[Caso Accomarca] Cosa juzgada e imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad [R.N. 3022-2016, Lima]

Sumilla: Caso Accomarca. El proceso desarrollado en el fuero en el fuero militar no puede ser tomado en cuenta para generar cosa Juzgada inmutable, por lo que el plazo de su avocamiento hasta enero de mil dos no se contabilizará para los plazos de prescripción sin que ello vulnere la garantía del ne bis in idem. Asimismo, dado que los delitos imputados a los procesados tienen la categoría jurídica de lesa humanidad, resulta pertinente la aplicación de la imprescriptibilidad de la acción penal como consecuencia de ello.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. 3022-2016, LIMA

Lima, veinte de setiembre de dos mil diecisiete

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por:
El fiscal superior y la parte civil contra la sentencia del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en los extremos que:

a) Absolvió de la acusación fiscal a MANUEL ENRIQUE APARICIO SALDAÑA, JÓSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA; HELBERA ALEJANDRO GÁLVEZ FERNÁNDEZ Y RICARDO ALBERTO SOTERO NAVARRO, por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato, en perjuicio de Juliana Baldeón García y otros.
a) Absolvió de la acusación fiscal a WILFREDO MORÍ ORZO, NELSON GONZALES FERIA, CARLOS DARÍO PASTOR DELGADO MEDINA, MANUEL ENRIQUE APARICIO SALDAÑA y TELMO RICARDO HURTADO HURTADO, por el delito contra la vida el cuerpo y la salud-asesinato, en perjuicio de Ceilio Gambia Mendoza, Padua Quispe Chuchón, Ciriana Quispe Martínez de Gamboa, Agustina Melgar de Baldeón, Marcelina Janampa viuda de Pujaico, Brígida Pérez Chávez y Alejandro Baldeón Pérez.
a) Absolvió a HELBER ALEJANDRO GÁLVEZ FERNÁNDEZ por el delito contra la libertad individual-secuestro y desaparición forzada, en perjuicio deMartín Baldeón Ayala y Paulina Pulido Adiados de Baldeón.

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2. El procesado TELMO RICARDO HURTADO HURTADO, contra la misma sentencia, en el extremo que lo condenó como autor material del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato, en perjuicio de Juliana Baldeón García y otros; y como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato, en perjuicio de Filomeno Chichón Tecse, a veintitrés años de pena privativa de la libertad.

3. Los procesados JUAN MANUEL ELÍAS RIVERA RONDÓN, REMO DANIEL SALAS ÁVILA, CLIDER VENANCIO RAMÍREZ, FRANCISCO MARCAÑAUPA OSORIO, PEDRO NÉSTOR AMAYA MIRANDA Y VICENTE DIONISIO CHUPAN HERRERA, contra la misma sentencia, en el extremo que los condenó como autores materiales del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato, en perjuicio de Juliana Baldeón García y otros; el primero a veinticuatro años y los demás a diez años de pena privativa de la libertad.

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4. Los procesados WILFREDO MORÍ ORZO,NELSON GONZALES FERIA Y CARLOS DARÍO PASTOR DELGADO MEDINA contra la misma sentencia, en el extremo que condenó por unanimidad a WILFREDO MORI ORZO, NELSON GONZALES FERIA y CARLOS DARIO PASTOR DELGADO MEDINA contra la misma sentencia, en el extremo que condeno por unanimidad a WILFREDO MORI ORZO, como autor mediato del delito de asesinato, en perjuicio de Juliana Baldeón García y otros, a veinticinco años de pena privativa de la libertad; y, condenó por mayoría a NELSON GONZALES FERIA Y CARLOS DARÍO PASTOR DELGADO MEDINA, como autores mediatos del delito de asesinato, en perjuicio de Juliana Baldeón García y otros, a veinticinco años de pena privativa dé la libertad, respectivamente.

5. La PARTE CIVIL, contra la misma sentencia, en el extremo que fijó en ciento cincuenta mil soles el monto por concepto de reparación civil que deberán abonar solidariamente a favor de los herederos de cada uno de los agraviados; y solicito que se incorpore al Estado para el pago de la reparación civil en su calidad de tercero civilmente responsable.

De conformidad, en parte, con lo opinado por la señora Fiscal Suprema lo Penal.
Intervino como ponente el señor juez supremo PRÍNCIPE TRUJLLO.

