CNM: Veinte preguntas sobre hábeas corpus. ¿Puedes resolverlas?

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Foto: Legis.pe.

Para esta ocasión hemos seleccionado las mejores preguntas sobre el proceso constitucional de hábeas corpus. Cabe resaltar que las preguntas de derecho constitucional han primado en todos los exámenes del último bienio, más allá de la especialidad de los postulantes, ello se debe a la llamada constitucionalización del derecho. Por ello, estamos seguros que este catálogo les será de mucha ayuda. 


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Charles Duncan viene cumpliendo condena por delito de robo agravado en el centro penitenciario Virgen de Guadalupe. Sin embargo, el personal penitenciario lo amenaza de muerte e incluso ha atentado contra su vida, su integridad física y psicológica, pues ha sido golpeado constantemente. De manera arbitraria le restringen el derecho de visita familiar.

Estos hechos configuran que Charles Duncan pueda interponer un:

a. Habeas corpus reparador.
b. Habeas corpus restringido.
c. Habeas corpus correctivo.
d. Habeas corpus traslativo.

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El 5 de abril de 1992, se produjo en el Perú un golpe de Estado, una de las consecuencias de ese acontecimiento, fue dejar de lado la Constitución de 1979. Un grupo de ciudadanos, civiles y militares, se reúnen clandestinamente para restaurar el Estado Constitucional de Derecho, sin embargo son traicionados y como consecuencia se produce una intervención policial durante una de las reuniones de dicho grupo de ciudadanos, siendo arrestados alrededor de 30 personas, otros logran darse a la fuga y finalmente algunos eluden las consecuencias de su comportamiento. 

Al día siguiente, un fiscal se inicia una investigación penal contra los arrestados y una larga lista de intervinientes, siendo imputados por delito de sedición, conspiración e inclusive asociación ilícita para delinquir. Uno de los líderes de ese grupo, sale del país y fija su residencia en Centroamérica. Como consecuencia de las investigaciones penales, se denuncia a 68 ciudadanos, se les abre proceso penal inclusive con mandato de detención contra muchos de ellos y algunos son considerados como testigos.

El ciudadano que huye a Centroamérica al cabo de dos años pretende retornar al país, previa consulta con su abogado defensor, quien primero averigua si está comprendido dentro de los procesados penalmente o si está considerado como testigo. No está procesado ni está su nombre dentro de los testigos, en consecuencia decide retornar al país, sin embargo su abogado le dice que no es prudente que retorne, en todo caso interpondrá un Habeas Corpus, por amenaza supuesta contra su derecho a la libertad individual.

Coincide Ud. con la prudencia del abogado, en razón de qué elementos.

a. Porque se había declarado el Estado de Emergencia y como consecuencia estaba
suspendido el pleno ejercicio del derecho a la libertad individual.
b. Porque el Perú se encontraba en situación de inconstitucionalidad en consecuencia
no había ninguna garantía constitucional ni derechos fundamentales vigentes.
c. Porque era mejor prever y evitar cualquier contingencia.
d. Porque tenía en su conciencia que había intervenido en el grupo de personas que
pretendía restablecer el Estado Constitucional.

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Coincide Ud. con el entusiasmo del ciudadano que pretende retornar inmediatamente.

a. Debido a que no está procesado ni mencionado siquiera como testigo en el proceso
penal.
b. Debido a que ya habían transcurrido dos años y estaban garantizados sus derechos
fundamentales.
c. Debido a que se había convocado a una asamblea constituyente para que elabore una
nueva Constitución.
d. Ninguna de las anteriores.

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Mariano y Rosalía celebran un Acuerdo Mutuo con fecha 5 de noviembre del 2005, en cuya virtud la tenencia y custodia del menor Luis, procreado por ambos, queda en poder de su madre. Cuatro años después, aprovechando que la madre debió viajar a México por razones laborales dejando provisionalmente la custodia a su padre, abuelo materno del menor, Mariano formuló una denuncia falsa ante la División de Personas Desaparecidas de la Dirincri, y con la ayuda de efectivos policiales logró ubicar a su hijo en un Parque de Diversiones del Distrito de San Miguel, logrando sustraerlo para tenerlo incomunicado de su madre que había retornado de su viaje, haciendo que no asistiera al Colegio Trilce en el que cursaba estudios primarios. Por ello, la madre interpuso una acción de hábeas corpus para obtener la restitución de la tenencia de su menor hijo.

Respecto de la competencia, qué opción considera correcta.

a. Los disensos sobre tenencia, custodia y en general sobre el ejercicio de la patria
potestad, son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria.
b. El Tribunal Constitucional no es competente para decidir los asuntos relativos a la
tenencia o custodia de menores que les corresponde a los Jueces Especializados
en Familia.
c. Excepcionalmente hay temas de relevancia constitucional en materia de tenencia y
custodia, por ser el derecho a tener una familia y a no ser alejado de ella por medios
ilícitos, un derecho constitucional implícito con el derecho a la dignidad de la
persona humana, que justificarían el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
d. Para ejecutar acuerdos adoptados en conciliación extrajudicial o la ejecución en
materias de tenencia no procede utilizar las acciones de garantía constitucional.

