Caso Korina Rivadeneira: Lea la sentencia que anuló su orden de expulsión del Perú

Sentencia del Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional que dejó sin efecto la resolución de Superintendencia Nacional de Migraciones y la investigación de la Policía de Extranjería

0
4313
Foto: El Trome.

Como se sabe, el Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional, a cargo de la magistrada Rocío del Pilar Rabines Briceño, declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana venezolana Korina Rivadeneira contra las autoridades que ordenaron su salida del país por supuestas irregularidades en el trámite migratorio.

Este es un importante logro de la defensa de la modelo, que ha estado a cargo del Estudio Warthon Abogados, cuyos socios principales son los abogados Yorry Warthon y Katty Cachay Carmelo. Nuestro agradecimiento a la doctora Cachay por acceder a compartir generosamente la sentencia con los lectores de Legis.pe.


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

El Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional que despacha la Señora Juez Rocío del Pilar Rabines Briceño emite la siguiente:

-SENTENCIA-

Resolución N°17

Lima, veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete

VISTOS; la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana venezolana LUZ CELIA KORINA RIVADENEIRA ARCILA; en contra de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES, del SUPERINTENDENTE NACIONAL DE MIGRACIONES EDUARDO SEVILLA ECHEVARRÍA, y de la DIVISIÓN DE EXTRANJERÍA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.

RESULTA DE AUTOS:

Demanda.- La ciudadana venezolana Luz Celia Korina Rivadeneira Arcila interpone demanda de amparo a fin de que se restituya sus derechos constitucionales vulnerados, esto es, al debido proceso y al trabajo , previsto en el inciso 15) del artículo 2°, inciso 3) del artículo 139° de la vigente Constitución Política del Perú, solicitando que se deje sin efecto el Atestado N°355-17-DIRNOS-DIRSEET-PNP/DIVEXT-CER del 28 de febrero de 2017, emitido por la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, y asimismo se pide que se deje sin efecto la Resolución de Superintendencia N°0000101-2017-MIGRACIONES emitida el 27 de abril de 2017, permitiéndosele que permanezca en el Perú.

Trámite.- Mediante Resolución N° 1 del 05 de junio de 2017 el 9° Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la presente demanda; y corrió traslado de la misma a la parte emplazada; siendo que por escrito de fecha 23 de junio de los corrientes el Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo encargado de la representación y defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Interior y de La Policía Nacional del Perú, se apersona en autos en representación de la Superintendencia Nacional de Migraciones y División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú; formulando excepciones y contestando la demanda conforme a los escritos de su propósito; luego los presentes autos son remitidos al sexto Juzgado Constitucional con fecha cuatro de julio de los corrientes, en mérito a la R.A. N° 193-2017-CE-PJ, avocándose a los autos con fecha cinco de julio la Magistrada que suscribe, mediante resolución número tres, y ordenándose que se corra traslado de las excepciones y de la contestación de la demanda; las mismas que fueron absueltas; habiéndose resuelto las excepciones deducidas mediante resolución número once de fecha primero de agosto, habiéndose realizado el informe oral solicitado, corresponde emitirse la Sentencia respectiva.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: De acuerdo con el artículo 200° inciso 2) de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente, esto es, el correspondiente a la acción de hábeas data.

SEGUNDO: En ese sentido, los artículos 1° y 2° del Código Procesal Constitucional estipulan que los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, y que cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta e inminente realización; asimismo señala que los procesos constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o un acto administrativo.

TERCERO: Que, de la lectura del escrito de demanda, se advierte que la ciudadana venezolana Luz Celia Korina Rivadeneira Arcila interpone demanda de amparo a fin de que se deje sin efecto el Atestado N°355-17- DIRNOS-DIRSEET-PNP/DIVEXT-CER del 28 de febrero de 2017, emitido por la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, y asimismo se pide que se deje sin efecto la Resolución de Superintendencia N°0000101-2017-MIGRACIONES emitida el 27 de abril de 2017; por violación de su derecho al debido procedimiento administrativo, entendido ello como vulneración al debido proceso consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú; así por vulnerar dicha resolución su derecho al trabajo, derecho reconocido en el inciso 15 del artículo 2 de nuestra Carta Magna; y sustenta su pretensión en los siguientes hechos:

