Cómo proceder en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar según la Ley 30364 y sus últimas modificatorias

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A más de dos años de promulgada la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, han ocurrido un sinfín de modificatorias con la única finalidad de uniformizarla con el proceso penal.

A más de dos años de promulgada la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, han ocurrido un sinfín de modificatorias con la única finalidad de uniformizarla con el proceso penal.

Queda claro que el gobierno está en una lucha constante para combatir y erradicar la violencia familiar, ello se evidencia en las reiteradas modificatorias que ha tenido la Ley 30364, el Código Penal y Código Procesal Penal. Asimismo, la nueva jurisprudencia en casos de violencia familiar tiende a corregir los errores de incongruencia que existe entre la Ley 30364 y el proceso penal.

Además ha establecido criterios con la finalidad de cubrir los vacíos legales que existen hasta la actualidad, como la valoración de la prueba pericial (examen psicológico y examen médico legista), la calificación por “el hecho de ser mujer”, y por último el dominio del hecho, análisis que deberá realizar el juez de familia antes de dictar el auto final correspondiente.

A continuación precisaré los lineamientos a tener en cuenta en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar:

1. Paso uno: Interponer la denuncia

Es muy importante determinar si estamos frente a una denuncia por violencia familiar o un delito penal, toda vez que de ello dependerá el tratamiento y la pena a imponer al agresor. Si bien dentro del marco legal de la Ley 30364 explícitamente prescribe que no se necesitará la firma de abogado, y de ningún formalismo para interponer las denuncias, a mi parecer es de suma importancia que el denunciante tenga una asesoría legal antes de efectuar la denuncia, de manera tal que decida correctamente ante qué órgano interponer la denuncia.

En el supuesto caso que estemos frente a una presunta figura de delito, la denuncia se deberá efectuar en sede fiscal, a efectos que el Ministerio Público proceda de acuerdo con sus atribuciones y comunique al juzgado de familia para su pronta evaluación (artículo 14 del reglamento de la Ley 30364).

Si la violencia es psicológica se deberá interponer la denuncia directamente al juzgado de familia para una pronta actuación, para ello no se requerirá de ningún tipo de formalismo, no es necesaria firma de abogado ni algún medio probatorio que pueda acreditar la violencia psicológica, toda vez que el juzgado en coordinación con el equipo multidisciplinario se encargara de recabar las pericias correspondientes.

En el caso que el juzgado de familia no esté cerca de la víctima, se deberá optar como segunda opción la Policía Nacional del Perú, que luego de recibir la denuncia, tendrá 24 horas para enviar al juzgado los actuados correspondientes (ficha de valoración de riesgo, examen físico o psicológico, atestado policial o informe policial, en los términos del CPP). En el caso que la víctima sea menor de edad, mujer o adulto mayor deberá efectuar el llenado de la ficha de valoración de riesgo, también deberá comunicar a la fiscalía de familia o mixta para su participación en el proceso especial cuando las víctimas sean niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad (artículo 32 del reglamento de la Ley 30364).

Por último la comisaria deberá entregar los oficios correspondientes para que la víctima sea atendida en algún centro de atención médico a efectos de recabar el resultado del informe psicológico, que posteriormente será enviado al juzgado de familia. En el caso que haya demora a nivel policial por negligencia de la propia Policía Nacional, se podrá interponer una denuncia por denegación o deficiente apoyo policial prescrito en el artículo 378 del Código Penal, el cual tiene una pena no mayor de dos ni mayor de cuatro años por tratarse de un caso de violencia familiar.

La denuncia por violencia familiar se podrá interponer en:

  1. Comisaria
  2. Fiscalía
  3. Juzgado de familia

 2. Paso dos: Respecto al Reglamento y esquema procesal de la Ley 30364

Habiendo recibido la denuncia el juzgado de familia procederá a programar una audiencia única, en la que se llevara a cabo si se otorgan o no las medidas de protección y/o cautelares. Cabe resaltar que las partes pueden incorporar medios probatorios, toda vez que el procedimiento especial regulado por el Decreto Supremo 009-2016-MIMP se observan las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia; asimismo se admiten y valoran de acuerdo a su pertinencia todos los medios probatorios que puedan acreditar hechos de violencia, ello en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de la Ley 30364, por lo que las partes podrán presentar medios probatorios que crean convenientes hasta antes de la audiencia.

Referente a los medios probatorios recopilado por el aparato judicial, si bien sabemos es muy cuestionable, sobre todo los informes psicológicos que son el fundamento principal para dictar las medidas de protección, en el caso que el resultado se desconozca o se presuma que no será favorable por una mala práctica, es recomendable presentar otro informe psicológico de parte, de igual modo en el caso que se presuma un resultado favorable, toda vez que es sumamente importante una segunda opinión ya que mientras más podamos acreditar el daño psicología será mejor para la secuencia y desenlace del mismo, toda vez que los certificados médicos e informes tienen valor relativo (leer Acuerdo Plenario de la CSJ Lima Norte: Certificados médicos e informes periciales tienen valor relativo para acreditar estado de salud física y mental en procesos de violencia familiar y de género).

Asimismo cabe precisar que el procedimiento especial de la Ley 30364 no se puede impugnar los medios probatorios recopilados por el aparato judicial ni los medios probatorios presentados por las partes, toda vez que los jueces de familia no dictan sentencias y solo son competentes para dictar medidas de protección y/o cautelares.

Es sumamente importarte incorporar medios probatorios que demuestre ante el juez de familia, que las agresiones ocasionadas fueron en un contexto que la víctima se encuentre en relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación con el agresor.

3. Paso tres: auto final, audiencia única donde se evaluara si se otorgan medidas de protección y/o cautelares

Es importante precisar que todas las medidas de protección y/o cautelares siempre se deberán dictar en audiencia única, salvo en casos de riesgo severo se prescindirá de la audiencia única según el artículo 36 del reglamento de la Ley 30364.

El juez de familia antes de dictar el auto final que concede las medidas de protección, deberán analizar exhaustivamente los informes médicos, psicológicos, ficha de valoración de riesgo, atestado o informe policial, medios probatorios presentados por las partes y por último deberá identificar si la supuesta víctima se encuentra en relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación con el agresor, a efectos de terminar si existen hechos de violencia que sean pasible de medidas de protección.

En el caso que unas de las partes no esté de acuerdo con las medidas de protección y/o cautelares, podrá apelar según las reglas del procedimiento especial en su artículo 42, 43 del reglamento de la Ley 30364.

4. Paso cuatro: efectos de las medidas de protección

Las medidas de protección y/o cautelares perdurará hasta que el proceso subsista, por lo que durará hasta que concluya el proceso ante un juez penal o juez de paz letrado penal. En el caso que la fiscalía decida archivar el caso, las medidas de protección y/o cautelares cesaran según el artículo 23 de la Ley 30364.

Respecto a lo mencionado líneas arriba los días 26 y 27 de mayo del presente año, se realizó en Lima el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia donde se abordó el tema de la vigencia de las medidas de protección y/o cautelares en caso de darse el archivamiento a nivel fiscal, por lo que el Pleno adoptó por MAYORÍA la segunda ponencia que enuncia lo siguiente: “No debe dejarse sin efecto las medidas de protección y si debe dejarse sin efecto las medidas cautelares”.

Asimismo, en el artículo 41 del Reglamento de la Ley 30364, precisa que se podrá dar la variación de la medida de protección y/o cautelares, siempre y cuando existan hechos nuevos de violencia, por lo que el juez de familia podrá variar las medidas de protección y/o cautelares hasta que el juez penal o de paz letrado aun no tome conocimiento.