R.N. 2279-2014, Callao | Uso de documento falso: La condición objetiva de punibilidad es la posibilidad de causar perjuicio y no perjuicio efectivo

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Sumilla: La condición objetiva de punibilidad en esta clase de ilícitos es la posibilidad de causar perjuicio al agraviado y no perjuicio efectivo para considerarse típico, por cuanto el bien jurídico que se tutela es el correcto funcionamiento de la Administración Pública referidos al tráfico jurídico correcto, entendido como el conjunto de condiciones que facilitan la comunicación entre los individuos y sus relaciones de derecho; siendo que el agente al ingresar o insertar un documento falso en la administración Publica queda afectado o pueda existir la posibilidad de perjuicio con la puesta en peligro como consecuencia de su conducta ilícita, lo que ha sucedido en el presente caso.

Sumilla: La condición objetiva de punibilidad en esta clase de ilícitos es la posibilidad de causar perjuicio al agraviado y no perjuicio efectivo para considerarse típico, por cuanto el bien jurídico que se tutela es el correcto funcionamiento de la Administración Pública referidos al tráfico jurídico correcto, entendido como el conjunto de condiciones que facilitan la comunicación entre los individuos y sus relaciones de derecho; siendo que el agente al ingresar o insertar un documento falso en la administración Publica queda afectado o pueda existir la posibilidad de perjuicio con la puesta en peligro como consecuencia de su conducta ilícita, lo que ha sucedido en el presente caso.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

R.N. N° 2279-2014, CALLAO

Lima, ocho de setiembre de dos mil quince.-

VISTOS: Los recursos de nulidad interpuestos por la defensa técnica de los sentenciados Leodán Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas -concedidos vía recurso de queja excepcional-, contra la sentencia de vista del veintiocho de marzo de dos mil doce, de fojas mil cuatrocientos noventa y dos; en el extremo que los condenó por el delito contra la Fe PúblicaFalsificación de documentos, en la modalidad de uso de documento falso, en agravio del Estado y la “Refinería la Pampilla”; a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, a ciento ochenta días multa y fijó en la suma de seiscientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil, deberá abonar cada sentenciado a favor de la parte agraviada, correspondiendo quinientos nuevos soles a favor del Estado y cien nuevos soles a favor de la “Refinería la Pampilla”; de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal. Interviene como ponente el señor Juez de la Corte Suprema Loli Bonilla; y,

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CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, conoce esta Suprema Sala el presente proceso, en virtud de las Ejecutorias Supremas de fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y ocho, ambas de fecha ocho de enero de dos mil catorce, que declararon fundados los recursos de queja excepcional interpuestos por los encausados Leodán Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas, por supuestas vulneraciones al debido proceso y la motivación de resoluciones judiciales.

SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE LOS RECUROS DE NULIDAD

La defensa técnica de los procesados Leodán Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas, en sus recursos formalizados de fojas mil quinientos diecinueve y mil quinientos cuarenta y cuatro, cuestionan la sentencia recurrida y coinciden en alegar lo siguiente: i) que la sentencia recurrida no ha sido debidamente motivada al no haberse acreditado la autoría y circunstancias del delito, que los medios probatorios compulsados no informan certeza para acreditar la responsabilidad en la comisión del ilícito penal imputado; ii) no se han pronunciado respecto a las Excepciones de Naturaleza de Acción deducidas; y iv) finalmente no está acreditado el perjuicio ocasionado, siendo emitida por una Juez recusada.

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TERCERO: IMPUTACIÓN FÁCTICA

El dictamen acusatorio obrante a fojas setecientos setenta y uno, refiere el día 01 de abril de 2009, al promediar las 09:30 horas, los procesados Leodán Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas se constituyeron conjuntamente con su abogada, a las instalaciones de la Refinería “La Pampilla” sito en el km 25 de la carretera a Ventanilla Callao, en compañía del efectivo policial Francisco Mamani Canllahua, con la finalidad de realizar una constatación policial por despido arbitrario, mostrando copia simple de la diligencia solicitada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, documentos que fueron cuestionados por los funcionarios de la empresa agraviada, quienes se constituyeron a las instalaciones de la Comisaría de Márquez, donde el Mayor PNP Aldo Ávila Novoa ordenó que uno de los efectivos policiales se constituya a las oficinas del Ministerio de Trabajo. Una vez allí, se entrevistó con el jefe de defensa legal gratuita y asesoría Einar Ladislao Cervantes Grundy, quien le manifestó que las copias simples que fueron presentadas a la delegación policial solicitando la diligencia de constatación por despido arbitrario no fueron autorizadas, formuladas ni suscritas por su persona. En este contexto, los aludidos documentos fueron sometidos a los exámenes de ley, evacuándose el dictamen pericial grafotécnico N° 231-2009 -folios 140-, que concluyó que se trataba de documentos fraudulentos, pues no pertenecen a la misma matriz.

