Diez preguntas acerca del proceso de amparo tomadas por el CNM. ¿Te animas a resolverlas?

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En los diferentes exámenes escritos que el CNM ha tomado en este último bienio, hemos podido encontrar una gran cantidad de preguntas de derecho constitucional en general; no obstante, para este post hemos seleccionado uno de los procesos constitucionales más recurrentes, el de amparo. De acuerdo con los comentarios y el nivel de vistas del post, estaremos dejando también la clave de respuestas, así que no olviden darle like, compartir y comentar qué te parece el nivel de la prueba.

En los diferentes exámenes escritos que el CNM ha tomado en este último bienio, hemos podido encontrar una gran cantidad de preguntas de derecho constitucional en general; no obstante, para este post hemos seleccionado uno de los procesos constitucionales más recurrentes, el de amparo.

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Con fecha 27 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución Nº 315-2004-JNE, de fecha 17 de noviembre de 2004, por considerar que vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Manifiesta que mediante acuerdo adoptado el 20 de julio de 2004, el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Canchaque-Piura declaró improcedente la solicitud de vacancia en el cargo de alcalde municipal, por causal de nepotismo, formulada en su contra por un ciudadano. Refiere que en aplicación del artículo 51º de la Ley N.º 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)-, el 20% de los miembros hábiles del Concejo solicitaron la reconsideración del acuerdo, la cual -aduce- fue declarada improcedente mediante una Resolución de Alcaldía (sic), con lo que quedó agotada la vía administrativa. Sostiene que, en consecuencia, esta última resolución solo podía ser impugnada en un proceso contencioso administrativo, a pesar de lo cual el JNE ha declarado fundado un recurso de apelación interpuesto contra ella, ordenando su inmediata vacancia en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchaque.

El Procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del JNE contesta la demanda manifestando que el literal u) del artículo 5º de la Ley N.º 26486 -Ley Orgánica del JNE-, en desarrollo del inciso 6) del artículo 178º de la Constitución, dispone que es competencia del JNE declarar la vacancia de los cargos elegidos mediante sufragio directo; que, conforme al artículo 23º de la LOM, el JNE debe resolver el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo del Concejo Municipal que declara o rechaza la vacancia solicitada; y que los actos de nepotismo que determinaron declarar vacante el cargo de alcalde que ejercía el recurrente quedaron plenamente acreditados en sede del JNE, motivo por el cual se resolvió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. En suma –agrega–, la resolución del JNE ha sido expedida con plena observancia del derecho fundamental al debido proceso. Finalmente, sostiene que, sin perjuicio de lo expuesto, al pretenderse vía amparo dejar sin efecto una resolución emitida por el JNE, se afectan los artículos 142º y 181º de la Constitución que establecen que, contra las resoluciones dictadas por el JNE, no procede recurso alguno.

El Quinto Juzgado Civil de Piura, con fecha 14 de marzo de 2005, declaró infundada la demanda, por considerar que el JNE ha actuado de conformidad con el artículo 23º de la LOM y sin afectar el derecho al debido proceso. Añade que la decisión jurisdiccional del JNE ha respetado la tutela procesal efectiva a la que hace referencia el inciso 8) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional.

El asunto controvertido en el petitorio del presente caso es que el Tribunal Constitucional determine:

a. Si los artículos 142º y 181º de la Constitución instituyen a una resolución del JNE como una zona exenta de control constitucional y del proceso de amparo previsto en la Constitución.
b. Que la Constitución es una norma política compuesta por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, y consolidar la doctrina de la soberanía parlamentaria.
c. Que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control constitucional.
d. Que los métodos jurídicos y de argumentación constitucional buscan aliviar los conflictos intersubjetivos e interinstitucionales.

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Elena ha interpuesto una demanda de amparo contra su empleador por haberla despedido al encontrarse embarazada. En efecto, el empleador corta el vínculo laboral con Elena una vez que ésta solicita, por escrito, el goce de su período prenatal.

Sin embargo, ella alega en su demanda de amparo hostilidad del empleador cuando en propiedad, se ha producido un acto de discriminación negativa, y por ende, un despido nulo, dado que el propósito del empleador fue excluir de la nómina de empleados a Elena, una vez que ésta solicitó el ejercicio de sus derechos, dado su estado de gravidez.

