Actor civil no tiene legitimidad para activar persecución penal si fiscal no impugna la absolución [Casación 413-2014, Lambayeque]

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Celis Francisco Mendoza Ayma: “La Casación 413-2014, Lambayeque es equívoca. Ha dado lugar a la práctica de un procedimiento no regulado por el CPP. Así, se habilita a la Fiscalía Superior a sostener un objeto punitivo, no obstante que este extremo quedó firme con la conformidad del Fiscal Provincial. Con ello se afectan varios principios, centralmente el principio de congruencia recursal, pues los jueces superiores se pronuncian respecto de un objeto penal no impugnado por la Fiscalía Provincial, utilizando como vehículo la pretensión impugnatoria del objeto civil interpuesta por el actor civil o al agraviado.”

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

CASACIÓN 413-2014, LAMBAYEQUE

VISTOS; el recurso de casación interpuesto por la defensa del encausado Homero Gonzalo Duárez Sáenz contra la sentencia de vista de fojas quinientos veinte, del dieciocho de marzo de dos mil catorce, que declaró nula la sentencia de fojas doscientos ochenta y uno, del once de noviembre de dos mil trece, que lo absolvió de la acusación fiscal formulada por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de parricidio, en agravio de María Del Carmen Requejo Chanamé. Interviene como ponente el señor Juez Supremo PARIONA PASTRANA.

FUNDAMENTOS DE HECHO

ITINERARIO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA

PRIMERO.- Al encausado Homero Gonzalo Duárez Sáenz se le inculpó como coautor por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de parricidio, en agravio de María Del Carmen Requejo Chanamé. En la etapa de Juzgamiento, el Ministerio Público formuló requerimiento acusatorio complementario para que se le juzgue como cómplice primario, petición amparada por el Juzgado Penal Colegiado por resolución del dieciocho de octubre de dos mil trece, tal como se aprecia del acta de registro de audiencia de juzgamiento de fojas doscientos setenta y dos [véase cuaderno de debate].

SEGUNDO.- En el curso del Juicio de primera instancia el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por sentencia de fojas doscientos ochenta y uno, del once de noviembre de dos mil trece, absolvió a Homero Gonzalo Duarez Saénz de los cargos formulado por el Ministerio Público como coautor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de parricidio, en agravio de María Del Carmen Requejo Chanamé.

TERCERO.- Contra la referida sentencia, la Parte civil -ver fojas cuatrocientos dieciséis- y el Ministerio Público -ver fojas cuatrocientos treinta y ocho- interpuso recurso de apelación; emitiéndose el auto de fojas cuatrocientos cuarenta y siete, del veintiuno de noviembre de dos mil trece, concediendo dicha impugnación a favor de la Parte Civil y declaró inadmisible por extemporánea la impugnación del representante del Ministerio Público.

II. TRÁMITE IMPUGNATIVO EN SEGUNDA INSTANCIA

CUARTO.- El Superior Tribunal, culminado la fase de traslado de la impugnación, conforme al auto de fojas quinientos once, del veinte de enero de dos mil catorce -del cuaderno de debate-, y realizada la audiencia de apelación, cumplió con emitir y leer en público la sentencia de vista de fojas quinientos veinte, del dieciocho de marzo de dos mil catorce -del cuaderno de debate-.

QUINTO.- La sentencia de vista declaró nula la sentencia de primera instancia que absolvió a Homero Gonzalo Duárez Sáenz de los cargos formulados como coautor del delito de parricidio, en agravio de María Del Carmen Requejo Chanamé.

III. TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN

SEXTO.- Leída la sentencia de vista, el imputado Homero Gonzalo Duarez Sáenz interpone recurso de casación mediante escrito de fojas quinientos treinta -del cuaderno de debate-, e introdujo como motivo el desarrollo de doctrina jurisprudencial en relación al principio de congruencia procesal, la legitimidad del actor civil para activar una persecución penal cuando el Ministerio Público no apela una absolución y el derecho de defensa en la audiencia de apelación.

SÉTIMO.- Declarado inadmisible el recurso de casación por la Sala de Apelaciones, mediante auto de fojas quinientos cuarenta y seis, del diecinueve de mayo de dos mil catorce, el encausado Homero Gonzalo Duárez Sáenz interpone queja de derecho ante esta Suprema Corte de Justicia de la República contra la precitada resolución.

OCTAVO.- Declarado fundado el recurso de queja de derecho por resolución de fojas quinientos ochenta, del catorce de julio de dos mil catorce, se elevó la causa a este Supremo Tribunal.