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CONSIDERANDO

Primero. El FISCAL SUPERIOR y la PARTE CIVIL coincidieron en señalar en sus recursos formalizados (véanse a fojas treinta y ocho mil doscientos treinta y ocho, y treinta y ocho mil doscientos sesenta y siete) que:

1.1. Respecto a la absolución del procesado MANUEL ENRIQUE APARICIO SALDAÑA, señala que debió considerarse que la versión brindada por este procesado a nivel de instrucción y su ampliatoria contienen datos de corroboración periféricos que no brindó en su declaración durante juicio oral, en cuanto a su participación como miembro del Estado Mayor donde colaboró en la elaboración e implementación del Plan Huancayoc. Asimismo, tampoco se tomó en cuenta que el propio procesado Telmó Ricardo Hurtado Hurtado lo confrontó para que dijera la verdad -al existir contradicciones-, puesto que este fue quien le entregó al guía Filomeno Chuchón Tecse.

1.2. Respecto a la absolución del procesado JOSÉ WILLIAMS ZAPATA, se aprecia que la Sala Superior no valoró la declaración del teniente José Enrique Cuadros García, quien manifestó que entre marzo y abril de mil novecientos ochenta y cinco sostuvo una reunión junto a otros integrantes de la Compañía, donde sé señaló que Williams Zapata afirmó que los partes de las operaciones militareis desde esa fecha ya no considerarían a los muertos, a excepción de los mandos importantes o cuando se recuperara armamentos; lo cual fue corroborado también por Telmo Ricardo Hurtado Hurtado. Asimismo, debió sopesarse todas las patrullas linces tenían como jefe máximo al procesado Williams Zapata, quien dependía directamente del jefe de Estado Mayor, comandante general Wilfredo Mori Orzo.

1.3. Respecto a la responsabilidad del procesado Ricardo Alberto Sotero Navarro, se tiene que de la confrontación entre Telmo Hurtado y Sotero Navarro se estableció que este último ordenó a su patrulla que quemaran otros cuerpos como si todos fueran de una sola acción, respecto a los hechos concernientes di doce de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, de tal forma que este procesado dio las instrucciones para ejecuciones extrajudiciales.

1.4. Respecto al procesado Helber Alejandro Gálvez Fernández, no se tomó en cuenta que se logró establecer, por la confrontación entre este y Telmo Hurtado, que si bien no tenía la competencia funcional para participar en los planes de operaciones, sí estuvo en la reunión del doce de agosto, al igual que en la coordinación para llevar el mensaje a su coprocesado Sotero Navarro. Además, este dispuso para la ejecución del operativo, la designación del jefe de patrulla “Tigre”; y era responsable de la base de Vilcashuamán, por lo que recibía cuenta diariamente de los detenidos, aun cuando ello fuera competencia del Comandante del Área de Seguridad, por lo que tampoco se le debió absolver por la desaparición de los esposos Baldeón.

1.5. Respecto a la absolución de los procesados Wilfredo Morí Orzo, Nelson Gonzales Feria, Carlos Darío Pastor Delgado Medina, Manuel Enrique Aparicio Saldaña y Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, por los hechos acaecidos el trece de setiembre de mil novecientos ochenta y cinco, debió tomarse en cuenta que de la misma forma en que se produjo la matanza de Accomarca, el catorce de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, donde se siguió la cadena de mando que partió desde el Estado Mayor Operativo, como autores mediatos, hasta las ejecutores, como autores directos; ese mismo razonamiento debió aplicarse para los hechos ocurridos con posterioridad, más aún sí estos tenían la finalidad de ocultar los primeros hechos y borrar toda evidencia de lo sucedido.

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Segundo. El procesado TELMO RICARDO HURTADO HURTADO expresó su disconformidad con la sentencia recurrida (véase a fojas treinta y ocho mil ciento once) y señaló:

2.1. La extradición autorizada por el gobierno de los Estados Unidos no contempló el delito de homicidio por el guía Filomeno Chuchón Tecsé ni tampoco la configuración del delito de lesa humanidad. Por lo que, al no haber sido solicitado por el Estado peruano no debió ser materia ele enjuiciamiento y condena.

