Casación Nº 430-2015, Lima: Tribunal revisor puede variar la calificación jurídica realizada respecto de los hechos en primera instancia y no invocada por las partes

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Casación Nº 430-2015 Lima: Tribunal revisor puede variar la calificación jurídica realizada respecto de los hechos en primera instancia y no invocada por las partes.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el pasado 28 de junio de 2016, dictó la Sentencia de Casación Nº 430-2015, Lima, en la que estableció doctrina jurisprudencial en torno a la competencia y los límites de un Tribunal revisor. A continuación compartimos los fundamentos que forman parte de dicha doctrina, sin perjuicio de anexar, al final de este post, el linck para que puedan descargar la sentencia completa en formato PDF.


 

Décimo Octavo. El nuevo proceso penal delimita claramente las funciones del Ministerio Público y del juez dentro de un proceso penal, así compete al Ministerio Público la titularidad del ejercicio de la acción penal, conduce la investigación del delito, actúa en el proceso con independencia del criterio, intervine en todo el desarrollo del mismo y está legitimado para interponer recursos conforme al artículo VI del título Preliminar y artículos sesenta y sesenta y uno del Código Procesal Penal.

A su lado, el juez como tercero imparcial esta premunido de su obligación de aplicar la norma jurídica que corresponde al caso concreto, lo que entraña el conocimiento del ordenamiento jurídico.

Décimo Noveno. En el marco del proceso penal rige la máxima “El juez conoce el derecho” por lo que el objeto viene determinado por el hecho histórico, de modo que el juzgador tiene el imperio sobre el juicio jurídico de los hechos; lo que no significa que pueda mutar el hecho o lesionar la homogeneidad del bien jurídico, antes bien su preservación deviene obligatoria.

En cualquier resolución judicial y sin contravenir el principio de legalidad, el juez debe determinar el derecho, debe moldarlo para adaptarlo al caso concreto. Para Montero Aroca la aplicación de este principio manifiesta que el juzgador conoce el derecho y no se encuentra vinculado a las obligaciones jurídicas que le hagan las partes, pudiendo estimar como correcto una de las opiniones formuladas por las partes, pero también estimando que las dos no son aplicables al caso enjuiciado, por lo que puede formular su propia calificación jurídica, esto es, una tercera opinión, de la que debe ejercer contradicción.

De ahí que el Ministerio Público postula y fija los hechos que considera delictivos, delimitando así el ámbito en que descartará el proceso (principio acusatorio), sin que ello merme la facultad jurisdiccional (iudicium) que detenta el juez para aplicar la norma jurídica que corresponde al caso en concreto, preservando al realizar tal ejercicio, la intangibilidad del factum y advirtiendo que se haya garantizado el derecho de defensa, ello como regla de juicio.

Vigésimo. En efecto, nuestro ordenamiento jurídico lo precisa así, en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, sobre el principio iura novit curia, señala que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada. Este principio ha sido recogido por el artículo VII del Títuo Preliminar del Código Procesal Civil, estableciendo que el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente.

En la casación de la Sala Civil Transitoria de la Corte suprema de Justicia de la República, número 1944-2009-Piura, de uno de octubre de dos mil diez, se ratifica ello, y señala que la aplicación del principio tiene como límites los principios de contradicción y congruencia.

Vigésimo Primero. En esta línea normativa y respecto a la impugnación, el artículo cuatrocientos nueve, del Código Procesal Penal, establece la competencia del Tribunal Revisor, en los siguientes casos: “(…) 1. La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia imugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impuganante”.

Surge aquí la interrogante si el Tribunal Revisor puede variar la calificación jurídica realizada respecto de los hechos en primera instancia y no calificada por las partes.

En primer lugar rige en plenitud el aforismo iura novit curia en la medida en que se respete el principio de congruencia entre imputación y resolución y las exigencias derivadas del derecho de defensa, solo así a decir de Alfonso Zambrano “la aplicación del principio resulta legitima”.

En el Acuerdo Plenario Nº 4-2007/CJ-116 se perfilan supuestos de desvinculación procesal bajo los alcances del artículo doscientos ochenta y cinco A del Código de Procedimientos Penales (que tiene su correlación en el apartado dos, del artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Penal) en el que se precisa que el Tribunal está sometido al principio de legalidad “por el que ante un hecho concreto debe aplicar la norma que corresponda aun en contra de la perdida erróneamente por la acusación, en estos supuestos, siempre se da una homogeneidad delictiva y no se produce un supuesto de falta de contradicción o falta sorpresivo, precisamente por la comunidad de los hechos que entraña”. Señalamos también en el referido Acuerdo Plenario: “Que tratándose del supuesto de modificación de la calificación jurídica y aun cuando no se ha planteado la tesis, es posible una desvinculación en los casos de manifestado error, de evidencia de la opción jurídica correcta, fácilmente constatable por la defensa, de tal modo que por lo obvio o semejanza de la opción asumida no se produce un supuesto de indefensión, en tanto que todos los puntos de la sentencia pudieron ser debatidos al haber sido contenidos en la acusación. En estos casos, el tipo legal objetivo de condena en relación con el tipo legal materia de acusación ha de ser homogénea: mismo hecho histórico subsumible en una  figura penal que lesione el mismo bien jurídico protegido (esta regla expresa una importa limitación al principio iura novit curia), en tanto expresan conducta estructuralmente semejante”.

Vigésimo Segundo. En este contexto, la subsunción típica del hecho, como expresión natural del poder de la jurisdicción corresponde igualmente al Tribunal Revisor, pues no puede abdicar de los poderes que le otorga la iudiciom, son actuar dentro de las previsiones legales establecidas en tanto no cause indefensión a las partes, de modo tal que si el órgano de instancia, con o sin actuación probatoria, en esta determina una indebida calefacciones, es posible que oriente su reconducción, en estricto del principio de legalidad.

El limite a tal facultad, está vinculada al principio de congruencia, referido ello al respeto al hecho fáctico postulado por el fiscal en su acusación erradicando así la indefensión y respetando que la calificación jurídica sea homogénea a la propuesta en su acusación.

De ahí que es posible que el Tribual Revisor al evaluar la corrección jurídica de la decisión pueda desvincularse de la calificación jurídica planeada en Primera Instancia como expresión genuina de la iuduciom, en el ejercicio de la aplicación correcta de la norma jurídica y respeto al principio de legalidad.

Por ello, si con posterioridad a la audiencia de apelación el Tribunal Superior advierte que a los hechos propuestos le corresponde una distinta calificación jurídica y estima que corresponde afianzar la garantía del derecho de defensa y principio de contradicción, puede declarar la nulidad de todo o en parte de la sentencia recurrida y disponer se remitan los autos al juez que corresponda con el propósito que se lleva a cabo un nuevo juzgamiento respecto al nuevo título de imputación.

Lo expuesto se correlaciona con el artículo cuatrocientos nueve, del Código Procesal Penal, que estima la competencia del Tribunal para declarar la nulidad en caso de nulidad absoluta o sustanciales no advertidas por el impugnante.

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