En relación al argumento de Elena respecto a la hostilidad del empleador y considerando la afectación constitucional del caso en concreto:

a. Acarrea ello que la demanda de amparo sea declarada improcedente a fin de encausar la acción en la vía laboral, pues la hostilidad del empleador no es competencia del juez constitucional. Más aún, el juez no puede modificar la pretensión.
b. El juez, en ejercicio del iura novit curia, puede modificar la pretensión de Elena en el caso en concreto y resolver la demanda como amparo por despido arbitrario.
c. Por el principio de suplencia de queja deficiente, el juez puede estimar la pretensión, reconociendo que la verdadera pretensión tiene lugar respecto de un despido nulo, y por tanto es atendible como amparo laboral.
d. El juez, bajo ningún concepto, puede modificar la pretensión de las partes, solo determina el derecho que corresponde en el caso en concreto.

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En relación al mismo caso y respecto a los principios procesales en los procesos
constitucionales: 

a. El principio de economía procesal permite al juez determinar la improcedencia liminar
de la demanda y reconducir la pretensión a la vía laboral.
b. El principio de socialización hace posible que el juez diferencie las condiciones entre
empleador y trabajador para remitir los actuados a la vía laboral, en la cual el juez de
trabajo velará por los derechos de la parte más débil en la relación laboral.
c. El principio de interdicción de la arbitrariedad permite la figura de la diferenciación
procesal entre trabajador y empleador.
d. El principio de elasticidad permite adecuar las formas del proceso a los fines de los
procesos constitucionales.

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Tras varios años de litigio, Joaquín logra, a nivel del Tribunal Constitucional y vía amparo, el reconocimiento y en vía de restitución, de un derecho económico que el Gobierno Central le había retirado alegando una situación de crisis económica.

El Tribunal Constitucional señala que no declara ese derecho a favor de Joaquín sino simplemente lo restituye y dada la trascendencia del caso, declara un «estado de cosas inconstitucional» sobre la materia.

Jesús, compañero de Joaquín, se alegra por la noticia de reconocimiento del Tribunal y dado que se encuentra en situación similar a la de Joaquín, opta por pretender acudir al juez de ejecución en el caso de Joaquín, y solicita se le reconozca también ese derecho económico. Jesús invoca la figura del «estado de cosas inconstitucional» bajo el argumento de encontrarse en situación similar a la de Joaquín.

En relación al pedido procesal de Jesús.

a. El juez debe declarar de plano improcedente el pedido de Jesús pues éste no ha sido parte en el proceso de Joaquín.
b. El juez debe derivar necesariamente el pedido de Jesús a un juzgado civil para que califique la demanda.
c. El juez puede atender la petición de Jesús si el Tribunal previamente ha calificado el caso de Joaquín como un «estado de cosas inconstitucional». Dada la similitud de casos, el derecho de Jesús es atendible.
d. El juez debe exigir la observancia del debido proceso y debe requerir a Jesús proceda a emplazar a su empleador en el modo y forma que la ley prescribe. En caso contrario, se estaría afectando gravemente el debido proceso.

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Alberto es profesor del Magisterio Público y ha obtenido una plaza como titular en la provincia de Quispicanchis para el año 2016. Roberto, quien quedó en segundo lugar, impugna los resultados bajo la pauta de que el nombrado no cumplía los requisitos del caso, y la Dirección Regional de Educación de la localidad deja sin efecto el nombramiento de Alberto, nombrando en su lugar, al impugnante.

Alberto, no conforme con esta decisión, interpone un proceso de amparo. El juez
constitucional de primera instancia declara fundada la demanda de Alberto y la Dirección Regional interpone recurso de apelación. La Sala Superior evalúa el caso y en su alegato, la Dirección Regional sostiene que el año regular 2016 está próximo a concluir, y por tanto, no es posible reincorporar a Alberto en el caso de que se confirme la sentencia.

¿Cuál es la posición que debe asumir la Sala?

a. Encontrándose próximo a concluir el año 2016, ya no es posible reincorporar a Alberto
y por tanto, la Sala debe declarar la sustracción de la materia.
b. Declarar improcedente la demanda dejando a salvo el derecho de accionar en la vía
indemnizatoria contra la Dirección Regional.
c. Declarar fundada la demanda y exhortar a la parte demandada a no incurrir
nuevamente en actos vulneratorios de los derechos fundamentales del accionante.
d. Declarar fundada la demanda y dejar sin efecto el nombramiento de Alberto,
asumiendo que Roberto, por méritos, ostenta un ámbito de mejor protección de su
derecho fundamental al trabajo.

