Condenan a exfuncionarios de la municipalidad de Huarmey por negociación incompatible

Miembros de Comité Especial de Adquisición para Bienes y Servicios de Municipalidad Provincial de Huarmey otorgaron buena pro a postor que no contaba con requisitos y le dieron conformidad a servicio no atendido según bases.

(Foto: referencial)

Otorgar la buena pro para la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía valorizada en 4 millones 700 mil soles a un postor que no contaba con los requisitos exigidos por ley y darle conformidad sin que se haya cumplido el servicio les costará cuatro años y ocho meses de prisión efectiva a tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Huarmey, luego que el juez a cargo del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa los hallara responsables del delito de negociación incompatible.

Eduardo Tomás Escajadillo Gonzales, Presidente de la Comisión y Gerente de Administración y Finanzas y Jefe de Recursos Humanos del la comuna huarmeyana, en el año 2007 dio la conformidad de recepción del servicio de elaboración integrado de control de personal, cancelando el 100% del servicio, pese a que se comprobó que el sistema no se encontraba en uso, beneficiando al locador Marco Alberto Gambia Cervantes, sin haber verificado los términos de referencia y sobre todo, tener la conformidad del Jefe de Informática realizada ante la entrega del CD que contenía el software, el cual ni siquiera estaba en poder el municipio, infringiendo sus deberes funcionales.

En tanto el exgerente de Planeamiento, Jesús Oswaldo Lara Maca y el exjefe de Logística, Jaime Martin Díaz Casimiro, miembros del Comité Especial beneficiaron junto a otro sentenciado, otorgando la buena pro a un postor que no contaba con diploma de colegiación, pese a ser una de las exigencias de las Bases. Personal de Auditoria de la Contraloría General de la República pudo verificar las falencias en el servicio, al advertir que al 31 de agosto del 2009, el sistema no funcionaba.

Estos elementos de convicción presentados por el representante del Ministerio Publico fueron determinantes para que el juez Efer Diaz Uriarte los condenara a cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva e inhabilitación de ejercer cargos públicos, tiempo que se computará una vez oficializada su captura e internamiento en un penal.

Chimbote, 19 de enero del 2018
Oficina de Imagen Institucional – Prensa
Corte Superior de Justicia del Santa