2.2. No se merituó debidamente el juicio de culpabilidad, en el sentido de que se encontraba afectado en su juicio mental por un error de comprensión culturalmente condicionado, dada su formación militar vertical, el estrés de guerra, su nula instrucción en guerra contrasubversiva y- derechos humanos, la creencia de que todos los pobladores eran terroristas, la concepción militar de que todo elemento enemigo debe ser eliminado y la presión puesta y condicionada sobre el Ejército peruano.

2.3.  No existe peritaje psicológico que establezca rasgo patológico homicida en su contra y, por el contrario, se tiene que es un individuo normal que actuó en error de prohibición vencible en relación a la posibilidad de que todos en la zona eran terroristas. Además, debió reconocerse que no podía exigírsele una conducta distinta más que la de cumplimiento del deber.

2.4. Debió utilizarse retroactivamente el sistema de tercios contemplado en el Código Penal por ser más benigna en la determinación judicial de la pena. Igualmente, debió aplicarse el tipo penal contemplado en el Código Penal .de mil novecientos noventa y uno y no el de mil novecientos veinticuatro.

2.5. Se violó la garantía de ne bis in ídem[1], ya que la Corte Suprema en una anterior oportunidad dirimió competencia a favor del fuero militar, basada en la Ley veinticuatro mil ciento cincuenta, cuya posterior declaratoria de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos ni permite reabrir procesos fenecidos. Asimismo, al no ser un hecho calificable como de lesa humanidad, debió operar la prescripción el trece de agosto de dos mil quince; y, además, existe falta dé motivación del monto de la reparación civil impuesta.

Tercero. La defensa conjunta de los procesados JUAN MANUEL ELÍAS RIVERA RONDÓN y REMO DANIEL SALAS ÁVILA (véase a fojas treinta y ocho mil trescientos ochenta y dos) señaló que:

3.1. La sentencia recurrida adolece de motivación por resultar esta insuficiente e indebida, puesto que el Plan de Operaciones, aceptado como legal por la Sala Superior, no puede interpretarse como misionamiento para la eliminación, física de los pobladores que pudieran ubicarse en la localidad de Llocllamapampa.

3.2. Pese a que la acusación fiscal se centró en el Plan Huancayocc o Plan 17, la 3 dia Superior aceptó el cambio de orden por parte del jefe de la Sección de Inteligente del Estado Mayor-G2.

3.3. No existe justificación para desestimar las versiones de los soldados integrantes de la Patrulla Lince 7, pues la versión brindada por Telmo Hurtado Hurtado durante el juicio oral no presenta datos de corroboración.

3.4. No se tomó en cuenta que los testimonios de los sobrevivientes entrevistados por las comisiones de! Congreso coincidieron en que solo fue una patrulla la que realizó los asesinatos y los periódicos de la época informaron que únicamente algunos miembros de la patrulla Lince 7 y no de Lince 6.

3.5. Tampoco se valoró que el procesado Rivera Rondón negó categóricamente haberse encontrado con Telmo Hurtado Hurtado en la quebrada Llocllapampa.

3.6. No existe prueba que desacredité la versión de Salas. Ávila respecto a que su función se limitó a establecer comunicación por radio, por lo que se dirigió, junto a dos soldados a la parte alta, para poder captar señal, más aún si este desconocía de la orden de matar a los pobladores; por ello no existe certeza de que la tropa de Lince 7 supiera que Telmo Hurtado iba a asesinar a los pobladores agraviados.

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Cuarto. Los acusados CLIDER BENANCIO RAMÍREZ, FRANCISCO MARCAÑAUPA OSORIÓ, PEDRO NÉSTOR AMAVA MIRANDA y VICENTE DIONISIO CHUPÁN HERRERA, interpusieron sus recursos de nulidad (véanse a fojas treinta y ocho mil doscientos sesenta y siete, treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco, treinta y ocho mil trescientos veinticinco, y treinta y ocho mil trescientos cincuenta y tres), en el que coincidieron en señalar que:

4.1. No existe prueba de cargo concreta que los vincule como los autores materiales del delito de asesinato, ni que revele que hubieran tomado conocimiento de la orden yerbal sustitutiva; por lo que se les debió absolver al prevalecer la presunción de inocencia ante duda razonable.

4.2. Debió valorarse positivamente lo afirmado por el testigo Sixto Baldeón Pulido, quien en juicio oral mencionó haber visto solo a un militar realizar el ametrallamiento de las personas que se encontraban en el interior de la choza.

