“La Corte se inclina reverente ante las enseñanzas de la experiencia y la fuerza del más alto razonamiento y reconoce que el proceso de tanteos, tan fructífero en las ciencias físicas, también es apropiado en la función judicial”.

Louis D. Brandeis, Juez Asociado de la Corte Suprema de los EE.UU., Burnet vs. Coronado Oil and Gas Co., 1932


Desde el día en que la Corte Suprema de los Estados Unidos se reunió por vez primera en 1790, ha emitido miles de opiniones sobre todos los temas, desde los poderes del gobierno hasta los derechos civiles y la libertad de prensa. A pesar de que muchas de esas decisiones son poco conocidas y tienen escaso interés para el público en general, varias de ellas destacan por el impacto que han tenido en la historia del país. Algunos de los casos más significativos se resumen a continuación.

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1. MARBURY VS. MADISON (1803)

Conocido a menudo como la decisión más importante en la historia de la Corte Suprema, el caso Marbury vs. Madison estableció el principio de revisión judicial y la facultad de la Corte para juzgar la constitucionalidad de las acciones de las ramas legislativa y ejecutiva.

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El caso surgió de una disputa política en la secuela de la elección presidencial de 1800, en la cual Thomas Jefferson, un demócrata-republicano, se impuso al presidente en el cargo, John Adams, que era federalista. En los días postreros de la administración de Adams, el Congreso dominado por los federalistas creó cierto número de puestos judiciales, entre ellos los de 42 jueces de paz para el distrito de Columbia. El Senado ratificó los nombramientos, el presidente los firmó y al secretario de estado le fue asignada la responsabilidad de sellar y enviar los nombramientos correspondientes. A causa de la premura de las actividades de último minuto, el secretario de Estado saliente se olvidó de enviar los nombramientos a cuatro de los nuevos jueces de paz, uno de los cuales era William Marbury.

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El nuevo secretario de Estado del presidente Jefferson, James Madison, se negó a entregar los nombramientos porque la nueva administración se sentía indignada al saber que los federalistas habían tratado de perpetuar a los jueces de su propio partido en el aparato judicial. Entonces Marbury presentó una demanda en la Corte Suprema para obligar a Madison a que le entregara su notificación.

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Si la Corte fallaba a favor de Marbury, Madison se habría podido seguir negando a entregar el nombramiento y la Corte no habría tenido recurso alguno para obligarlo a obedecer la orden. Si la Corte fallaba contra Marbury, se arriesgaba a entregar el poder judicial a los jeffersonianos al permitirles negar a Marbury el puesto al cual tenía derecho legal. El presidente de la Corte Suprema John Marshall resolvió el problema declarando que ese tribunal no tenía autoridad para fallar en ese caso. Marshall declaró que la Sección 13 de la Ley Judicial, que le confería al Tribunal ese poder, era inconstitucional porque ampliaba la jurisdicción original de la Corte con respecto a la jurisdicción definida por la propia Constitución. Al decidir que no emitiría decisión alguna en este caso, la Corte Suprema aseguró su posición como el árbitro supremo de la ley.

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2. GIBBONS VS. OGDEN (1824)

La debilidad del primer gobierno de los Estados Unidos bajo los Artículos de la Confederación se debía, en parte, a que carecía de poder para regular la economía de la nueva nación e incluso el flujo del comercio interestatal. La Constitución confirió al Congreso de los EE.UU. la facultad de “regular el comercio… entre los distintos estados…”, pero esa autoridad era impugnada con frecuencia por los estados que deseaban conservar el control de sus respectivos asuntos económicos.

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A principios de la década de 1800, el estado de Nueva York aprobó una ley por la cual los operadores de barcos de vapor que viajaban entre Nueva York y Nueva Jersey tenían que contar con una licencia de Nueva York. Aaron Ogden disponía de dicha licencia, pero Thomas Gibbons carecía de ella. Cuando Ogden se dio cuenta de que Gibbons competía contra él y no contaba con el permiso de Nueva York, demandó a Gibbons para tratar de impedir sus operaciones.

