El profesor de la PUCP Heber J. Campos Bernal, en su cuenta personal de facebook, ha mostrado su desacuerdo con la pena impuesta a Silvana Buscaglia Zapler, la mujer que días atrás agredió a un policía que la intervino por estacionarse en un espacio que no debía. El profesor PUCP consideró que la pena, si bien ajustada a ley, es desproporcionada. Así también, hizo un llamado a desterrar el «populismo penal» de nuestra práctica jurídica. Estas fueron sus palabras.


La pena fue desproporcionada

«Diversos abogados han sostenido que la pena estuvo bien dada, debido a que los hechos fueron claros y calzaban de manera milímetrica en el tipo penal que se le impuso. A mi, sin embargo, me parece que aun cuando ello es cierto, la pena fue desproporcionada. Ya sé que habrán quienes sostengan, sin duda, con buen criterio, que la ley es la ley y que no se pueden hacer distingos ahí donde ella no los hace, pero también es verdad que una afirmación de este tipo pone el acento en solo una de las dimensiones del derecho: la de su validez formal.

Validez material de la ley

»Desde el punto de vista de la validez formal de la pena, pienso, nadie podría objetar la decisión del juez. Su sentencia fue impecable y refleja bastante bien lo que la norma, en su sentido positivo, establece. El punto es que, no obstante ello, las normas no se pueden (no se deben) analizar sólo desde la dimensión de su validez formal, sino también, y sobre todo, desde la dimensión de su validez material. Y qué significa ello. Advertir que para que un mandato jurídico sea valido debe ser congruente con los derechos y principios que dotan de sentido al sistema jurídico.

»El Tribunal constitucional ha desarrollado en diversas sentencias los alcances de la validez material de las normas, así como el de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de sanciones. Del mismo modo, la Corte IDH, cuyos pronunciamientos son de aplicación vinculante en nuestro sistema jurídico, sostiene que la imposición de sanciones – más aún de sanciones penales- constituye la ultima ratio del derecho. Ello supone una obligación no sólo a nivel de la regulación de determinadas conductas, sino del análisis de hechos que se ajustan a las normas que devienen de ellas. Así, pues, aun cuando un hecho se ajuste a lo que sostiene una norma, si su aplicación atenta o pone en cuestión dichos principios, lo mínimo que corresponde es un análisis que demuestre porque en dicho caso concreto aquella se impone a estos.

»Sin duda, se trata de un caso difícil que, debido a lo censurable de la conducta y aptitud de esta señora, ha devenido en un caso fácil cuya resolución y sanción ha tomado apenas dos horas.

El populismo penal: una enfermedad crónica

»No se debe perder de vista, finalmente, el daño que le hace al derecho en general y al derecho penal en particular un Parlamento que actúa movido por coyunturas especiales resaltadas (y a veces exageradas) por los medios. El populismo penal es una enfermedad crónica que debemos eliminar de nuestra práctica jurídica. Los problemas no se resuelven con normas. El derecho no cambia la realidad. Es más, a veces, en casos como estos, y en otros, incluso, infinitamente más graves, la afectan y empeoran de modo sensible».

A propósito de este mediático caso, pulula en las redes sociales un vídeo en el que se aprecia a una mujer agrediendo a un policía en Nasca.

Heber Joel Campos Bernal

Heber Joel Campos BernalLicenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a Magíster en Estado de Derecho y Democracia Constitucional de la Universidad de Genova (Italia) y Magíster en Ciencias Políticas de la PUCP. Profesor de los cursos Teoría del Derecho y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la PUCP.

