El reconocido civilista Gunther Gonzales Barrón, ha sorprendido a sus seguidores con la decisión de postular al cargo de Superintendente de Registros Públicos, a través de un documento que denominó «Carta abierta a la comunidad registral», en la cual, luego de comunicar su firme intención de pertenecer a dicha institución, hace un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el sistema registral. Pero no solo eso, también se anima a plantear soluciones. Compartimos el contenido de esta Carta porque, al margen de que estemos de acuerdo o no con el planteamiento, tiene ideas sugerentes y audaces que vale la pena discutir.


Estimados amigos:

Por medio de la presente, les comunico mi decisión de postular al cargo de Superintendente de Registros Públicos, pues considero que la situación previa, caracterizada por la improvisación, despilfarro y encono laboral, no puede mantenerse. Es necesario un nuevo rumbo que permita construir un registro del primer mundo, bajo las premisas de simplificación, eficiencia, seguridad, honestidad, y que se constituya en la llave maestra para formalizar la economía, apoyando tanto al pequeño propietario, como al gran inversionista, liberando de trabas y obstáculos a los emprendimientos que generan empleo, riqueza, renta y tributos.

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1. Situación actual: grave problema de informalidad

Pese a los esfuerzos desplegados en los últimos veinte años, casi 3’000,000 predios rurales individuales y el 70% de los predios urbanos sufren la falta de un título de propiedad seguro, o [tienen] algún tipo de obstáculo legal, entre los que se encuentran 2’000,000 de predios urbanos que ya habían sido titulados por COFOPRI, pero que han regresado a la informalidad. Esta situación afecta profundamente a la economía en general, pues desvaloriza los bienes, retrae la inversión, impide el financiamiento hipotecario y, en general, produce inseguridad, pues disminuye las posibilidades de protección del derecho frente a los ataques o interferencias de terceros.

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La economía informal no solo se encuentra en el ámbito laboral, fiscal o empresarial, sino también en el de la propiedad, lo que, en general, se vincula con la baja productividad, por tanto, las actividades económicas se hacen poco rentables, no permiten el crecimiento ni generan suficiente riqueza. Por tal motivo, la gran mayoría de las nuevas empresas ya fracasaron luego del primer año.

2. Hacia la formalización de la propiedad y de la economía

La economía formal de nuestro país, de una u otra manera, pasa por el registro público, tanto la propiedad, los contratos y las empresas, por lo que se hace necesario reformar el sistema bajo los principios de simplificación, favorecimiento de la inscripción, calificación reglada y no discrecional, eficiencia y seguridad jurídica, con la finalidad de que los propietarios e inversionistas puedan acceder a las ventajas de la formalización. Es necesario entender que los trámites simplificados no atentan contra la seguridad, siempre que se identifique, y ataquen, los puntos débiles que ahora permiten los fraudes y las falsificaciones.

La propiedad informal produce un grave daño a la economía, pues la riqueza queda desvalorizada, no puede usarse de la forma más eficiente, además que se le excluye del crédito bancario y tampoco puede ser protegida frente a los terceros. Por tanto, el crecimiento económico pasa por un sistema registral amigable al inversionista y que permita la formalización.

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En tal sentido, para lograr el propósito de formalizar la economía, no basta que el ciudadano o el empresario tengan RUC o empiecen tímidamente a pagar impuestos, sino que accedan también al registro público. En efecto, el microempresario que empieza a ganar en productividad, no podrá crecer sostenidamente sin ayuda del financiamiento, y para evitar que la usura se lleve sus ganancias, necesita acudir al crédito hipotecario, para lo que necesita contar con titulación segura, que será la llave de los préstamos con 6 u 8% destinado al desarrollo de actividades productivas que generen más riqueza, empleo y pago de impuestos.

3. ¿Cómo formalizar?

La formalización de la propiedad consiste en la política estatal, de alcance continuado, por cuya virtud, el Estado, en general, facilita y promueve que los bienes y derechos de los particulares sean reconocidos legalmente a través de procedimientos simplificados, eficaces y de bajo costo, sin menoscabo de la seguridad jurídica, que permitan el acceso y la defensa de la propiedad. Esta situación impacta evidentemente en la economía, en general.