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Gibbons tenía una licencia federal para navegar en aguas litorales amparado por la Ley de Transporte Costero de 1793, pero las cortes del estado de Nueva York estaban de acuerdo con Ogden en que Gibbons había violado la ley porque aún no contaba con la licencia expedida por dicho estado. Sin embargo, cuando Gibbons expuso su caso en la Corte Suprema, los jueces echaron por tierra la ley de Nueva York declarando que era inconstitucional porque disputaba el poder del Congreso de los EE.UU. para regular el comercio. “La expresión ‘para regular’ implica, por su propia naturaleza, el poder total sobre las cosas que serán reguladas”, declaró la Corte. Por lo tanto, “excluye necesariamente la acción de todas las demás [autoridades] que pudieran realizar la misma acción sobre la misma cosa”.

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3. DRED SCOTT VS. SANDFORD (1857)

Dred Scott era un esclavo cuyo dueño, John Emerson, lo llevó del estado de Missouri, en el cual se permitía la esclavitud, al de Illinois donde la esclavitud estaba prohibida. Al cabo de algunos años, Scott regresó a Missouri junto con Emerson. Sin embargo, Scott pensó que por el hecho de haber vivido en un estado libre, ya no debería ser considerado como esclavo.

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Emerson murió en 1843 y, tres años después, Scott solicitó su libertad a la viuda de aquél. Scott ganó el litigio en una corte de Missouri en 1850, pero en 1852, la Corte Suprema del estado revocó la decisión del tribunal menor. Mientras tanto, la Sra. Emerson volvió a casarse y Scott se convirtió en propiedad legal del hermano de ella, John Sanford (escrito incorrectamente como Sandford en los registros del juzgado). Scott demandó a Sanford en la corte federal, exigiendo su libertad, y la corte falló contra Scott en 1854.

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Cuando el caso fue sometido a la Corte Suprema, los jueces dictaminaron que Scott no había adquirido la condición de hombre libre por el hecho de haber vivido en un estado libre y que, siendo negro, Scott no era ciudadano y, por lo tanto, no tenía derecho a presentar demanda alguna en una corte de justicia. Esta decisión fue muy criticada e influyó en la elección de Abraham Lincoln —quien se oponía a la esclavitud— a la presidencia en 1860 y apresuró el estallido de la Guerra Civil en 1861. Dred Scott vs. Sandford fue invalidado por la Decimotercera Enmienda de la Constitución, que abolió la esclavitud en 1865, y por la Decimocuarta Enmienda, que reconoció la ciudadanía de los ex esclavos en 1868.

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4. JUNTA NACIONAL DE RELACIONES LABORALES (NLRB) VS. JONES & LAUGHLIN STEEL CORP. (1937)

De la misma manera que el caso Gibbons vs. Ogden estableció la supremacía del Congreso en la regulación del comercio interestatal, el caso NLRB vs. Jones & Laughlin amplió la autoridad del Congreso, de la regulación del comercio mismo a la regulación de las prácticas de negocios de las industrias que se dedican al comercio interestatal.

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Jones & Laughlin, uno de los más grandes productores de acero en el país, transgredió la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 al cesar a 10 empleados por el hecho de que habían participado en actividades sindicales. La ley prohibía una serie de prácticas laborales injustas y protegía los derechos de los trabajadores para formar sindicatos y realizar negociaciones en forma colectiva. La compañía se negó a obedecer una orden de la NLRB que la conminaba a reinstalar a los trabajadores. Un Tribunal de Apelaciones de Circuito no se hizo cargo de imponer el cumplimiento de la orden de la junta y la Corte Suprema revisó el caso.

