por mayoría la sentencia de primera instancia de fojas ciento ocho, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fijó en sesenta y seis mil setecientos veintiuno soles el monto de la reparación civil que solidariamente abonarán Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses y los terceros civilmente responsables Dionicio Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza a favor de Felicita Uceda Custodio; con lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor San Martín Castro.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Que el Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria de Chiclayo, culminada la investigación preparatoria, a fojas una formuló acusación contra Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses como autores de los delitos de homicidio culposo en agravio de Bertha Farro Uceda y de lesiones graves culposas en agravio de Elsa Agripina del Socorro Gonzales de Uribe y Manuel Traverso Zamora.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, mediante auto de fojas treinta y tres, de diecisiete de septiembre de dos mil trece, declaró la procedencia del juicio oral.

El Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe, tras el juicio oral, público y contradictorio, con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis condenó a Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses como autores de los delitos de homicidio culposo en agravio de Bertha Farro Dioses y de lesiones culposas en agravio de Elsa Agripina Gonzales de Uribe y Manuel Traverso Zamora a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años, e inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo por el periodo de cuatro años. Asimismo, fijó que por concepto de reparación civil los sentenciados paguen en forma solidaria conjuntamente con los terceros civilmente responsables Dionicio Espinoza Galán y Cecilia Isabel Peña de Espinoza, la suma de ciento siete mil cuatrocientos soles a favor de la actora civil Felicita Uceda Custodio, la suma de seis mil soles a favor de la actora civil Elsa Agripina del Socorro Gonzales Uribe y la suma de dos mil soles el agraviado Manuel Traverso Zamora. La indicada sentencia de primera instancia fue apelada por los imputados Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses. La Segunda Sala Penal de Apelaciones, con fecha veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, confirmó la sentencia condenatoria y declaró nula el extremo de la reparación civil.

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SEGUNDO. Que tras un nuevo juicio oral, circunscripto al objeto civil, el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe, con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fijó en ciento noventa y nueve mil setenta y dos soles el monto de la reparación civil que solidariamente abonarán Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses y los terceros civilmente responsables Dionicio Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza a favor de Felicita Uceda Custodio, menos los descuentos por la transacción extrajudicial de cinco de enero de dos mil trece y el pago del seguro La Positiva.

Luego de interpuestos los recursos de apelación por Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses [fojas ciento veintitrés y ciento treinta, respectivamente], la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emitió la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y seis, de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Ésta, revocando por mayoría la sentencia de primera instancia de fojas ciento ocho, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fijó en sesenta y seis mil setecientos veintiuno soles el monto de la reparación civil que solidariamente abonarán Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses y los terceros civilmente responsables Dionisio Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza a favor de Felicita Uceda Custodio.

TERCERO. Que los hechos materia de condena son los siguientes:

A. El veinte de marzo de dos mil doce, como a las catorce horas con treinta minutos, en circunstancias en que Ronald Anderson Gamarra Salguero conducía el automóvil color amarillo de placa de rodaje C seis K guión seiscientos cincuenta y nueve, de propiedad de Jayo Juica Nicanor y Reque Mechan Rosa Bertha, por la carretera nueva Monsefu-Chiclayo, trasladando pasajeros de sur a norte, al tratar de cruzar la vía de evitamiento fue impactado en su lado lateral posterior derecho por la parte frontal izquierda del camión volvo color blanco con placa de rodaje M dos K guión ochocientos cincuenta y cuatro, de propiedad de Dionisio Espinoza Galán y Cecilia Isabel Peña de Espinoza, conducido por Wilfredo Humberto Rosales Dioses, cuando éste se dirigía por la vía de evitamiento de la ciudad de Piura transportando pescado en sentido de Este a Oeste, en circunstancias en que trataba de cruzar la avenida Grau. Producto de la colisión, el automóvil conducido por el imputado Gamarra Salguero fue empujando hasta quedar en la intersección lado norte, lo que ocasionó que uno de los ocupantes del coche falleciera y dos de ellos sufrieran lesiones traumáticas: Elsa Agripina del Socorro Gonzales De Uribe y Manuel Traverso Zamora, requirieron atención facultativa de cinco días por cincuenta días de incapacidad médico legal, y cinco días de atención facultativa por cuarenta y cinco días de incapacidad médico legal, respectivamente; asimismo, falleció la agraviada Bertha Farro Uceda.