4.3. No existe prueba debida y suficientemente desplegada que acredite inequívocamente la real conformación de la patrulla Lince 7, más aún si la sentencia determinó la absolución de un miembro dé dicha patrulla por no pertenecer realmente a esta (Víctor Andrés Sierra Poma).

4.4. La declaración de Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, quien no recordó los nombres ni las características de los soldados conformantes de la patrulla Lince 7, por lo que es insuficiente para afianzar probanza sobre la conformación del grupo de soldados con los que él disparó contra los pobladores.

4.5. Resultó indebido que la Sala Superior no diera crédito, a sus versiones respecto a las funciones que desempeñaban dentro de la compañía pues no todos sus integrantes tenían por función la incursión, sino que existían posiciones de seguridad, radió y salud, las qué no tiene nada que ver con las acciones desplegadas en ja fecha dé los hechos.

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Quinto. La PARTE CIVIL, adicionalmente a los aspectos de fondo señalados en el primer considerando, también recurrió en cuanto a la determinación de la reparación civil. Al respecto, señalo que:

5.1. Se debe Incrementar el monto fijado por la Sala Superior en consideración a que los hechos consisten en asesinatos múltiples, de varias decenas de víctimas. El tiempo del sistema de justicia ha sido exagerado si se toman en cuenta las expectativas de las víctimas, por lo que solicita su incremento a doscientos mil soles por cada víctima.

5.2. No se estableció la coresponsabilidad civil del Estado, pese a que en la etapa de instrucción se aceptó su incorporación como Tercero Civilmente Responsable, y se notificó en su oportunidad al Procurador del Ministerio de Defensa, con notificación del seis de diciembre de dos mil cinco.

Aspectos preliminares sobre el escenario social y político de los hechos.

Sexto. A pesar de que en la sentencia recurrida (véase del fundamento jurídico quincuagésimo noveno al sexagésimo primero), se precisó el contexto de la guerra contrasubversiva en que se desarrollaron los hechos materia de autos, resulta prudente recalcar ciertos aspectos que deben ser tomados en cuenta como antecedentes, a fin de entender las causas y circunstancias que motivaron el desarrollo de los graves hechos perpetrados contra pobladores de nuestra nación.

Sétimo. Nuestro país sufrió de manera desmesurada el fenómeno del terrorismo desde ja década de los ochenta en adelante. Estas acciones encabezadas por el autodenominado Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso (en adelante PCP-SL) y su ideología errada estuvieron dirigidas no solo contra autoridades públicas, sino también contra la ciudadanía que no aceptaba sus condiciones e imposiciones da ideología; y las mismas abarcaron distintos tipos de conductas delictuales plurisubjetivas, entre las que se destacaron secuestros, asesinatos, violaciones, daños y disturbios.

Octavo.  Sin embargo, ningún departamento de nuestro país sufrió dicho flagelo de manera tan grave y doloroso como nuestros compatriotas de Ayacucho y sus diferentes provincias, distritos y poblados. Fue así que el gobierno se vio en la necesidad de Intervenir con sus fuerzas del orden, a fin de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos y la seguridad del país; por lo que el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y dos se declaró a Ayacucho en zona de emergencia y con ello se otorgó el control de su seguridad a las Fuerzas Armadas.

Noveno. A partir de este momento se inició un conflicto armado entre las fuerzas del orden y los miembros del PCP-SL. No obstante, debe recordarse que el modo de accionar y crecimiento de este grupo terrorista distaba del comportamiento de un enemigo tradicional, debido a que sus miembros eran también parte de las comunidades y representaban una seria dificultad para ser diferenciados por las fuerzas del orden respecto de quienes se atacaban y defendían.

Décimo. El conflicto armado resultó una tarea agobiante para/las fuerzas estatales militarizadas quienes frente a la dificultad que presentaban los terrenos donde se producían los enfrentamientos, las distancias entre las zonas de incursión y las bases militares, la dura tarea de identificación de los presuntos terroristas y las condiciones personales de los oficiales, suboficiales y tropas, conllevaron a que la finalidad original de protección de la sociedad civil resulte distorsionada, como las que analizaremos en el presente proceso.

[Continúa]


[1] Principio que prohíbe que una persona se procesada o sancionada más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Entiéndase de este modo en lo sucesivo.

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