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Respecto de los derechos de los menores, marque la aseveración incorrecta.

a. Los derechos de los menores están regulados únicamente por el Código Civil y por
el Código de los Niños y Adolescentes.
b. Aparte de la normativa legal, los derechos de los menores también están
reconocidos por la Constitución Política y por la Convención sobre los Derechos de
los Niños.
c. En toda medida concerniente al niño y el adolescente debe considerarse el principio
del interés superior de estos y el respeto de sus derechos.
d. La obligación de atender al niño y al adolescente se extiende a la madre y a la
familia del menor.

6

Si se presenta un hábeas corpus contra magistrados que conocieron o resolvieron otro hábeas corpus debido a la prolongación indebida de la detención judicial. El mismo que fuera declarado improcedente y confirmado en segunda instancia. El segundo hábeas corpus se presenta por el hecho de haber omitido los magistrados resolver la apelación en un plazo razonable; siendo que transcurrieron injustificadamente más de 50 días para resolver su recurso.

Sobre el hábeas corpus contra hábeas corpus:

a. No es posible su interposición en ningún caso, al tratarse de una competencia
constitucional.
b. Sería posible si el Juez constitucional vulneró en el primer proceso de modo
manifiesto solo la tutela judicial efectiva.
c. Sería posible si el Juez constitucional vulneró en el primer proceso de modo
manifiesto la tutela judicial efectiva y concurrentemente la libertad.
d. En una interpretación adecuada del Código Procesal Constitucional dicho hábeas
corpus es improcedente.

7

Los magistrados al referirse a la demora señalaron que la demora respondía a la
enorme carga procesal, por lo que:

a. Dicha situación justifica y minimiza la responsabilidad por no haber tramitado el
hábeas corpus dentro de los plazos que son perentorios.
b. Dicha situación no justifica o minimiza la responsabilidad, pues no se puede ignorar
los fines tutelares de estos procesos.
c. La carga procesal es un criterio que debe ser considerado para efectos de evaluar el
plazo razonable del proceso.
d. No existe ningún problema con los plazos puesto que son prorrogables.

8

Se interpuso un recurso de agravio constitucional contra una sentencia estimatoria de hábeas corpus en un proceso de lavado de activos.

Dicho RAC fue admitido pese a que la Constitución y el Código Procesal Constitucional contemplan la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional solo por denegatorias de demandas de hábeas corpus. El fundamento de dicha decisión es:

a. Por la responsabilidad del Tribunal Constitucional de garantizar el cumplimiento de la
Ley.
b. Por una posible aplicación fraudulenta de la Constitución por las instancias inferiores.
c. Porque la sentencia estimatoria podría ser lesiva de otros bienes de relevancia
constitucional.
d. Por la necesidad de generar doctrina jurisprudencial o criterios de interpretación de la Ley.

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Este RAC excepcional se puede dar además en los delitos de:

a. Corrupción.
b. Terrorismo.
c. Asesinato.
d. Contra la Administración de Justicia.

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A criterio del Tribunal Constitucional el hábeas corpus se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, “se la limita en menor grado”, frente a ello, un ciudadano interpone un hábeas corpus solicitando el retiro de una reja que obstaculiza el paso en una calle poco transitada. Ante ello:

Al respecto, marque la opción correcta:

a. En el hábeas corpus restringido siempre está de por medio una medida de
detención.
b. El Tribunal Constitucional hace únicamente mención al hábeas corpus correctivo.
c. Se constituye hábeas corpus traslativo cuando limita el traslado de las personas.
d. Cabe la interposición de un hábeas corpus restringido ante los seguimientos
perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas
por autoridades incompetentes.

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Al respecto, marque la opción correcta:

a. En el hábeas corpus restringido siempre está de por medio una medida de
detención policial.
b. El caso hace mención al hábeas corpus correctivo.
c. El caso hace mención al hábeas corpus restringido.
d. El hábeas corpus será declarado improcedente.

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Respecto al Recurso de Agravio Constitucional, se señala que sólo comprende las
resoluciones de segundo grado que declaran infundada o improcedente la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, y que, por ende, solo contra ellas procede el recurso de agravio constitucional, mas no contra resoluciones estimatorias de segundo grado.

A partir de lo indicado, los recursos de agravio constitucional solo pueden interponerse:

a. Contra las resoluciones de segundo grado que declaran infundada o improcedente
la demanda de un proceso constitucional.
b. Solo cuando se ha vulnerado un precedente vinculante al momento de resolver un
caso.
c. Frente a toda vulneración u amenaza de un derecho fundamental ante el Poder
Judicial.
d. Cuando el demandado considera que se han lesionado sus intereses con la decisión
final que se emitió.

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La figura del recurso de agravio constitucional implica.

a. La revisión de la legalidad de la actuación del Poder Judicial frente a todo proceso
que haya resuelto.
b. Un proceso donde se vuelve a actuar los procedimientos y medios probatorios
realizados en las instancias previas.
c. Una actuación para el demandado en la cual puede revertir lo resuelto en su contra.
d. La participación del Tribunal Constitucional en el conocimiento de una demanda de
hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento.