B. El Informe Técnico de Tránsito número cero cincuenta y seis guión dos mil doce guión DIVTRAN guión DEPIAT guión PNP guión CH, solicitado por este Tribunal Supremo para mejor resolver, concluyó que los condenados Rosales Dioses y Gamarra Salguero -conductores del camión y del automóvil, respectivamente- actuaron con negligencia al no desplazar su unidad a una velocidad excesiva para la vía, zona y momento, incluso el segundo no adoptó las medidas de seguridad y precaución al ingresar, sin dar preferencia de paso, a la intersección de la vía de evitamiento y avenida Grau, así como no tenía licencia de conducir, lo que acredita su falta de experiencia y de pericia. Por tanto, se superaron los límites establecidos para esa vía y zona urbana, pues la velocidad máxima permitida era de treinta y cinco kilómetros por hora.

C. Con posterioridad al accidente, el cinco de enero de dos mil trece -nueve meses después-, la madre de la occisa Bertha Farro Uceda, doña Felicita Uceda Custodio, celebró una transacción extrajudicial con Nicanor Jayo Juica y Rosa Bertha Reque Mechan -propietarios del vehículo conducido por el condenado Ronald Anderson Gamarra Salguero- por la suma de veinticinco mil -esta prueba documental, igualmente, se solicitó por esta Sala de Casación para mejor resolver-. Por su parte, la Compañía de Seguros La Positiva depositó a favor de Felicita Uceda Custodio el monto de catorce mil seiscientos soles por concepto de indemnización y tres mil seiscientos cincuenta soles por concepto de gastos de sepelio.

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CUARTO. Que el encausado Gamarra Salguero en su recurso de fojas ciento sesenta y cuatro, de nueve de mayo de dos mil dieciocho, introdujo como motivo de casación: infracción de precepto material (artículo 429, inciso 3, del Código Procesal Penal). Anotó que se interpretaron erróneamente los artículos 92 y 95 del Código Penal y los artículos 1188, 1189, 1302 y 1306 del Código Civil; que la transacción tiene efectos legales y vincula a los jueces.

Quinto. Que, cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas setenta y cuatro, de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, del cuadernillo formado en esta sede suprema, declaró bien concedidos los citados recursos formulados por el motivo de infracción de precepto material -se recondujo los demás motivos denunciados al mencionado precepto material, por cuestionar una institución material o sustantiva y sus alcances-, debido que la sentencia de vista recurrida se pronunció acerca de la procedencia de la reparación civil, sin perjuicio de la transacción invocada por las partes y de sus alcances, así como interpretó y aplicó determinados conceptos vinculados a dicha institución jurídica, que han sido objetadas impugnativamente.

Sexto. Que instruido el expediente en Secretaría, con la contestación del traslado y su ampliatorio por la actora civil Felicita Uceda Custodio [fojas sesenta y uno y ochenta del cuaderno de casación], y señalada fecha para la audiencia de casación el siete de marzo del presente año, ésta se realizó únicamente con la concurrencia de la defensora pública, doctora Judith Rebaza, conforme al acta precedente.

No asistieron, pese a su debida notificación, el tercero civil Dionicio Fausto Espinoza Galán y la actora civil Felicita Uceda Custodio, ni sus defensores. En consecuencia, de conformidad con el artículo 431, apartado 2, del Código Procesal Penal, se declaró inadmisible el recurso de casación que promovieron.

Séptimo. Que cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, de inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordó por unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los términos que a continuación se consignan y darle lectura en la audiencia programada el día de la fecha.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que el Tribunal Superior, en la sentencia materia de recurso de casación, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto a la reparación civil ordenada pagar solidariamente a los condenados Gamarra Salguero y Rosales Dioses, así como a los terceros civilmente responsables Espinoza Galán Peña de Espinoza, a favor de Felicita Uceda Custodio, madre de la fallecida Bertha Farro Uceda.

