Excepciones al principio de inmediación en la valoración de la prueba personal en segunda instancia

Sumilla: Al advertirse que el Juzgador de mérito accede a la prueba personal actuada en primera instancia a través de medios técnicos de grabación u otro mecanismo técnico que reproduzca las actuaciones probatorias del juicio oral, se tiene que el citado Juzgador reexamina la prueba personal, a efectos de detectar alguna infracción normativa en su valoración, mas no está permitido a otorgarle un diferente valor probatorio, salvo cuando ésta infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, además de las garantías exigidas por el Acuerdo Plenario N° 02-2005/ CJ-116; precisándose que la variación del valor probatorio de la prueba personal en segunda instancia, por sí sola, no será suficiente para sustentar una sentencia de vista que perjudique la situación jurídica del procesado.

SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CASACIÓN N° 636-2014, AREQUIPA

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, tres de febrero de dos mil dieciséis.-

VISTOS; en audiencia el recurso de casación de oficio para desarrollo de doctrina jurisprudencial, contra la sentencia de vista del veintiuno de agosto de dos mil catorce –fojas quinientos cincuenta y tres–.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.

I.- ANTECEDENTES

1.1. Conforme acusación fiscal -fojas seis y veintinueve- se imputa a la acusada Piedad Marroquín Colque, en su condición de Gobernadora del distrito de Majes, que el dieciséis de noviembre de dos mil doce, conjuntamente con su coacusado José Luis Mengoa Álvarez –Teniente Gobernador de la ciudad de Majes–, solicitaron a la ciudadana Primitiva Condori una suma de dinero por expedirle una “Constancia de vista de dominio de buena conducta, residencia y situación laboral”, a favor de Policarpio Pablo Quispe Mamani, quien se encontraba detenido en la Comisaría de Uchumayo, indicando la acusada Marroquín Colque que el citado documento le “iba a costar”, mientras que el citado coacusado le precisó que la suma era de mil soles, justificando tal monto en que se tenían que realizar diversas gestiones para otorgarle dicho documento.

1.2. Por sentencia del veinticinco de abril de dos mil catorce –fojas cuatrocientos cuatro–, se condenó a la acusada Piedad Marroquín Colque, como autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado, a seis años de pena privativa de libertad, imponiéndole pena de inhabilitación.

1.3. Elevados los autos a la Sala Mixta Descentralizada e Itinerarnte de Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por resolución del veintiuno de agosto de dos mil catorce –fojas quinientos cincuenta y tres–, se revocó la sentencia del veinticinco de abril de dos mil catorce, en el extremo que condenó a la acusada Piedad Marroquín Colque como autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado; y, reformándola absolvió de la acusación fiscal a la referida acusada, por el citado delito y mencionado agraviado.

1.4. Emitida la sentencia de vista, el representante del Ministerio Público y la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción interpusieron recurso de casación –fojas quinientos setenta y tres, y seiscientos tres, respectivamente–. A estos efectos, el representante del Ministerio Público invocó el inciso primero del artículo 427, fundamentándola en los incisos primero, tercero, cuarto y quinto del artículo 429 del Código Procesal Penal, refiriendo que la Sala Penal de Apelaciones no cumplió con sustentar la absolución de la procesada Marroquín Colque, al aplicar indebidamente el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, infringiéndose así el principio de inmediación y lo establecido en el segundo inciso del artículo 425° del Código Adjetivo, y apartándose de la doctrina jurisprudencial expedidas por el Tribunal Constitucional –[Exp. N° 4831-2005-PHC/TC y Exp. N° 00728-2008-PHC/TC]– y esta Suprema Instancia –[Casación N° 09-2007-Huaura y Casación N° 19-2010-La Libertad]–. Asimismo, la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción sustentó su recurso extraordinario, invocando casación excepcional, solicitando se desarrolle doctrina jurisprudencial respecto a la obligación del Magistrado de pronunciarse sobre la responsabilidad civil en caso de infundabilidad de dicha pretensión y si los supuestos de revisión excepcional –vía casación– de temas referidos a aspectos probatorios.

1.5. Por resolución del once de setiembre de dos mil catorce –fojas quinientos noventa y dos– la Sala Penal de Apelaciones concedió recurso de casación al representante del Ministerio Público y ordenó se eleven los actuados a esta Suprema Sala. Asimismo, por resolución del doce de setiembre de dos mil catorce –fojas seiscientos nueve– la Sala Penal de Apelaciones concedió el recurso de casación a la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción, ordenando se eleven los actuados a esta Suprema Sala. Mediante resolución del diecisiete de abril de dos mil quince -fojas cincuenta y uno del cuaderno de casación- este Supremo Tribunal declaró bien concedido, de oficio, el recurso de casación para desarrollo de doctrina jurisprudencial a fi n de establecer “si se puede producir una excepción al principio de inmediación en segunda instancia; y, si la prueba personal puede ser modificable y susceptible de supervisión y control en apelación, en atención al principio de inmediación”.

1.6. Deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación, corresponde dictar sentencia absolviendo el grado, que se leerá en acto público –con las partes que asistan– el día tres de febrero del presente a horas ocho y treinta de la mañana.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1. RESPECTO AL ÁMBITO DE LA CASACIÓN

2.1.1. Se encomienda al Tribunal de Casación, como cabeza del Poder Judicial, dos misiones fundamentales en orden a la creación de la doctrina legal en el ámbito de la aplicación e interpretación de las normas jurídicas: (a) la depuración y control de la aplicación del Derecho por los Tribunales de instancia, asegurando el indispensable sometimiento de sus decisiones a la Ley (función nomofiláctica); y, (b) la unificación de la jurisprudencia, garantizando el valor de la seguridad jurídica y la igualdad en la interpretación y aplicación judicial de las normas jurídicas (defensa del ius constitutionis); bajo ese tenor, en sede casacional dichas misiones se estatuyen como fundamento esencial de la misma, en consecuencia, las normas que regulan el procedimiento del recurso de casación deben ser interpretadas bajo dicha dirección.