  1. Estimado amigos envío unas líneas sobre este caso de terrorismo punitivo que arrasa con los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad: NI IMPUNIDAD NI TERRORISMO PUNITIVO

    Ciudadanos, a continuación unas líneas sobre la importancia de censurar el terrorismo punitivo promovido por legisladores que han suprimido el espíritu humanista y democrático del Cp de 1991 y convertido en fango la consistencia y proporcionalidad de las penas
    1) EL MUNDO AL REVÉS: PENAS MÁS SEVERAS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE POR DELITOS CONTRA LA VIDA COMO EL HOMICIDIO SIMPLE.
    2) REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PODER JUDICIAL DESATIENDEN SU OBLIGACIÓN DE PRESERVAR LA PROPORCIONALIDAD PUNITIVA, EXIGIDA POR LA CONSTITUCIÓN Y SE SUJETAN A LOS DESAGUISADOS DEL LEGISLATIVO, EMPEÑADO EN DESNATURALIZAR EL ESPÍRITU HUMANISTA Y DEMOCRÁTICO DEL CP. DE 1991
    3) LAS PRECITADAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA OLVIDAN QUE LA DEMOCRACIA EN MATERIA PENAL RECLAMA QUE NO EXISTA IMPUNIDAD PERO TAMBIÉN QUE NO IMPERE EL TERRORISMO PUNITIVO O EL SALVAJE ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS
    4) PROCESOS RÁPIDOS Y FULMINANTES NO SON SINÓNIMO DE JUSTICIA
    Acaba de terminar la lectura de sentencia que recoge el acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y la imputada y su defensa, en un caso de violencia y resistencia a la autoridad, aquel de la conductora intervenida en el aeropuerto y del policía que le impuso una infracción de tránsito.
    El resultado no puede ser más terrorífico que el de cualquier diabólica pesadilla: 6 años y 8 meses de privación de libertad, esto es, ocho meses más por encima de lo que podría recibir un homicida simple, para el cual la ley, el artículo 106 del Código Penal estatuye una pena mínima de 6 años. Esta manifiesta desproporción entre las consecuencias punitivas del delito contra la administración pública, específicamente contra la autoridad, con las de un delito contra la vida, revela lo absurdo que es sancionar más duramente la ofensa de un valor o bien jurídico que ni por asomo puede equiparse con el derecho fundamental, básico y prioritario como es la vida; no obstante semejante contrasentido NI EL MINISTERIO, NI EL JUEZ de la causa y lamentablemente la ocasional defensa de la ahora condenada, pararon mientes en que la Constitución establece que toda intervención que restrinja los derechos fundamentales de la persona, y la libertad es uno de ellos, debe sujetarse al escrupuloso respeto de los raseros de razonabilidad y proporcionalidad, que cuando éstos son infringidos ninguna acusación, decisión o condena es legítima y menos justa.
    En casos como el que nos ocupa, el Ministerio Público, guardián de la legalidad, debe poner en primera línea la legislación mayúscula, es decir, la constitucional, no la minúscula legislación ordinaria, hace rato perforada por el populacherismo parlamentario en asuntos penales (Vid los cambios introducidos en el Código Penal a propósito de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad y comparar la racional y prudente conminación punitiva original con la actual desaforada amenaza sancionadora). Por su parte, el Poder Judicial, los Jueces, último valladar de la arbitrariedad estatal, atendiendo a los imperativos constitucionales, debe identificar e inaplicar las normas reñidas con presupuestos estatuidos en la Carta Fundamental, mediante el control difuso. La defensa, por su lado, ha de insistir en la denuncia del despropósito y siniestro panorama que se despliega cuando la Justicia punitiva se transforma en un ogro capaz de destruir al individuo. No hacerlo es dejar en indefensión al imputado.

    Mientras no se tome conciencia de que en democracia tan válido es evitar la impunidad como el terrorismo punitivo o salvajismo sancionador, los derechos ciudadanos correrán peligro extinción.

    Unas líneas finales sobre el proceso inmediato o “facilismo” procesal que confunde celeridad a cualquier costo con Justicia. Este caso demuestra que el afrontamiento de las demoras y lenidad procesales no puede hacerse de manera tosca, sin modulaciones que atiendan asuntos más complejos que reclaman un itinerario procesal mayor. En esta audiencia la incoación del inmediato debió rechazarse a favor del proceso común.

    Aprendamos de este dramático caso e insistamos que una República democrática inscribe en su programa penal tanto el objetivo de la Justicia de evitar la impunidad como el de rechazar el terrorismo o salvajismo punitivo.

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