1. El juicio de culpabilidad penal se decidió en una sentencia anterior, debidamente confirmada. La responsabilidad penal recayó en los imputados Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses. Tres fueron los sujetos pasivos de los delitos materia de condena (homicidio y lesiones culposas): Bertha Farro Dioses, Elsa Agripina Gonzales de Uribe y Manuel Traverso Zamora.

2. Las dos últimas sentencias -de primera y segunda instancia- declararon la responsabilidad civil tanto respecto a los dos imputados -responsables directos- cuanto en lo atinente a Dionicio Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza, propietarios del camión conducido por el condenado Rosales Dioses – responsables indirectos-. Asimismo, declararon extinguida la obligación de pago por parte de Nicanor Jayo Juica y Rosa Bertha Reque Mechán, propietarios del vehículo conducido por el condenado Gamarra Salguero, a favor de Felicita Uceda Custodio.

3. Finalmente, la sentencia de vista, revocando la sentencia de primera instancia, fijó el monto de la reparación civil de ciento noventa y nueve mil setenta y dos soles a sesenta y seis mil setecientos veintiún soles -menos los descuentos que correspondan a la aludida transacción y al pago de Seguros La Positiva-, que serán cancelados solidariamente por los referidos condenados y los terceros civiles Nicanor Jayo Juica y Rosa Bertha Reque Mechán a favor de Felicita Uceda Custodio.

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Segundo. Que la reparación civil es una institución de Derecho civil e integra el objeto civil del proceso penal. Está sujeta a sus propias reglas de imputación, y a los principios y directivas típicas del Derecho civil -se requiere que una determinada conducta, más allá de que se le considere delito o no, cause un daño civil- Es de destacar, sobre el particular, (i) que la indicada relación jurídica civil es de derecho privado y, por tanto, en ella ha de partirse de la autonomía de la voluntad y de la existencia derechos subjetivos de los que sus titulares tienen la plena disposición, con todas las consecuencias que ello implica, empezando por la de que el interés privado puede ser satisfecho de modo extrajudicial; y, (ii) que la naturaleza de la acción civil derivada del delito participa del carácter dispositivo de las acciones reguladas en los Códigos Civil y Procesal Civil (conforme: Sentencia del Tribunal Supremo Español -en adelante, STSE- 936/2006, de diez de octubre), luego, no puede conceder más de lo solicitado por la parte que reclama, ni tampoco cosa distinta de lo reclamado (STSE 208/2017, de veintiocho de marzo).

La reparación civil que provenga del delito, por lo demás, puede ser objeto de transacción, conforme a lo taxativamente estipulado en el artículo 1306 del Código Civil; y, su concreción importa poner fin a un asunto dudoso o litigioso, evitando un proceso o finalizando el ya promovido (artículo 1302 del citado Código).

Asimismo, la responsabilidad civil -de los responsables directos e indirectos- es solidaria. Así lo preceptúan los artículos 95 del Código Penal, 1981 y 1983 del Código Civil. Este último precepto agrega que “…aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la reparación se hará por partes iguales” [el subrayado es nuestro].

TERCERO. Que en materia de responsabilidad extracontractual, y específicamente de daños generados a las víctimas como consecuencia de la comisión de un delito, la ley impone la solidaridad: la responsabilidad civil por el daño generado es asumida por todos los intervinientes en el delito y los que tienen responsabilidad civil vicaria o indirecta (terceros civilmente responsables). La regla es que todos los responsables del daño responden solidariamente -la obligación solidaria, primero, es una sola, aunque existe pluralidad de vínculos coligados; y, segundo, en ella concurre unidad de causa-.

Ello no impide, desde luego, que entre perjudicados y responsables civiles puedan celebrar transacciones específicas, en cuanto medios de extinción de las obligaciones. Según el primer párrafo del artículo 1188 del Código Civil la transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación, libera a los demás codeudores; y, conforme al artículo 1189 del citado Código, si la transacción se hubiere limitado a la parte de uno solo de los deudores, los otros no quedan liberados sino en cuanto a dicha parte.