¿Cómo han pretendido formalizar las anteriores gestiones de la entidad? Pues, con ferias llamadas “REGISTRÓN”, en las que supuestamente se intenta “explicar y convencer” a los ciudadanos las ventajas de la “cultura registral”. Eso demuestra absoluta falta de rigurosidad en detectar la causa y efecto de los fenómenos sociales. En realidad, la promoción de la inscripción se logra con procedimientos y trámites simples, de bajo costo, pero, sobre ello, no hay avance alguno.

El proceso de formalización de la propiedad ataca diferentes trabas, entre ellas, las de carácter jurídico (nacidas de normas jurídicas legales o reglamentarias que imponen requisitos innecesarios, superfluos o que en nada mejoran la seguridad), las económicas (nacidas de tasas, tributos o derechos de tramitación que exceden el costo de servicio o no son racionales económicamente, pues, solo incentivan la informalidad) y las burocráticas (nacidas de la gestión y cultura de los funcionarios, lo que muchas veces se identifica como “costumbres perversas”, que son una especie de diques u obstáculos a la actividad privada).

La formalización de la propiedad es un objetivo del Estado Peruano, que se logrará, en el ámbito registral, a través de las siguientes medidas de carácter continuado: a) Simplificación administrativa; b) Desregulación de procedimientos; c) Superación de criterios ilegales, irracionales o antitécnicos en la toma de decisiones de la administración pública, y, d) Reducción de sobrecostos.

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4. Medidas concretas de reforma del actual sistema

El actual sistema de registro no ha permitido bajar la tasa de informalidad, por el contrario, esta ha aumentado, conforme se demuestra con los 2’000,000 de predios urbanos, ya titulados, que, en pocos años, sin embargo, han retornado a la informalidad, perdiéndose así lo avanzado.

No es posible seguir avanzando con modificaciones estéticas, sino con reformas profundas, en diversos ámbitos, que pasamos a explicar:

4.1. Propuestas de orden registral

Es necesario emprender una política contraria a la burocratización y reglamentarismo de las normas y procedimientos registrales; asimismo, se necesita precisar la función registral, de tal forma que permita eliminar la discrecionalidad, simplificar la calificación hasta el ámbito estrictamente necesario, y reducir los sobrecostos, sin que ello disminuya la seguridad jurídica. En tal sentido, se propone lo siguiente:

  • Revisión y reforma de la inmensa cantidad de reglamentos, directivas y precedentes, dictados en las dos últimas décadas, bajo las premisas de simplificación, eficiencia y desregulación; con la finalidad de lograr un registro “amigable”, “respetuoso de competencias ajenas”, “reglado”, “económico” y “tecnológico”, sin merma de la seguridad jurídica. En todos los casos se pre-publicarán los proyectos para recibir sugerencias del sector privado (empresarios, inversionistas, notarios, abogados, sociedad civil, en general) y del sector público.
  • Aprobación de instructivos para la calificación de los actos, lo que eliminará la discrecionalidad, pero también la incertidumbre del registrador por la eventual responsabilidad. En buena cuenta, seguridad para todos.
  • Reducción de sobrecostos, lo que se iniciará con la propuesta inmediata de sinceramiento de la tasas por concepto de publicidad y copias.
  • Fuerte inversión en capacitación registral, tanto en el país como en el extranjero.
  • Lucha contra el fraude inmobiliario mediante el programa de interconexión entre notarías y registro, que se refiere a la autenticidad de los actos, y no a la autenticidad de los presentantes.
  • Efectivizar la garantía que dispensa el sistema en caso de error registral, con el fin de lograr la seguridad efectiva a favor de los propietarios, en los casos patológicos, mediante el pago oportuno de la indemnización que establece el actual art. 2º, inciso d), de la Ley 26366, lo que requiere la difusión del riesgo mediante seguros de responsabilidad civil.
  • Reconfiguración de la Dirección Técnica Registral y de la Escuela de Capacitación Registral, que, en el primer caso, siguen dictando más normas burocráticas, y, en el segundo, presenta un serio déficit de cursos o talleres de contenido práctico, con miras en la simplificación y eficiencia del servicio.