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CUARTO: FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

4.1. De la revisión de autos, se advierte que a fojas mil ochocientos setenta y dos, obra copia certificada de la Ejecutoria de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, expedida por esta Suprema Sala Penal, que declaró no haber nulidad respecto a los recursos interpuestos por las personas de Celestino Juan De Dios Herrera y Hernán Julián Andrade, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, en cuanto los condenó como autores del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de uso de documento falso en agravio del Estada y la ‘‘Refinería la Pampilla”, co-sentenciados de los recurrentes Leodán Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas en el presente proceso por los mismos hechos delictivos, apreciando que estos últimos en sus recursos de nulidad correspondientes, esgrimen agravios en los mismos términos que los mencionados procesados contra la precitada sentencia emitida por el Ad-quem.

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4.2. En ese sentido, es de estimar que la materialidad del delito se acreditó con el valor probatorio del dictamen pericial de gratotécnia N° 231-2009 de fojas ciento cuarenta, que concluyó, en que las seis cartas (con lo que acudieron a la comisaría del sector para la constatación laboral) redactadas en formatos pre impresos del Ministerio de Trabajo y Promoción Empleo del Callao, donde se informa la firma y sello, post firma atribuida a Einar Ladislao Cervantes Grundy, en calidad de Jefe de la División de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador del Callao, dirigido a la Delegación Policial del Sector, consignando como beneficiario entre otros a los recurrentes Calderón del Águila y Luna Vargas, han sido editados y fraudulentos, reproducidos con otra matriz distinta; “las seis cartas redactadas en formatos pre impresos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao, donde se exhibe la firma y sello post firma atribuida a Einer Cervantes Grundy, en calidad de Jefe de la División de Defensa Legal gratuita y Asesoría del Trabajador Callao, dirigido a la delegación policial del sector, consignando como beneficiarios a los procesados Celestino Juan de Dios Herrera, Hernán Julián Andrade de Dulanto, José Antonio De la Cruz Pérez, Juan Ernesto Luna Vargas, Leodán Calderón del Águila y Oscar Ricardo Bravo Campos, han sido editadas mediante el uso de un programa de edición de textos e impreso y reproducidas por una impresora de computadora de inyección de tinta en serie, es decir son documento fraudulentos” -léase folios 139-; corroborada con la manifestación del mencionado funcionario llevado a cabo en presencia del representante del Ministerio Público “(…) no han sido elaborados, emitidos ni autorizados, ni suscritos por el que habla (…) todo trabajador que concurre a la División de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador, debe registrarse previamente en forma obligatoria en el libro de registro de consultas que obra en mesa de partes de mi oficina (…) dichas personas no figuran registrados en el libro de consultas que se ha redactado el uno de abril de dos mil nueve (…) no han sido atendidos por ningún consultor (…)” -léase folios 73-.

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4.3. Aunado a ello, es de tener en cuenta el hecho de que el diligenciamiento de los “documentos” en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (Márquez) a efectos de procurarse el auxilio de la Policía Nacional y posterior concurrencia a la “Refinería la Pampilla” para la constatación correspondiente del despido laboral expuesto, fueron realizados por los propios encausados, conforme manifestaron en sus respectivas declaraciones, tanto a nivel policial; Juan Ernesto Luna Vargas; “fui dos veces a la Oficina del Ministerio de Trabajo del Callao, dos veces para pedir asesoramiento por el despido incausado que me hizo la Refinería La Pampilla SAA, el 01 y el 02 de abril 2009, la primera vez me hizo entrega el oficio para llevar a la Comisaría de Márquez, para la constatación (…) sacamos copias del documento que nos entregaron, al costado de la oficina del Ministerio de Trabajo (…)” -léase folios 103-, por su parte Leodán Calderón Del Aguila: “fui en dos oportunidades después que había sido despedido de la Refinería La Pampilla (…) le entregó todos los oficios a mi compañero Hernán Andrade Dulanto, quien nos repartió a cada uno quienes sacamos copias fotostáticas para presentar a mi abogada (…)” -léase folios 108-; como a nivel judicial; sin embargo tales hechos difiere de las conclusiones del precitado dictamen pericial grafotécnico, así como de lo manifestado precisamente por el funcionario público del Ministerio de Trabajo, que descartó haber emitido los documentos dubitativos; siendo que al haber utilizado e ingresado al tráfico jurídico dichos documentos probados fraudulentos se ha causado perjuicio al Estado.

