El prestigioso portal ecuatoriano El Telégrafo, ha publicado un escueto pero sustancioso informe respecto de las dificultades que tienen los abogados de nuestro país a la hora de litigar oralmente. Les dejamos aquí un tramo del informe así como el linck para que lo lean completo.

La falta de debate se nota alrededor de los nuevos recursos que debe usar un abogado para defender a los acusados bajo la figura de la Ley de Flagrancia. La sustentación oral de un juicio, mecanismo medular de acción para la agilidad de los trámites, parece no ser dominada por los letrados.

En lo que va de inscrita la Ley, en Arequipa, por ejemplo, el 50% de casos de flagrancia ha sido perdido por los acusados debido a la pobre defensa oral que sus abogados han ejercido.

“Se trata de un cambio de paradigma en el medio judicial. En Perú los documentos escritos siguen siendo la representación simbólica de la verdad. Si se trata de oralizar las defensas se debe ejercitar los argumentos, actualizar el conocimiento de la ley, algo que la mayor parte de los abogados no harán”, sentencia Meléndez.

Se estima que cada 2 años la población carcelaria de Perú crece en promedio 32%. La nueva Ley de Flagrancia, aprobada cuando 8 de cada 10 peruanos declaran haber sido víctimas de algún tipo de violencia o acto delincuencial, parece no mirar el contexto completo en el que se ejecuta, y obedecer de forma primordial a la voz popular que reclama seguridad en las calles. Llenar las cárceles sigue siendo la respuesta mediática a todo el problema de la inseguridad ciudadana.

Y aquí la opinión del jurista Marcel Meléndez que recoge el portal:

No se ha realizado una valoración clara, concienzuda, de lo que significa dictar una ley de estas características. Se busca, de forma poco responsable, responder a la presión social frente al aumento desmedido de la violencia en los últimos años. Valdría preguntarnos si normas como estas no revelan el manoseo constante al que ha estado sometido el Código Penal.