4.2. Propuestas de orden tecnológico

La plataforma tecnológica de la institución se encuentra desfasada. Vamos a proponer una serie de cambios;

  • Nuevo sistema informatizado que unifique el procedimiento notarial y registral, en general, incluso la publicidad posterior de las inscripciones y los títulos. La idea es que el notario ingrese el título en el sistema, el registro lo reciba por vía telemática, mientras el registrador, en la misma plataforma, realice la calificación según instructivo y decida la inscripción, sin que tenga nada que digitar, pues el sistema ingresará los datos en forma automática, y el título quedará como adjunto. Las inscripciones, en una serie de actos, podrán hacerse en un solo día con el uso del nuevo sistema virtual, que no se reduce a la presentación telemática de títulos, como el actual, que además no supera el 1% del total de constituciones de empresa, sino que constituye una plataforma integral de todo el procedimiento.
  • Por efecto de lo anterior, y a partir del nuevo modelo, no habrá más títulos archivados en papel.
  • Por lo mismo, la publicidad que se dispense a terceros, mediante copias, comprenderá automáticamente el asiento y el título adjunto. La seguridad jurídica de los compradores o adquirentes aumentará con la simplificación en obtener la completa historia registral, junto a la reducción de costos.
  • Nuevo sistema de interconexión “notarías-registro”, que evita el fraude inmobiliario mediante títulos falsificados, mediante el control de la autenticidad general de los actos, y no la de los presentantes. Por lo mismo, el “sistema notario” perderá importancia y utilidad, lo que es correcto, en tanto este se basa en delegar la función de calificación en funcionarios de mesa de partes, lo que desvirtúa la esencia del procedimiento registral y la “unidad de mando”.

4.3. Propuestas de orden presupuestal y de administración de recursos

La entidad cuenta con recursos propios, que lamentablemente se han despilfarrado en los últimos años. En este punto, las medidas serán radicales:

  • NO MÁS gastos de publicidad, salvo si fuese estrictamente necesario, pero en todo caso queda prohibido el dispendio. El Superintendente debería tener la capacidad para explicar las reformas ante la prensa, en forma de entrevistas y reportajes. No se necesita dinero para eso.
  • NO MÁS gastos de alquiler de inmuebles a precios elevados. Además, se buscará dejar sin efecto los actuales contratos de arrendamiento de las Sedes Primavera y Pardo y Aliaga. En forma simultánea se llevará a cabo una auditoría con el Colegio de Ingenieros del Perú para que determine la real condición estructural de los Edificios de Blondet y Arenales, para, luego de superar las deficiencias, retornar a las dos sedes institucionales.
  • Todo el ahorro en gastos de publicidad y alquileres será redirigido en la capacitación de los trabajadores, tanto en el país como en el extranjero, después de cumplir los procedimientos legales.
  • NO MÁS generalización de compras con adjudicación directa, salvo en los casos estrictamente necesarios, las que, además, se someterán a estrictos lineamientos: diversos proveedores, todos ellos empresas reales y con antecedentes en el mercado, exigencia de rebaja de 10 a 20% en las cotizaciones con relación de compras anteriores, prohibición absoluta de fraccionamiento de las compras.

4.4. Propuestas de orden laboral y sindical

La anterior gestión concluyó sus funciones con una pésima relación con los trabajadores y colaboradores, que se terminó de deteriorar por no haber conseguido el pago de los derechos establecidos por laudo, lo que aún sigue sin resolverse.