4.4. Ahora bien, la condición objetiva de punibilidad en esta clase de ilícitos es la posibilidad de causar perjuicio al agraviado y no perjuicio efectivo para considerarse típico, por cuanto el bien jurídico que se tutela es el correcto funcionamiento de la Administración Pública referidos al tráfico jurídico correcto, entendida como el conjunto de condiciones que facilitan la comunicación entre los individuos y sus relaciones de derecho; siendo que el agente al ingresar o insertar un documento falso en la Administración Pública queda afectado o pueda existir la posibilidad de perjuicio con la puesta en peligro como consecuencia de su conducta ilícita; en el caso materia de examen se estima el hecho de que los procesados recurrentes han aceptado haber presentado los documentos dubitativos a la autoridad policial para los efectos de llevar a cabo la diligencia de constatación promovida, lo que importa que tales documentos ingresaron al tráfico jurídico, como remitidos por la autoridad de trabajo, y por ello informa aptitud de causar perjuicio. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo del tipo, se tiene que los imputados han tenido pleno conocimiento y voluntad de usar los documentos dubitativos, por cuanto han aceptado haberlo presentado a la Autoridad Policial y a la “Refinería La Pampilla”; de este modo queda acreditada la responsabilidad penal de los acusados y desvirtuada la presunción de inocencia con que han ingresado al proceso.

4.5. Que, por otro lado respecto a la recusación de la jueza que emitió la sentencia de Primera Instancia -léase folios 1314-, de la resolución de fojas mil trescientos diecisiete se advierte que fue rechazada de plano, y con ello se encontraba facultada a seguir conociendo la causa con imparcialidad y poder emitir su pronunciamiento; con referencia a la Excepción de Naturaleza de Acción deducidas a través de los escritos de fojas mil ciento noventa y cinco, mil doscientos sesenta y ocho, fue materia de pronunciamiento mediante resolución del veintiséis de octubre de dos mil once -léase folios 1369-; por consiguiente por los fundamentos jurídicos precedentes, los agravios propuestos por los sentenciados recurrentes son inatendibles.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, POR MAYORÍA declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintiocho de marzo de dos mil doce, que confirmó la sentencia apelada de primera instancia de fojas mil trescientos ochenta y dos del veintisiete de octubre de dos mil once, en cuanto condenó a Leodán Calderón del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas como autores del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de uso de documento falso, en agravio del Estado y la Refinería la Pampilla, a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, ciento ochenta días multa y fijó en la suma de seiscientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar cada sentenciado a favor de la parte agraviada, correspondiéndole quinientos nuevos soles a favor del Estado y cien nuevos soles a favor de la refinería “La Pampilla”; con lo demás que al respecto contiene, y los devolvieron.

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
NEYRA FLORES
LOLI BONILLA

 


EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO VILLA STEIN ES COMO SIGUE:

Lima, ocho de setiembre de dos mil quince.-

VISTOS: Los recursos de nulidad interpuestos por la defensa técnica de los sentenciados Leodán Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas -concedidos vía recurso de queja excepcional-, contra la sentencia de vista del veintiocho de marzo de dos mil doce, de fojas mil cuatrocientos noventa y dos, en el extremo que los condenó por el delito contra la Fe Pública – Falsificación de documentos, en la modalidad de uso de documento falso, en agravio del Estado y la Refinería la Pampilla; a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, a ciento ochenta días multa y fijó en la suma de seiscientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar cada sentenciado a favor de la parte agraviada, correspondiéndole quinientos nuevos soles al Estado y cien nuevos soles a la “Refinería La Pampilla”; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, el suscrito emite voto singular, al discrepar con sus colegas, al considerar que en la sentencia de vista se incurrió en afectación a la garantía genérica del debido proceso en su vertiente del deber de la motivación de las resoluciones judiciales.

SEGUNDO: El proceso penal se instaura con el propósito de establecer la existencia de un hecho punible y la responsabilidad de un imputado, por ello la finalidad de la labor probatoria es establecer si un determinado hecho se ha producido realmente o en su caso si se ha realizado en una forma determinada; en virtud de ello, está la prueba que busca la verdad, que persigue tener un conocimiento completo de los hechos sobre las cuales deberá aplicarse una norma jurídica; con la cual también se busca enervar la presunción de inocencia que ampara al justiciable o justiciables, a tenor del artículo 2°, numeral 24, literal e) de la Constitución Política del Perú, evaluándose los medios probatorios acopiados en el desarrollo del proceso llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, a fin de probar la comisión o no del delito instruido y la responsabilidad penal del procesado, motivo por el cual, la sentencia condenatoria sólo podrá darse si de lo actuado en el proceso penal se determina con certeza que el sujeto realizó los hechos que se le imputan.

