A pesar de los esfuerzos individuales de muchos abogados, el gremio abogadil no logra levantar aun su alicaída imagen frente a la ciudadanía. La abogacía sigue siendo un servicio que genera poca confianza y al que solo se llega como último recurso en medio de los problemas.

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Pero lo más grave es que el grueso de la población es la más perjudicada. Su pobreza legal solo les permite tener acceso a abogados de pésima o nula calidad prestos al fraude, y en los peores casos, a los famosos tinterillos que fungen de doctos y estafan a las personas urgidas de atención jurídica.

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Ya hace varios años que Justicia Viva ponía el tema sobre el tapete, aunque sin mucho eco por cierto:

«Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué cualquier lego, o persona sin los requisitos necesarios puede hacerse pasar por un profesional del derecho? Sin duda, lo primero es por la falta de controles de parte de los colegios de abogados, los órganos de administración de justicia, y en última instancia del cliente. Lo segundo (y a pesar que existe una norma que penaliza este tipo de desempeño), es la falta de una adecuada política preventiva. El informe del citado diario establece que el Colegio de Abogados de Lima sólo ha visto 266 de estos casos en 15 años. Es obvio que el tema es de mucha más gravedad y no sólo el de estas pocas causas.

A su vez, a nuestro entender, un tema trascendental es nuestra cultura jurídica como factor del problema. Tener una educación legal mayoritariamente formalista, apegada a clichés, donde prima la memorización de las leyes, en vez de buscar de un entendimiento de las instituciones y su contraste con la realidad y el caso en concreto; hace que el oficio del tinterillo sea mucho más fácil, pues sin haber terminado adecuadamente la carrera, puede burlarse del cliente utilizando un lenguaje críptico, abogadil y leguleyo; tal como lo usan gran parte de jueces y actores judiciales. Y es que el lenguaje legal, utilizado por la administración pública y empeorado por los abogados/as, resulta incomprensible para un ciudadano común.»

Traemos este tema a colación porque, según informa Luis Antonio Saldaña Ruidias, flamante decano del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL), la institución que dirige ha iniciado una agresiva campaña contra el ‘tinterillaje’, esta práctica que no solo merma cada vez más la reputación del gremio de letrados, sino, lo que es más preocupante, se aprovecha de la ignorancia de los ciudadanos más pobres.

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Saldaña Ruidias indicó que ha pedido a los agremiados y a todos los que tengan información acerca de estas personas, que comuniquen el paradero de estos inescrupulosos y la forma como operan. Así, el decano pone al alcance de todos estos canales de comunicación: los teléfonos 944678500 – 985137500 y el correo institucional comunicaciones@call.org.pe, a efectos de interponer las denuncias penales que franquea la ley.

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Esta campaña contempla, además, la colocación de banners en los locales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con el objeto de que no solo los abogados sino cualquier persona pueda identificarlos para que sean denunciados.