NOVENO.- Cumplido el trámite de los traslados a las partes recurridas, esta Suprema Sala mediante Ejecutoria de fojas setenta y ocho, del diez de noviembre de dos mil catorce -del cuadernillo de casación-, admitió a trámite el recurso de casación para determinar la infracción al principio de congruencia recursal, la legitimidad del actor civil para activar una persecución penal cuando el Ministerio no impugna una sentencia absolutoria y el ejercicio de derecho de defensa en la audiencia de apelación y, además, entendió que debía desarrollarse doctrina jurisprudencial respecto de dichos temas.

DÉCIMO.- Instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el día de la fecha, instalada la audiencia y realizados los pasos que corresponden conforme al acta que antecede, el estado de la causa es la de expedir sentencia.

DÉCIMO PRIMERO.- Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública -con las partes que asistan- se realizará por la Secretaría de la Sala, el martes cinco de mayo de dos mil quince a horas ocho y treinta de la mañana.

IV. AGRAVIOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

DÉCIMO SEGUNDO.- La defensa del encausado Duárez Sáenz fundamenta su recurso de casación a fojas quinientos treinta, esgrimiendo que:

i) el artículo 95.1 literal d) del CPP le otorga al agraviado, por ende, al actor civil el derecho de impugnar una sentencia absolutoria, pero esta apelación debe estar referida únicamente a lo que es propio de su legitimidad procesal, esto es, la acción civil por los daños producidos;

ii) el ejercicio de la acción penal es monopolio del Ministerio Público, tanto, el actor civil puede impugnar una sentencia absolutoria, pero únicamente para discutir la existencia de un daño indemnizable;

iii) la acción penal fue decidida por el Juzgado Colegiado de forma e (por no haber apelado el representante del Ministerio Público), de manera tal, que no es posible variar de pronunciamiento por medio del ejercicio, por vía apelación, del actor civil;

¡v) la sentencia de vista ha violado el carácter firme de la sentencia absolutoria en su extremo penal, pues el Ministerio Público, titular exclusivo de la acción penal, consintió la absolución;

v) la sentencia de vista declaró la nulidad de la sentencia absolutoria alegando que el Juzgado Colegiado no valoró la prueba consistente en el reporte de llamadas telefónicas entrantes y salientes y de las celdas respectivas, de los teléfonos celulares de la agraviada [979932595] y el encausado [970959107], indicando que tal documental era importante para establecer la real ubicación del acusado momentos previos o durante el tiempo en que se habría producido el hecho delictivo; sin embargo, considera que aquella resulta impertinente e inconducente para probar un acto de participación en el delito, pues lo único que ese reporte probaría es la ubicación aproximada con base en las celdas receptoras de las llamadas celulares, pero no lo que se hacía en ese momento;

vi) existe una manifiesta violación al principio de correlación entre la acusación y la sentencia porque se exige que el Juzgado Colegiado valore un reporte de llamadas telefónicas que no tiene ninguna relación con la tesis fáctica del Ministerio Público, ya que no tiene virtualidad de probar algo nuevo en términos de participación en el deceso de la occisa;

vii) el actor civil interpuso recurso de apelación, sin embargo, ni su escrito de impugnación ni en la exposición realizada durante la audiencia de apelación, mencionó la prueba consistente en el reporte de llamadas entrantes y salientes y de las celdas respectivas, de los bnos celulares de la agraviada [979932595] y el encausado [90959107], tampoco, aludió a la real ubicación del imputado momentos previos o durante el tiempo en que se habría producido el hecho delictivo como sustento de sus agravios;

viii) los integrantes de Sala de Apelaciones y el representante del Ministerio Público que intervinieron en la audiencia de apelación, no hicieron mención al reporte de llamadas telefónicas; y,

ix) la defensa absolvió el traslado de todos los puntos alegados como agravios por el actor civil en su recurso de apelación; no habiéndose efectuado ninguna observación ni planteado nada referido al informe de reporte de llamadas telefónicas, lo cual lesiona de forma insubsanable el derecho de defensa; por consiguiente, pretende que se establezca si un Tribunal Superior puede, en un proceso acusatorio de corte garantista, resolver sin haber dado la posibilidad a la defensa técnica de pronunciarse sobre el punto que es decisivo en la decisión judicial sobre el fondo.

V. DELIMITACIÓN DEL OBJETO FÁCTICO

DÉCIMO TERCERO.- La sentencia de vista de fojas quinientos veinte, del cuaderno de debate, del dieciocho de marzo de dos mil catorce, en su fundamento sétimo, sostiene lo siguiente; “…) pese a que el Ministerio Público ofreció, entre las pruebas de cargo el reporte de llamadas entrante y saliente y de las celdas respectivas, de los teléfonos celulares, tanto de la agraviada [979932595] como del acusado [970959107], tal documental no ha sido objeto de análisis y valoración de parte del A quo, a fin de establecer la real ubicación del acusado en los momentos previos y durante el tiempo en que se habría producido el hecho delictivo, en horas de la mañana del seis de enero de dos mil once, máxime si el acusado ofreció en su descargo una pericia de parte para explicar aspecto técnicos de la comunicación celular y ubicación del móvil (…) cuestión que merece ser debatida y analizada prolijamente, dada la transcendencia de tal medio de prueba respecto de la imputación de coautoría en el delito (…)”.

