R.N. 817-2016, Lima: Prueba ilícita y correcta valoración de la prueba

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Sumilla. 1. No es posible calificar de excesivo o desproporcionado el acceso por la empresa al contenido de los correos electrónicos archivados, de suerte que impida su utilización en este proceso penal. La medida efectuada por la empresa supera satisfactoriamente los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Es de acotar que lo realizado por la empresa era la vía para examinar íntegramente los procedimientos utilizados por la empresa y conocer lo ocurrido, sin esa información y examen no se podía conseguir el propósito buscado –no había otra medida menos moderada para hacerlo: los email era una comunicación necesaria para garantizar una eficaz gestión e información–, y la actividad de fiscalización ejecutada fue ponderada porque se derivó más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. En consecuencia, no fue correcto inutilizar o excluir de la apreciación de la prueba actuada el Informe “Revisión de Operaciones y Control Interno en Automotores Gildemeister Perú Sociedad Anónima’. 2. La correcta valoración de la prueba -de todo el material probatorio pertinente, conducente y útil, excluido lo ilícito, si lo hubiere, en tanto forma parte de la garantía de defensa procesal en orden al derecho a la valoración de la prueba pertinente- requiere el examen individual de los medios de prueba y, luego, su análisis conjunto.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

R.N. 817-2016, LIMA

Lima, veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la señora Fiscal Adjunta Superior Especializada en delito de Corrupción de funcionarios de Lima y por el Procurador Público Especializado en delitos de Corrupción de funcionarios contra la sentencia de fojas veintiún mil novecientos treinta y cinco, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, que absolvió a Edwin Antonio Leiva Herrada y Zoila Milagros Campos Loo (autores), y a José Domingo Carióla Santa María. Jaime Raúl Yzaguirre Seminario, Esly Arturo Salinas Chávez, Jaime Orlando Cutimanco Panduro, Carlos César Mimares Tapia y Jorge Luis Maldonado Taipe (cómplices primarios) de la acusación fiscal formulada contra ellos por delito de colusión en agravio del Estado.

OÍDO el informe oral.

Intervino como ponente el señor San Martín Castro.

FUNDAMENTOS

1. De la pretensión impugnativa de las partes acusadoras

Primero. Que la señora Fiscal Adjunta Superior en su recurso formalizado de fojas veintidós mil trece, de doce de febrero de dos mil dieciséis, requirió la anulación de la absolución por una deficiente valoración de la prueba, referida a los encausados Leiva Herrada, Cariola Santa María, Izaguirre Seminario, Salinas Chávez y Munares Tapia -cinco de ocho absueltos-. Argumentó que no se tomó en cuenta la testifical del Jefe de Ventas de Automotores Gildemeister Sociedad Anónima, quien involucró en los contactos previos a los acusados, así como la del imputado Munares Tapia el mismo que confirmó esas reuniones en la firma Anjo Tech; que tampoco valoró como correspondía los procedimientos realizados por la empresa auditora Ernst & Young Asesores en la elaboración del Informe de Revisión de Operaciones y Control Interno en Automotores Gildemeister Sociedad Anónima, y los correos electrónicos revisados no constituyen prueba ilícita; que tampoco se advirtió las irregularidades en la firma del contrato respectivo y los defectos del contrato consorcial con vulneración de la Ley General de Contrataciones del Estado; que, igualmente, no se tuvo presente las visitas registradas por el imputado Munares Tapia a la aludida empresa Automotores Gildemeister Sociedad Anónima; que el perjuicio ocasionado al Estado asciende a novecientos treinta y dos mil seiscientos noventa y nueve punto setenta soles por los gastos sufridos al realizar otras licitaciones por los vehículos ‘en cuestión, tanto más si la adquisición final representó diez mil novecientos ochenta dólares americanos menos por camioneta adquirida.

SEGUNDO. Que el señor Procurador Público del Estado en su recurso formalizado de fojas veintiún mil novecientos noventa y siete, de doce de febrero de dos mil dieciséis, instó la anulación de la absolución de todos los imputados. Alegó que la exclusión por prueba ilícita no es de aplicación al sub-lite; que la jurisprudencia se decantó por el carácter relativo de la prueba ilícita y reconoció excepciones; que no se valoró la declaración del testigo Rafael Huamán Comelio, representante de Ernst & Young…

[Continúa…]

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