[Keiko Fujimori] Ernesto Blume propone declarar fundado hábeas corpus y sancionar a juez Concepción Carhuancho

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, entregó hoy en la tarde el proyecto de resolución del hábeas corpus presentado a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdco con El Comercio, el magistrado propone que se declare “fundado” el recurso. Además, incluiría que se sancione al juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la prisión preventiva por 36 meses contra Fujimori Higuchi, el 31 de octubre de 2018.

“El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, entregó esta tarde su ponencia del hábeas corpus del caso Keiko Fujimori. La ponencia fue entregada encriptada, con clave individual y personal. Solo los magistrados miembros del pleno del TC pueden acceder a ella. Se busca evitar filtraciones”, respondieron desde la presidencia del Tribunal Constitucional, según el mismo medio de prensa.

Como se recuerda, Blume anunció la semana pasada que, como juez ponente de la causa, presentaría hoy el proyecto de resolución, a fin de que sea sometido a debate y votación del Pleno del Tribunal, integrado por los siete magistrados.

Antecedentes

Como se recuerda, el pasado 4 de julio llegó al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional, la demanda de hábeas corpus interpuesta por Sachi Fujimori a favor de su hermana, Keiko Fujimori [Exp. 02534-2019-HC/TC].

El hábeas corpus está dirigida contra el juez provincial Richard Concepción Carhuancho, así como los jueces superiores César Sahuanay, Jéssica León e Iván Quispe (miembros de la Segunda Sala Penal de Apelaciones), por presuntamente haber vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal, en agravio de la lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori cumple prisión preventiva desde octubre de 2018, medida que fue dictada por el juez Concepción Carhuancho, confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, y revocada en cuanto al plazo por la Corte Suprema. Este órgano dispuso que la medida de coerción sea de 18 meses y no de 36.