Cuarto. Que, en el presente caso, se cuestiona el alcance de la transacción celebrada el cinco de enero de dos mil trece entre Nicanor Jayo Juica y Rosa Bertha Reque Mechán -propietarios del vehículo conducido por el condenado Ronald Anderson Gamarra Salguero- y la madre de la occisa Bertha Farro Uceda, doña Felicita Uceda Custodio, por la suma de veinticinco mil. Es decir, si la transacción abarcó la totalidad de la obligación o se limitó a la parte de uno solo de los deudores, pues en uno u otro caso los efectos jurídicos son distintos, atento a lo dispuesto en los artículos 1188, primer párrafo, y 1189 del Código Civil. Cabe aclarar que la hija de doña Felicita Uceda Custodio intervino en su representación, no por derecho propio; luego, la objeción formulada en este punto no es de recibo. Además, conforme al artículo 94, numeral 2, del Código Procesal Penal, la condición de agraviado se establece en función al orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código Civil; y, la madre -sin prueba que la víctima tenía descendencia-, es la que legalmente tiene la titularidad respectiva (orden sucesorio en segundo grado).

La transacción, como regla, solo alcanza a las personas que han suscripto el acuerdo. No perjudica ni aprovecha a los otros que no participaron en él, para quienes constituye res Ínter alios acto, es decir, configura un convenio entre terceros que no los afecta, salvo la regla excepcional de obligaciones solidarias en la medida en que la transacción comprenda la totalidad de la obligación.

Según el acta de transacción examinada, las partes se identificaron como tales en el presente proceso penal, los titulares del automóvil que conducía Gamarra Salguero reconocieron la responsabilidad que les asistía en los hechos, y, a partir del tal reconocimiento, aceptaron pagar a la deudora (madre de la occisa) la suma de veinticinco mil soles. No comprendieron a las demás partes procesales -intervinientes en el delito y a los otros terceros civilmente responsables-, para lo cual se requería una incorporación expresa y un ulterior juicio de razonabilidad del mismo por la autoridad judicial para determinar la corrección del monto fijado desde los intereses legítimos del conjunto de las partes procesales.

Siendo así, es de entender, entonces, que se trató del supuesto reglado por el artículo 1189 del Código Civil -la transacción se limitó exclusivamente a los dos deudores solidarios: Nicanor Jayo Juica y Rosa Bertha Reque Mechán-, por lo que “.. los otros [deudores solidarios] no quedan liberados sino en cuanto a dicha parte’’. En la fijación de la reparación civil debe determinarse, entonces, el monto correspondiente, con exclusión de la suma materia de transacción -así como de la cantidad abonada por la Compañía Seguros La Positiva Seguros-.

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Quinto. Que, a los efectos de la determinación del daño patrimonial y del daño moral, fijados en la sentencia recurrida, es menester fijar algunos puntos precisos relevantes para la causa.

1. La sentencia de vista resaltó, de un lado, el lucro cesante; y, de otro, el daño moral. En cuanto al lucro cesante, para su determinación, partió del hecho de que la difunta era profesora nombrada con veintiún años de servicios y con un sueldo mensual de mil doscientos soles, pero que lo fijó en un treinta por ciento de esa cantidad. El daño moral, sin más, lo estableció en diez mil soles.

2. Una de las vertientes del daño patrimonial es el lucro cesante -conjuntamente con el daño emergente-. El primero, se corresponde con las utilidades frustradas como consecuencia del hecho dañoso -ganancia dejada de obtener o la pérdida de ingresos, como consecuencia directa e inmediata del hecho lesivo-. Su acreditación no es, por lo general, en forma directa. En el presente caso se tomó como referencia el sueldo percibido por la occisa como maestra, pero asimismo se acotó que esa suma no puede identificarse con ganancia o legítimo enriquecimiento frustrado, pues es del caso descontar lo que la víctima ahorraría luego de satisfacer sus necesidades básicas. Ahora bien, el porcentaje fijado si bien está identificado, no ha sido explicitado -en este caso la motivación es insuficiente-, aun cuando fija un criterio práctico que permite conocer cómo se decantó el Tribunal para determinarlo. El lucro cesante también comprende, cuando se trata de reclamaciones dinerarias, el abono de los intereses moratorios, además de los legales o procesales que procedan tras el dictado de la sentencia -sobre este punto no se dice nada: motivación, en este punto, sería incompleta o parcialmente omitida-.

