Escribe: Carlos Ramos Núñez
© Carlos Ramos Núñez

De un tiempo a esta parte busca imponerse, aun cuando con desconcierto de las facultades y los departamentos de derecho, la enseñanza por competencias. Se entiende que irá desplazando progresivamente a la enseñanza por asignaturas. Esto ya ocurre con mayor nitidez, como es natural, en las facultades de educación. Eso significa que con el tiempo ya no se dictarán, según aconsejan los expertos pedagógicos (algunos de los cuales son de la UNESCO), cursos bajo contenidos convencionales.

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Se parte del principio de que no bastan los conocimientos (que pueden encontrarse ahora con facilidad), tampoco las destrezas (que se desarrollarán en la práctica profesional o técnica). Es preciso, señalan los entendidos (algunos con pasión fundamentalista) suprimir las materias, a saber, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho civil, los derechos procesales, etcétera.

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En su lugar se instalarían las competencias, por ejemplo, competencia para litigar, competencia para investigar, competencia de valores, etcétera, ¿Estamos simplemente ante una nueva y transitoria moda educativa o acaso tiene la intención de perennizarse en el universo educativo de las letras legales?

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A mi juicio, existen amenazas, pero también oportunidades. Se corre el riesgo, es verdad, que, bajo el pretexto de las competencias se esquematice más de lo que está la educación jurídica. O que voraces comerciantes de la educación superior reduzcan (más de lo que está) el programa de estudios, por ejemplo, de cinco años a tres años o, incluso, menos. De manera que ya no se formen abogados con una visión integral, sino, simplemente, técnicos, una suerte de paralegales. El riesgo es también que se empobrezcan las humanidades (más de lo que están) en beneficio de áreas técnicas.

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Existe, no obstante, la posibilidad de cambios positivos. Las rígidas fronteras entre las diferentes disciplinas podrían disolverse o, por lo menos, debilitarse. Así, los privatistas se acercarían a los publicistas; los civilistas o penalistas a los procesalistas; los historiadores del derecho o los romanistas a los cultores del derecho positivo. La competencia podría convertirse, en efecto, en un lugar de encuentro. Y, a nivel de postgrado, un interesante espacio de reflexión entre académicos, abogados y jueces.

© Carlos Ramos Núñez