6

Considerando que exista en el caso anotado vulneración del derecho fundamental al trabajo, ¿cuál debe ser, como regla general, la fundamentación del juez constitucional respecto al derecho afectado?

a. Pronunciarse por la afectación del contenido de juridicidad del derecho materia de
discusión.
b. Establecer los alcances del contenido de moralidad del derecho afectado.
c. Fijar los alcances del contenido constitucionalmente protegido del derecho afectado.
d. Determinar el contenido esencial, no esencial y adicional respecto al derecho
fundamental afectado.

7

Juana es miembro de la Junta Directiva del Mercado «San Judas Tadeo» que se dedica al comercio de ropa y zapatillas en un mercadillo de la ciudad de Chimbóte. Debido a su exposición mediática en las últimas elecciones al Congreso y por su apoyo a uno de los postulantes al Congreso de la República, el pleno de los demás integrantes de la junta directiva y por unanimidad, ha decidido cancelar su participación en la junta directiva, hecho del que Juana ha tomado conocimiento en forma fortuita, a través una compañera que también forma parte de la Junta Directiva del referido mercado.

Juana era la tesorera en la junta directiva antes de su destitución y al momento de enterarse de su destitución, todos sus poderes habían sido cancelados en los registros públicos sobre la base de una asamblea extraordinaria que así lo habría aprobado por unanimidad, aun cuando María nunca tomó conocimiento de dicha asamblea.

¿Tiene María posibilidades de acudir al proceso constitucional de amparo?

a. No debido a que los acuerdos de las asociaciones se toman en el marco de la autonomía de estas organizaciones que tienen protección constitucional.
b. No porque para impugnar acuerdos existe una vía igualmente satisfactoria en el proceso ordinario según lo ha ratificado el Tribunal Constitucional.
c. Existe afectación al debido proceso corporativo y el proceso de amparo protege estos supuestos.
d. No procede el amparo entre particulares.

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En el supuesto que la demanda de amparo hubiera sido rechazada liminarmente en las dos instancias del Poder Judicial aplicando el principio de residualidad del proceso de amparo, qué posibilidades existe a través de un recurso de agravio:

a. El Tribunal Constitucional siempre suele declarar la nulidad de todo lo actuado.
b. El Tribunal Constitucional, atendiendo a que existe una afectación al debido proceso, podría declarar fundada la demanda, siempre que se haya emplazado al demandado en algún momento con la demanda y éste haya ejercido su derecho de defensa.
c. No procede el recurso de agravio en estos supuestos.
d. El Tribunal declarará infundada la demanda inevitablemente.

9

Con fecha 31 de marzo de 2008. Andrés Delgado interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la inaplicación de la Resolución Nº 45346-2007-GO-DC-18846/ONP, de fecha 21 de febrero de 2008, que le deniega la pensión vitalicia; y que en consecuencia se le otorgue dicha pensión, por padecer de neumoconiosis, con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Ley 18846 y su reglamento. Andrés Delgado presenta un certificado médico en el que se acredita que padece de neumoconiosis, presenta también otro en el que se certifica que padece de un cáncer de colon avanzado. Ambos certificados médicos fueron emitidos por Salud Ocupacional y Ambiental EIRL.

El 2 de abril, el Juez Civil de Primera instancia admite la demanda a trámite y dispone correr traslado de la misma a la demandada ONP. Esta solicita que la demanda sea declarada improcedente debido -entre otras cosas- a que el certificado médico no fue emitido por la «Comisión Evaluadora de Incapacidades», del Instituto Peruano de Seguridad Social, única entidad competente para determinar enfermedades profesionales. De hecho, afirma que el Tribunal Constitucional ha establecido el criterio jurisprudencial por el cual «los certificados e informes emitidos por organismos particulares no constituyen prueba fehaciente de la existencia de una enfermedad profesional» (sentencia del Tribunal Constitucional al EXP. N.° 10055-2006- PATTC, fundamento 5).

La demanda de amparo debe declararse:

a. Improcedente por no haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental a la salud.
b. Improcedente por no haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental a la motivación de decisiones.
c. Improcedente por no haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y a la pensión.
d. Improcedente por extemporánea la demanda.

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Lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia al Exp. N.° 10055- 2006-PA/TC, fundamento jurídico 5:

a. Es una mera opinión que no genera ninguna vinculación a los Jueces.
b. Es una regla jurídica que vincula a los jueces.
c. Es una hipótesis prenormativa que solo vinculará a los jueces después de haber sido reiterada por el Tribunal Constitucional en dos oportunidades más.
d. Es una propuesta de reforma legislativa que tiene que ser acogida por el Parlamento a través de una Ley para vincular a los jueces.