El meollo de este caso era si el Congreso tenía o no autoridad para regular las actividades “locales” de las compañías que participaban en el comercio interestatal, es decir, las actividades que se llevan a cabo dentro de un estado. Jones & Laughlin sostenían que las condiciones imperantes en su fábrica no afectaban el comercio interestatal y que, por lo tanto, no estaban bajo la jurisdicción reglamentaria del Congreso. La Corte Suprema no era de la misma opinión y sostenía que “la suspensión de esas operaciones [de manufactura] a causa de esa pugna industrial tendría un efecto muy grave sobre el comercio interestatal…. La experiencia ha demostrado una y otra vez que el reconocimiento del derecho de los empleados a organizarse por sí mismos y a contar con representantes de su propia elección para la negociación colectiva es, a menudo, una condición esencial para la paz industrial”. Al defender la constitucionalidad de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, la Corte Suprema concedió la victoria a los trabajadores organizados y preparó el terreno para que el gobierno federal introdujera una regulación de más largo alcance sobre la industria.

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5. BROWN VS. JUNTA DE EDUCACIÓN (1954)

Antes de este caso histórico, muchos estados y el Distrito de Columbia tenían sistemas escolares segregados, desde el punto de vista racial, amparados en la autoridad de la decisión de la Corte Suprema en el caso Plessy vs. Ferguson de 1896, la cual permitía la segregación siempre que las instalaciones fueran iguales para todos. Oliver Brown, de Topeka, Kansas, impugnó esa doctrina de “separados pero iguales” en 1951, cuando demandó a la junta escolar de la ciudad en nombre de su hija de ocho años de edad. Brown deseaba que su hija asistiera a la escuela de blancos, que estaba a cinco calles de su hogar, en lugar de ir a la escuela para niños negros que se encontraba a 21 calles de distancia. Después de comprobar que ambas escuelas eran iguales en lo esencial, un tribunal federal falló en contra de Brown.

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Mientras tanto, los padres de otros niños negros presentaron ese mismo tipo de demandas en Carolina del Sur, Virginia, y Delaware. La corte de Delaware descubrió que las escuelas para negros eran inferiores a las de sus homólogos blancos y ordenó que los niños negros fueran transferidos a escuelas para blancos. Sin embargo, los funcionarios escolares apelaron la decisión y llevaron el caso a la Corte Suprema.

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La Corte escuchó los argumentos de todos esos casos al mismo tiempo. Los alegatos presentados por los litigantes negros se complementaron con datos y testimonios de psicólogos y científicos sociales, que explicaban las razones por las cuales afirmaban que la segregación era perjudicial para los niños negros. En 1954, la Corte Suprema opinó en forma unánime que “…en la esfera de la educación, la doctrina de ‘separados pero iguales’ está fuera de lugar” y falló que la segregación en las escuelas públicas les niega a los niños negros “la igualdad de la protección bajo las leyes, que es una de las garantías consagradas en la Decimocuarta Enmienda”.

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6. GIDEON VS.WAINWRIGHT (1963); MIRANDA VS. ARIZONA (1966)

Dos decisiones de la Corte Suprema en la década de 1960 brindaron apoyo a los derechos de las personas acusadas de cometer delitos.

Clarence Earl Gideon fue arrestado en 1961 por el allanamiento de un salón de billar en Florida. Cuando el acusado pidió que el tribunal le asignara un abogado defensor, el juez se negó a complacerlo, aduciendo que la ley estatal sólo disponía la asignación de un abogado en los casos importantes, es decir, aquéllos en los que hubiera muerto una persona o los que se sancionan con la pena de muerte. Gideon se defendió a sí mismo y fue declarado culpable. Ya en la cárcel, pasó horas enteras en la biblioteca estudiando libros de derecho y envió una petición manuscrita a la Corte Suprema para que ésta conociera su caso. La Corte decidió que a Gideon se le había negado el derecho a un juicio justo y dictaminó que todos los estados deben proveer asesoría legal a las personas acusadas de delitos que no pudieran contratar un abogado defensor por su cuenta. Cuando Gideon fue sometido a un nuevo juicio, ya con la ayuda de un abogado defensor, fue declarado inocente.