  1. Que aproximadamente en el mes de agosto de 2010 ingresó al Perú como “Turista”, siendo que en el año 2014 con la autorización de la Superintendencia Nacional de Migración cambió su condición migratoria a la de “Trabajadora Residente” en mérito a un contrato laboral.
  2. Que, fue citada por la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú – División de Extranjería del Departamento de Control de Extranjeros Residentes a fin de que se apersone a sus oficinas para rendir su manifestación vinculada a las actividades que estaría realizando en territorio peruano y a efectos de verificar su calidad y situación migratoria en el país, habiendo acudido y brindado su manifestación.
  3. Que, la División de Extranjería emitió el Atestado N°355-17-DIRNOS-DIRSEETPNP/DIVEXT-CER del 28 de febrero de 2017, en el cual sin realizar actividad probatoria alguna determinó que presentó un contrato de trabajo falso para obtener su calidad migratoria como trabajador, imputándosele la comisión de la infracción contemplada en el inciso 4) del artículo 63° del Decreto Legislativo N°703, el cual establece la sanción de cancelación de residencia por “falsear información en los documentos o informes suministrados para adquirir determinada calidad migratoria, sin permitírsele presentar descargos ni tener acceso a los documentos supuestamente falsificados.
  4. Que, el mismo día 28 de febrero de 2017 en que se elaboró el Atestado, fue remitido a la Superintendencia Nacional de Migraciones, donde en ese mismo 28 de febrero de 2017 la Sub gerente de Movimiento Migratorio emitió el informe N°509-2017-MIGRACIONES-SMMM donde OPINA: que, por haber brindado información falsa en sus continuos controles migratorios entre los años 2010 y 2014, correspondía aplicarle la cancelación de la residencia, la cual conlleva el impedimento de ingreso al territorio nacional.
  5. Que, nuevamente, el mismo día 28 de febrero de 2017 la Gerencia de Servicios Migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió la Resolución de Gerencia N°399-2007-MIGRACIONES-SM, concluyendo que habría falseado información para obtener la calidad migratoria de “Turista”, por lo que resolvió aplicar la sanción de Cancelación de la Residencia, por lo que en esa fecha también, la Gerencia de Servicios Migratorios emitió la Orden de Salida N° 336, de ejecución inmediata.
  6. Que, contra la indicada resolución y orden de salida interpuso recurso impugnatorio indicando en el escrito de su propósito y en un escrito ampliatorio, que no se le notificó del procedimiento administrativo sancionador, que no se realizaron indagaciones dentro de un procedimiento sancionador, que no fue notificada con el Atestado, que existía falta de motivación e incongruencia en la expedición de la resolución de gerencia, que faltaba tipicidad y que conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N°02744-2015-PA/TC, se habían emitido la resolución de gerencia y la orden de salida en el marco de normas que generaron el Estado de Cosas Inconstitucional por carecer las mismas de normas de reglamentación.
  7. Que, el Superintendente de la Superintendencia Nacional de Migraciones declaró nula la Resolución de Gerencia N°399-2007-MIGRACIONES-SM mediante la Resolución de Superintendencia N°0000101-2017-MIGRACIONES, pero determinó imponer la misma sanción de Cancelación de Residencia, ordenando su salida obligatoria del país con impedimento de ingreso al Perú, sin señalar un plazo para habilitar su retorno, atribuyéndole esta vez que había falseado documentación para cambiar su calidad migratoria de “Turista” a la de “Trabajadora”.
  8. Que, la referida Resolución de Superintendencia no se pronunció sobre todos los puntos indicados en su recurso impugnatorio; indica además que no ha tomado en cuenta el órgano revisor que la investigación se ha realizado por un órgano incompetente como es la División de Extranjería de la PNP, quien no tiene competencia para investigar presuntas faltas administrativas que le corresponden exclusivamente a la Superintendencia Nacional de Migraciones, no habiendo diferenciado entre un órgano instructor y uno sancionador dentro de su estructura orgánica conforme al artículo 234 de la ley 27444; por lo que al no habérsele notificado el inicio del procedimiento sancionador, sino directamente la sanción de cancelación de su residencia, la ha dejado en indefensión, lo cual vulnera su derecho fundamental al derecho de defensa, y al debido procedimiento.

[Continúa…]

Descargue en PDF la sentencia que anuló la orden de expulsión del Perú de Korina Rivadeneira