DÉCIMO CUARTO.- Tal delimitación implicó que el Tribunal de Revisión centrara su censura en el reporte de llamadas telefónicas entrantes y salientes y de las celdas respectivas, de los teléfonos celulares, de la agraviada [979932595] y el encausado [970959107], lo cual no ponía en cuestión las partes procesales, y pese a que, precisamente, ese no era el ámbito estricto del recurso de apelación, se declaró nula la sentencia absolutoria.

VI. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

DÉCIMO QUINTO.- Conforme ha sido establecido en la Ejecutoria Suprema de fojas setenta y ocho, del diez de noviembre de dos mil catorce -del cuaderno de casación-, el motivo de casación admitido es para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, específicamente referidos a la legitimidad del actor civil para activar una persecución penal cuando el Ministerio Público no impugnó una sentencia absolutoria, principio de congruencia recursal y el ejercicio de defensa en la-audiencia de apelación.

A. DE LAS FACULTADES DEL ACTOR CIVIL Y EL PRINCIPIO ACUSATORIO

DÉCIMO SEXTO.- El derecho a impugnar está consagrado por el inciso sexto del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, que preceptúa como garantía del debido proceso, la pluralidad de instancia en cualquier proceso jurisdiccional o administrativo; sin embargo, la normatividad legal que regula estos procesos, en nuestro caso, el Código Procesal Penal, señala a los sujetos procesales legitimados para que este derecho pueda ser ejercido.

DÉCIMO SÉTIMO.- El artículo ciento cuatro del Código Procesal Penal establece que las facultades del actor civil son; deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la Ley prevé; correspondiendo precisar que sin perjuicio de aquellos derechos, también le son atribuidos los derechos que le asiste al agraviado; así, tenemos que el artículo noventa y cinco de la citada norma señala como derechos -entre otros en su inciso d)- impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.

DÉCIMO OCTAVO.- De lo anotado precedentemente, se tiene que existe una definición clara del rol protagonista que le corresponde al actor civil. Esta línea jurisprudencial se plasmó en la Casación N° 353-2011, Arequipa, del cuatro de junio de 2013, que en su fundamento jurídico 4.5, señala que: “(…) el agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del proceso penal, encontrándose facultado por el Código Procesal Penal para participar activamente en el desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión (…)”; por consiguiente, no existe duda que al actor civil le asiste el derecho de apelar en resguardo de sus intereses, pues bajo ese contexto está legitimado para impugnar la sentencia absolutoria.

DÉCIMO NOVENO.- De otro lado, habiéndose establecido que sí es facultad del actor civil el recurrir una sentencia absolutoria, queda por establecer si existe legitimidad del actor civil para activar una persecución penal cuando el Ministerio Público no impugna una sentencia absolutoria.

VIGÉSIMO.- Al respecto, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en el expediente número dos mil cinco – dos mil seis – PHC/TC, señala que: “(…) La primera de las características del principio acusatorio mencionadas guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo ciento cincuenta y nueve de la Constitución, entre otras, de ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. (…) Si el Fiscal Supremo coincide con la opinión del Fiscal Superior respecto del no ha lugar a juicio y archiva el proceso, se pronunciará en ese sentido, devolviendo la causa a la Sala Penal para que dicte la resolución de archivo (…)”.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Estando a lo expuesto, se debe tener en consideración que emitida una sentencia absolutoria, y leída la misma en audiencia pública o privada (según el caso), cuando el único impugnante sea el actor civil, y el Fiscal Provincial exprese su conformidad con la misma, deberá verificarse si, el Fiscal Superior al momento de llevarse a cabo la audiencia de apelación, reitera su conformidad con la sentencia absolutoria.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Siendo ello así, este Supremo Tribunal considera que la Sala de Apelaciones no tiene más que confirmar la absolución; toda vez que, el inciso cinco del artículo ciento cincuenta nueve de la Constitución Política del Estado, establece que corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, mientras que el artículo catorce del Decreto Legislativo número cero cinco dos, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba, y el artículo de la precitada norma regula que el titular de la acción penal es el representante del Ministerio Público; aunado a ello, se debe tener presente que el artículo quinto de la Ley Orgánica aludida, establece la autonomía del Ministerio Público y preceptúa que están jerárquicamente organizados y deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.

CONTINÚA…

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