3. La sentencia no hizo mención al daño emergente, es decir, los gastos razonables o pérdidas sufridas por la familia de la víctima como consecuencia del hecho lesivo -el empobrecimiento del patrimonio de la familia-.

4. El daño moral solo ha sido enunciado y determinado sin un razonamiento específico. Es sabido que este tipo de daño inmaterial no se puede fijar mediante pruebas concretas, por lo que ha de recurrirse a un juicio global en que se tenga en cuenta un criterio de reparación basado en el sentimiento social de los daños producidos por la ofensa, en su entidad real o potencial, la relevancia o repulsa social de los mismos, las circunstancias personales de los ofendidos, la edad de la víctima, y, por razones de congruencia, las cantidades solicitadas por la actora civil -principio de rogación- (véase: SSTSE 1054/2003, de veintiuno de julio; y, 833/2009, de veintiocho de julio).

Sexto. Que, tratándose del montante de la reparación civil, el rol de la Corte Suprema es controlar si los órganos de instancia fijaron las bases que fundamentan la cuantía y si estas son razonables -según lo anotado en el fundamento jurídico anterior-. Ésta, por lo general, corresponde fijarla a los jueces de primera y segunda instancia, de manera que por lo general no es revisable en casación, pues al no establecer el Código Civil o el Código Penal criterios legales para señalar su cuantía, no cabe, no cabe apreciar en su determinación infracción de ley material. La rectificación de la cuantía, empero, corresponderá cuando (i) se rebase o exceda o tergiverse lo solicitado por las partes, (ii) se fijen defectuosamente las bases que la fundamentan, (iii) quede patente una evidente discordancia entre las bases estipuladas y la cantidad señalada como reparación civil, o (iv) se incurra en error notorio, arbitrariedad e irrazonable desproporción de la cuantía fijada (STSE 107/2017, de veintiuno de febrero).

La indemnización no puede fijarse vacío de datos o, en todo caso, omitir aspectos esenciales de su determinación, lo que ocasionaría la nulidad de la resolución inmotivada y que el Tribunal Superior dicte otra nueva resolución en que corrija aquella deficiencia (STSE 500/2005, de diecinueve de abril). Es posible, desde luego, que cuando el quantum indemnizatorio se verifique razonable, la ausencia de las bases respectivas no será motivo de rescisión de la sentencia porque la subsanación no tendrá incidencia alguna-en el fallo que se mantendría incólume (STSE 294/2012, de veintiséis de abril).

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Esto último no se ha producido; luego, es menester casar la sentencia de vista a fin de que un nuevo Colegiado Superior se pronuncie motivadamente respecto de las bases que fundamentan la cuantía y subsane las omisiones materiales detectadas -referidas a las exigencias jurídicas para afirmar la existencia de daños patrimoniales y morales, y a la determinación de la suma dinerada respectiva-, en función a las pretensiones de las partes y solo desde sus planteamientos, así como a las premisas dogmáticas estipuladas en esta Ejecutoria Suprema (artículo 433, apartado 2, del Código Procesal Penal).

DECISION

Por estos motivos: I. Declararon FUNDADO parcialmente el recurso de casación por infracción de precepto material interpuesto por el encausado Ronald Anderson Gamarra Salguero contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y seis, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en cuanto revocando por mayoría la sentencia de primera instancia de fojas ciento ocho, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fijó en sesenta y seis mil setecientos veintiuno soles el monto de la reparación civil que solidariamente abonarán Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses y los terceros civilmente responsables Dionicio Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza a favor de Felicita Uceda Custodio; con lo demás que al respecto contiene. II. CASARON la referida sentencia de vista; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: DISPUSIERON que otro Colegiado Superior dicte nueva sentencia de vista, según lo indicado en el fundamento jurídico sexto. III. MANDARON se publique la presente sentencia casatoria en la Página Web del Poder Judicial. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

S.S

SAN MARTÍN CASTRO
FIGUEROA NAVARRO
PRÍNCIPE TRUJILLO
SEQUEIROS VARGAS
CHAVEZ MELLA

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