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En la Sentencia Nº 6936-2005, expedida por el Tribunal Constitucional, se señala que “si bien [la figura jurídica] en su origen histórico surge como remedio contra aprehensiones ilegales, representando la defensa de aquello que los antiguos romanos denominaban “ius movendi et ambulandi” o los anglosajones consignaban como power of locomotion, su desarrollo posterior lo ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias que si bien son próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él”.

¿Qué tipo de proceso constitucional se puede extraer de la lectura del fragmento
desarrollado en sentencia?

a. El proceso constitucional de amparo.
b. El proceso constitucional de hábeas corpus.
c. Se refiere al proceso constitucional de hábeas data.
d. Aplicación del control difuso.

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La sentencia hace alusión a:

a. La libertad como objeto de protección y tutela frente a las privaciones encaminada a
tutelar la libertad de aquel hombre libre privado dolosamente de ella.
b. A un derecho constitucional no enumerado en la Constitución de 1993.
c. A la aplicación del control de convencionalidad en sede nacional, máxime cuando
hace alusión a figuras jurídicas extranjeras.
d. La aplicación del control difuso en materia penal.

16

El Coronel del Ejército Peruano Becerra Sánchez ha sido sometido a una investigación y proceso penal por más de diez años por la presunta comisión del delito de tortura, sin que hasta la fecha haya sido sentenciado. Sin embargo, hasta ahora ha estado privado de libertad, sujeto a varias prolongaciones de la prisión preventiva sin una motivación suficiente y una vez vencidos los plazos legales límite.

El hermano del Coronel preocupado por su situación incierta, consultó a un abogado qué acciones podría tomar, sugiriendo que se interponga un hábeas corpus:

a. Conexo.
b. Traslativo.
c. Correctivo.
d. Preventivo.

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El Juez Penal que conoce el hábeas corpus advierte que no sólo se ha excedido el plazo razonable de prisión preventiva, sino el plazo razonable para ser juzgado; y base a este último derecho, puede:

a. Sobreseer el proceso penal.
b. Ordenar que se disminuya la pena cuando sea sentenciado.
c. Otorgar un plazo perentorio y bajo responsabilidad para poner fin a dicho proceso
penal.
d. Asumir la competencia del Juez Penal y resolver sobre el fondo del asunto.

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Pedro está cumpliendo condena en un penal del interior del país, con un diagnóstico de enfermedad terminal y tiene pendiente de respuesta una solicitud de gracia presidencial. Sus familiares creen que si el Presidente no firma el indulto, Pedro fallecerá de modo indubitable en la prisión:

¿Frente a este caso, cuál es la vía judicial que correspondería?

a. Un proceso de habeas corpus emplazando al presidente a firmar el indulto.
b. No existe medio judicial, la gracia es una prerrogativa no un derecho.
c. Un proceso de amparo contra la comisión de gracias presidenciales.
d. Un proceso de amparo por omisión, para que las autoridades correspondientes den respuesta oportuna al pedido planteado.

Derecho internacional

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En la Sentencia de 21 de octubre de 2016 (Caso Pollo Rivera y otros vs Perú), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, con relación al principio de legalidad, lo siguiente:
“218. El principio de legalidad, según el cual ‘nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable’ (artículo 9° de la Convención), constituye uno de los pilares de todo Estado de derecho. Un Estado de derecho solo puede penar a alguien por lo que haya hecho, pero nunca por lo que el autor sea y, por consiguiente, el principio de legalidad y la derivada irretroactividad de la ley penal desfavorable deben observarse por todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando se trata de su poder punitivo”.

¿Cuál fue el criterio que formuló la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las garantías derivadas del principio de legalidad?

a. Aun cuando el tipo penal haya sido redactado con una mala técnica, es posible interpretarlo en su sentido estricto o técnico.
b. Constituye una consecuencia lógica del principio de legalidad, el reconocimiento que el derecho penal debe ser de acto.
c. Los tipos penales deben ser estructurados respetando la garantía de la lex stricta, esto es, el tipo penal debe describir con la mayor exactitud posible la conducta ilícita.
d. La consecuencia gravosa del ejercicio del poder punitivo del Estado debe excluir cualquier posibilidad de interpretación analógica.
e. El delito de colaboración con el terrorismo, en los términos del Decreto Ley N° 25475, presentaba las mismas deficiencias que el delito de traición a la patria.

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Con relación a la conducta por la que fue condenado Pollo Rivera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó como criterio interpretativo que:

a. El acto médico solo puede ser sancionado, conforme al principio de legalidad convencional, si constituye un acto de complicidad doloso.
b. El acto médico importa un deber de actuar, por lo que debe ser considerado un acto atípico.
c. El acto médico no es típico si se presta en un contexto de coacción contra la persona que lo realiza.
d. El acto médico puede ser típico, pero no es antijurídico porque está amparado en el ejercicio de una profesión.
e. El acto médico no supera el riesgo prohibido por la norma, por lo que no es imputable objetivamente a quien lo realiza.