La Operación Autolavado: simbolismo, suplicio y si es posible, proceso penal

Evinis Talon é advogado criminalista, consultor e parecerista sobre Direito Penal e Processual Penal.

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La Operación Autolavado domina las noticias. Cualquier decisión del magistrado se convierte en portada de los periódicos. Frases sin relevancia, dichas de modo colateral, repercuten durante días. Para los involucrados, ser mencionado por uno de los delatores, sea cual sea el contexto, se convierte en un linchamiento público, inclusive mayor al de ser condenado por un crimen peor, que no implique el clamor del público.

La Operación Autolavado* domina las noticias. Cualquier decisión del magistrado se convierte en portada de los periódicos. Frases sin relevancia, dichas de modo colateral, repercuten durante días. Para los involucrados, ser mencionado por uno de los delatores, sea cual sea el contexto, se convierte en un linchamiento público, inclusive mayor al de ser condenado por un crimen peor, que no implique el clamor del público.

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Este gran espectáculo genera numerosas indagaciones:

¿Los fiscales de la República necesitan pedir el apoyo popular para trabajar? Entonces, ¿de qué sirve el principio institucional de la independencia funcional (art. 127, 1º, de la Constitución Federal de Brasil)? ¿Desde cuándo los servidores públicos que actúan en el proceso, especialmente jueces y fiscales, pueden entrometerse en una discusión de proyectos de ley? ¿Por qué hay miedo de la criminalización como abuso de la autoridad de ciertas conductas nítidamente violadoras del Estado democrático de derecho?

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La necesidad de la Operación Autolavado no permite que las «reglas del juego» sean violadas y, posteriormente, esos «jugadores» no estén en acuerdo con la alteración democrática realizada por los representantes del pueblo, que, si son investigados criminalmente o no, fueron electos de modo democrático y legítimo.

Como si no bastara con esa preocupante injerencia de los actores de la Operación Autolavado en la actividad legislativa, lo que está ocurriendo en esta operación no es muy diferente de los suplicios. No solo existe el interés de procesar y juzgar, sino también la voluntad de humillar y destruir públicamente a los implicados en cuerpo, alma y nombre.

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Por otra parte, me parece que hay una modernización del suplicio descrito por Foucault (2001: p. 9) en su libro «Vigilar y Castigar». No basta la pena –y en muchos casos tampoco basta con la condena–, pues lo que se busca es el sacrificio público, principalmente una lenta destrucción del ser, por medio de las «delaciones» realizadas sigilosamente y usualmente difundidas en los viernes, para que sean noticia durante el final de la semana. La publicación del sufrimiento procesal se ha vuelto algo tan provechoso para la sociedad y para las autoridades públicas implicadas, que ya se ve como algo banal.

Se intenta atribuir un simbolismo al derecho penal y, principalmente, a la persecución criminal (investigación policial y proceso judicial), para que se haga una presentación pública de las cuentas sobre la aparente eficacia, –eficiencia y/o efectividad de las instituciones–, omitiéndose las alarmantes cifras negras y doradas. Basta utilizar una operación como plataforma institucional y, con esa exposición incesante, fingir que las instituciones funcionan.

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En otras palabras, incumplen la Constitución en un proceso penal que es un espectáculo, para ganar el apoyo del público para las propuestas legislativas institucionales (como las «10 medidas contra la corrupción») y, posteriormente, cambian las reglas de juego, pudiendo alcanzar los otros procesos no espectaculares, es decir, aquellos que involucran a personas que no sean interesantes o conocidas, que no justifican conferencias de prensa, escenarios y focos. Es el simbolismo actuando en favor de las instituciones de persecución criminal.

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Sobre el simbolismo y la función simbólica, Albrecht (2010, p. 107) resalta:

Por função «simbólica» do Direito é entendida a criação de símbolos e de aparentes modelos de solução em face de problemas sociais. O nascimento do Direito Penal econômico mostra que, com estas reformas, também uma pública pressão de expectativa, em direção a um saneamento ético da comunidade econômica, foi politicamente programada.

Lo que se observa es que el suplicio generado por la Operación Autolavado contribuye a un simbolismo referente al funcionamiento de las instituciones, como si estuvieran actuando de modo impersonal, y no solo propagando la selectividad penal (criminalización secundaria), que castiga a los más pobres.

Consecuentemente, cuanto más simbolismo, más se alienta el fortalecimiento de los suplicios. Se ha convertido en un ciclo en el cual el simbolismo fundamenta el suplicio y viceversa. En ese guion trágico, si queda tiempo, tal vez tengamos el proceso penal. Tal vez…

Bibliografía

  • ALBRECHT, Peter-Alexis. Criminologia: Uma fundamentação para o Direito Penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos, Helena Schiessl Cardoso. Curitiba: ICPC; Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
  • FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete, 39. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.


* Conocido también como Operación Lava Jato.

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Evinis Talon é Advogado Criminalista, consultor e parecerista sobre Direito Penal e Processual Penal. Graduou-se em Direito, sendo premiado com a láurea universitária. Antes de concluir o curso de Direito, já havia sido aprovado no concurso para Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul, no qual tomou posse com 23 anos de idade. É mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Possui várias pós-graduações, como Direito Penal e Processual Penal, Direito Constitucional, Sociologia e Filosofia. Também é pós-graduando em Processo Penal pela Universidade de Coimbra (Portugal). Já publicou diversos artigos, especialmente sobre Direito Penal, Processual Penal, Constitucional e Filosofia. No início de 2015, exonerou-se do cargo de Defensor Público do Rio Grande do Sul para ingressar na iniciativa privada, atitude pouco frequente entre os aprovados em concursos públicos. É professor de vários cursos de pós-graduação em Direito Penal, especialmente no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.