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Tres años más tarde, la Corte Suprema decidió que el acusado debía tener derecho a un asesor legal desde mucho tiempo antes de comparecer en el tribunal. Ernesto Miranda fue declarado culpable de rapto y violación, por una corte estatal de Arizona. Su convicción se basó en la confesión que hizo Miranda a los oficiales de policía al cabo de dos horas de interrogatorio, sin que antes se le hubiera informado que tenía derecho de contar con la presencia de un abogado. En su veredicto, la Corte Suprema dispuso que los oficiales de policía, al llevar a cabo un arresto, tienen el deber de informar lo que hoy se conoce como las advertencias Miranda, es decir, que el sospechoso tiene derecho de guardar silencio, que cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra, que puede contar con la presencia de un abogado durante el interrogatorio y que se le asignará un abogado si no puede pagar uno por sus propios medios.

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La decisión del caso Miranda vs. Arizona es uno de los veredictos más conocidos de la Corte Suprema porque las advertencias Miranda se repiten muy a menudo en el cine y en los programas de televisión de los EE.UU. Sin embargo, en 1999 un tribunal federal de apelaciones impugnó esa decisión en el caso de Dickerson vs. los Estados Unidos, en el cual un ladrón de bancos convicto alegó que no se le habían leído en forma correcta sus derechos. En junio del año 2000, la Corte Suprema invalidó la decisión del caso Dickerson y, por votación de 7 a 2, dispuso de modo enfático la reafirmación de las advertencias Miranda.

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7. NEW YORK TIMES CO. VS. SULLIVAN (1964)

La Primera Enmienda a la Constitución de los EE.UU. garantiza la libertad de prensa, pero por varios años la Corte Suprema rechazó la aplicación de la Primera Enmienda para proteger a los medios contra las demandas por difamación, o sea, las que se basan en la publicación de información falsa que daña la reputación de una persona. El veredicto de la Corte Suprema en el caso New York Times Co. vs. Sullivan revolucionó la ley de difamación en los Estados Unidos, al sostener que los funcionarios públicos no podrán presentar con éxito una demanda por difamación con el simple expediente de probar que la información publicada es falsa. La Corte dispuso que el demandante tiene que probar además que los reporteros o editores actuaron con “verdadera mala intención” y que la información fue publicada “con un precipitado desinterés por averiguar si ésta era falsa o no”.

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El caso se produjo a raíz de un anuncio publicado en toda una página, en el New York Times, por la Conferencia del Liderazgo Cristiano del Sur para recaudar fondos destinados a la defensa legal del líder de los derechos civiles Martin Luther King, Jr., quien había sido aprehendido en Alabama en 1960. L.B. Sullivan, un comisario municipal de Montgomery, Alabama, que estaba a cargo del departamento de policía, alegó que él había sido difamado por quien publicó la descripción de las acciones de la fuerza policial de la ciudad. Sullivan demandó a los cuatro clérigos que habían sido responsables de la publicación del anuncio y también al New York Times, aduciendo que éste no había verificado la veracidad de dicho anuncio.

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El anuncio contenía varias inexactitudes, y un jurado le adjudicó a Sullivan una indemnización de US$500.000. El Times y los líderes de los derechos civiles apelaron entonces el fallo ante la Corte Suprema y ésta decidió en forma unánime a favor de aquéllos. La Corte dictaminó que las leyes contra la difamación no pueden ser invocadas “para imponer sanciones a causa de la expresión de críticas a la conducta oficial de los funcionarios públicos” y que el hecho de exigir a los críticos que garanticen la precisión de sus comentarios daría lugar a la autocensura. La Corte no encontró evidencia alguna de que el Times o los clérigos hubieran obrado con mala intención al publicar el anuncio.


Tomado de IPP Digital. Pueden visitar la página en el siguiente link: http://iipdigital.usembassy.gov