TERCERO: En esa línea argumental, en el presente caso se advierte que la Sala de mérito al confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia no cumplió con absolver la totalidad de agravios expresados por los encausados en sus respectivos recursos de apelación, referidos al perjuicio que se habría ocasionado al Estado y a la Refinería “la Pampilla”, con el uso de un documento falso como si fuese legítimo, afectándose de este modo las garantías genéricas del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva.

CUARTO: Que, en efecto, aún cuando el Tribunal Superior luego de valorar el acervo probatorio, concluyó que se acreditó la materialidad del delito incriminatorio y la responsabilidad penal de los encausados, no señaló en modo alguno como es que la conducta desplegada por los procesados recurrentes generó un perjuicio en la entidad agraviada, esto es la llamada condición objetiva de punibilidad que resulta necesario establecerla para poder sancionar penalmente a los responsables, siendo el caso en comento delito contra la Fe Pública, en la modalidad de uso de documento falso previsto en el segundo párrafo del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal: “El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio (…)”, el legislador en base a consideraciones de política criminal, ha considerado que aunque la pena sea merecida puede no ser necesaria en base a; i) excusas absolutorias; y, ii) consideraciones objetivas de punibilidad; que, en efecto una vez que el delito se ha manifestado en sus formas típica, antijurídica y culpable correspondería una pena, como lógica consecuencia jurídica; sin embargo la punibilidad se va a fundamentar en la diferencia entre merecimiento de la pena y la necesidad de imponerla, en tanto al establecer que una conducta contiene todos los elementos del delito, se afirmará que el mismo es merecedor de la pena, como lógica consecuencia jurídica; sin embargo es menester señalar que la política criminal permite al legislador diferenciar situaciones en las que además de ser una persona merecedora de una pena determinada, también es preciso que esta sea necesaria, creándose de esta manera, unas causas de restricción de la pena, siendo una ellas las condiciones objetivas de punibilidad, que benefician a todos los partícipes en el hecho delictivo; que, de esta manera podemos definir a esta categoría jurídico penal como un requisito que el legislador ha añadido en los correspondientes artículos, pero que no pertenecen ni al tipo del injusto ni a la culpabilidad, en tanto se encuentran en relación con el hecho y con las personas; así las condiciones se refieren directamente a la pena o la entidad de la pena, y no tienen porqué ser abarcadas por el dolo del autor, por ello si la condición no concurre en el hecho será impune para todos los intervinientes en el mismo; en el presente caso, el Colegiado Superior no explicó como es que se presentó dicha condición objetiva de punibilidad, por tanto, no cumplió con el deber de motivar adecuadamente su decisión judicial.

QUINTO: Que, por otro lado, la omisión anotada informa transgresión al deber de motivación de las resoluciones judiciales prevista en el inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado y el artículo doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no haberse compulsado en forma adecuada todas las pruebas de cargo acopiadas a los autos con el fin de establecer o desvirtuar el hecho incriminado y la responsabilidad penal de los encausados, lo cual es incompatible con el contenido de la sentencia impugnada, vulnerándose el derecho de los impugnantes a conocer las razones que sirvieron al Colegio Superior para sustentar su decisión judicial y por consiguiente su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrada en la Carta Magna en el numeral tres del precitado artículo ciento treinta y nueve; por tanto corresponde anular la sentencia de vista.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto por el Señor Fiscal Supremo en lo Penal: MI VOTO es porque se declare NULA la sentencia de vista del veintiocho de marzo de dos mil doce de fojas mil cuatrocientos noventa y dos, que confirmó la sentencia apelada de primera instancia de fojas mil trescientos ochenta y dos del veintisiete de octubre de dos mil once, en cuanto condenó a Leodán Calderón del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas como autores del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de uso de documento falso, en agravio del Estado y la Refinería la Pampilla, a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, ciento ochenta días multa y fijó en la suma de seiscientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar cada sentenciado a favor de los agraviados, correspondiéndole quinientos nuevos soles a favor del Estado y cien nuevos soles a favor de la refinería “La Pampilla”; y se ORDENE que otro Colegiado Superior emita nuevo pronunciamiento; y los devolvieron.-

S.

VILLA STEIN

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