Los cambios, en esta materia, serán muy importantes:

  • La gestión anterior tomó la actitud de “mendigar” el visto bueno del MEF para la ejecución del laudo, lo que obviamente no logró resultados favorables. Por el contrario, la negociación deberá plantearse bajo la idea del “trato razonable” a una entidad que se compromete a colaborar en la simplificación y formalización. En efecto, SUNARP es una de las palancas fundamentales del desarrollo, y gracias a los cambios aquí propuestos, busca constituirse en una entidad abanderada de la formalización de la economía; pues bien, ese compromiso de toda la institución en beneficio del país, requiere también el reconocimiento del Ministerio de Economía. En este punto, no puede prometerse el éxito, pero sí una mejor negociación.
  • La misma política permitirá enfrentar con mayores opciones el requerimiento de aumento de plazas permanentes, con la consiguiente reducción de la inestabilidad y precarización del empleo. Téngase en cuenta que desde la creación de la entidad, el producto bruto del país se ha triplicado, por lo que la institución ha debido crecer también en una magnitud equivalente.
  • NO MÁS dudosos concursos de contratación de personal. Para ello, se aumentará el ponderado de currículo y examen escrito, reduciéndose al mínimo el peso de la entrevista, sin perjuicio de que se grabarán las entrevistas y, de ser posible, se propondrá la veeduría de los trabajadores para alcanzar la máxima objetividad e imparcialidad.
  • Investigación interna de despidos llevados a cabo por la gestión anterior, que hayan sido, presuntamente, fraudulentos, abusivos o violatorios de los derechos fundamentales, y si fuese el caso, se autorizará el allanamiento o reconocimiento del derecho de los trabajadores.
  • Eliminación de las normas del reglamento interno que restringen libertades, que imponen limitaciones o violan derechos.

4.5. Propuestas anti-corrupción

Lamentablemente, durante los últimos años, la entidad ha sido impactada por denuncias de corrupción, que no fueron aclaradas, por lo menos públicamente. Es urgente, por tanto, una serie de medidas urgentes:

  • Pedir a la Contraloría General de la República el cambio del actual funcionario de control, del que no se conoce denuncia alguna en temas de relevancia.
  • Pedir a la Contraloría General de la República que audite las compras y adquisiciones realizadas durante la gestión anterior, por lo menos, las de mayor importancia económica.
  • Instalar y/o potenciar una cuenta de correo para la recepción de denuncias anónimas y reservadas de corrupción, las cuales tendrán que evaluarse en todos los casos, y, luego de ello, emitir un informe final que será trasladado a los funcionarios competentes.
  • Crear un Comité asesor de expertos, honestos e intachables, que velen por la legalidad, transparencia e imparcialidad en las compras de determinado nivel.
  • De ser posible, proponer la veeduría de los trabajadores para el seguimiento de los procesos de compras de determinado nivel.
  • Contratar un grupo de abogados especializados, para que apoyen el seguimiento de los procesos por corrupción.
  • Eliminar, en la medida de lo posible, las compras por adjudicación directa, y cuando ello sea necesario, se exigirá cotizaciones de varios proveedores que tengan comprobada presencia en el mercado, sin perjuicio de exigir reducción en los precios de 10 a 20%, y eliminando el fraccionamiento de las adquisiciones.
  • Eliminar gastos por publicidad, que no solo constituye un dispendio de recursos, sino que tampoco ha conseguido resultado positivo en la facilitación de las inscripciones.

5. Palabras finales

La presente reforma solo podrá concretarse con el apoyo de todos los funcionarios y colaboradores de nuestra institución, la cual tiene las capacidades (humanas) y las capacidades (de recursos) para convertirse en el modelo de eficiencia y accesibilidad dentro del Estado Peruano. Debemos convencernos, todos, de lograr un REGISTRO DEL PRIMER MUNDO, y de ser parte de esa institución.

En tal sentido, les propongo que todos juntos miremos el futuro con optimismo, dentro de un NUEVO ambiente de respeto, consideración, apoyo mutuo y logro de resultados que concluyan en una entidad que piensa en los ciudadanos, que piensa en el país y desarrollo, pero también en los trabajadores.

La presente carta resume la misión, visión, acción y línea anticorrupción que propongo, con carácter de COMPROMISO PÚBLICO para los próximos cuatro años, y no más.

Gracias a todos por vuestra atención.

Lima, 02 de noviembre de 2016.

GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN
DNI. N° 10264010