2.2. SOBRE EL PROCESO PENAL Y EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

2.2.1. En Perú el sistema penal integral está compuesto por tres sistemas jurídicos de la misma jerarquía: el sistema penal sustantivo, el sistema penal adjetivo y el sistema de ejecución de sentencias[1]. Éstas se materializan en la realidad jurídica a través del Código Penal -Decreto Legislativo 635-, Código Procesal Penal –Decreto Legislativo 957– y Código de Ejecución Penal –Decreto Legislativo 654–, de manera que el análisis de una de las instituciones de estos sistemas influye en los demás, ya sea de manera mediata o inmediata.

2.2.2. En ese sentido, con el afán de alcanzar una justicia penal eficaz y célere, el legislador peruano promulgó el Código Procesal Penal de 2004, que adopta el modelo procesal acusatorio con rasgos adversariales, el cual se sustenta medularmente, entre otros, en el principio de oralidad. Este principio, entendido como aquella garantía que constituye “una forma de comunicarse normal y directamente, que le permite a toda persona (…) hacerse oír y al público apreciar directamente las actuaciones procesales” –[RIVERA MORALES, Rodrigo. La prueba: un análisis racional y práctico. Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 394]–, a su vez rige y está presente en todas las audiencias que acoge nuestro nuevo modelo procesal penal, en todas las instancias jurisdiccionales, siendo la de mayor transcendencia la audiencia de juicio oral, pues aquí después de la actuación y valoración de los medios probatorios el juzgador arribará a una decisión, que determinará la responsabilidad o no del acusado.

2.2.3. Precisamente, en esta audiencia de juicio oral, la materialización y aplicación del principio de oralidad exige la presencia ineludible de los principios de publicidad, inmediación y concentración, pues “aisladamente no pueden explicarse ni tendrían sentido” –[Vid. SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: INPECCP y CENALES, 2015, p. 84]–. De esta manera, se tiene que el principio de publicidad se concretiza con la realización de un juzgamiento público, mientras que el principio de concentración exige que diversos actos procesales se realicen en una sola audiencia o en pocas sesiones continuas –[Vid. ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de derecho procesal penal. Lima: Editorial Reforma, 2011, pp. 191 y siguientes]–.

2.2.4. En ese sentido, la inmediación en un proceso judicial es entendida como aquel “carácter inmediato, es decir, no mediado o libre de interferencias, de relación de todos los sujetos procesales entre ellos y con el objeto de la causa, que propicia tal modo de concebir el enjuiciamiento” –[Vid. ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. “Sobre el valor de la inmediación (una aproximación crítica)”, en: Jueces para la democracia, N° 46, marzo, 2003, p. 57]–; no obstante, se tiene que este principio guarda estrecha conexión con la valoración de la prueba, toda vez que “en la práctica de la prueba rige la inmediación” –[Vid. SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: INPECCP y CENALES, 2015, p. 78]–. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que “la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera se garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y los medios de prueba aportado” –[STC. Exp. N° 00173-2008PHC/TC, fundamento jurídico tercero]–. Por ello, el análisis del principio de inmediación debe realizarse a través de dos momentos: subjetivo y objetivo, entendiéndose por el primero como aquella situación en que el juzgador –por sí mismo– se relaciona con las fuentes de prueba; y, desde su vertiente objetiva, se garantiza que el juzgador adquiera su convicción conforme con la hipótesis -absolutoria o incriminatoria- más aceptable al valorar la prueba –[Vid. MORENO CATENA, Víctor y Valentín CORTÉS DOMÍNGUEZ. Derecho procesal penal. 2da edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 376]–.

2.3. SOBRE EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN Y EL JUICIO ORAL (PRIMERA INSTANCIA)

2.3.1. El primer inciso del artículo 356° del Código Procesal Penal determina los principios que regula y se activan en el desarrollo del juicio oral, señalando que “(…) rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción de la actuación probatoria”, advirtiéndose que su inobservancia acarrea la infracción de la garantía constitucional del debido proceso. Asimismo, los incisos primero y segundo del artículo 359° del citado Código regulan y garantizan la presencia del Juzgador y de las partes en el desarrollo del juicio oral, precisándose que la actuación probatoria (de cargo o descargo) deberá desarrollarse en presencia del juzgador de instancia que emitirá la sentencia respectiva, salvaguardándose así la vigencia del principio de inmediación.

2.3.2. De esta manera, se aprecia que el principio de inmediación se presenta en todos los periodos de la etapa del juicio oral, esto es, periodo inicial (actos preliminares del juicio y alegatos de apertura), periodo probatorio (declaración del acusado y testigos, examen del perito, exhibición y debate de la prueba material, y examen de la prueba documental y documentada, entre otros), periodo de alegatos (posición de las partes) y periodo decisorio (deliberación y sentencia), pues el juzgador está en constante y estrecha vinculación con la actuación de la prueba, excluyéndose así toda intermediación fútil que pueda generar una indebida valoración de la prueba. Así, se aprecia que el principio de inmediación, en conexión con la regla de la sana crítica, influye en la deliberación de la causa, pues el juzgador luego de presenciar la actuación probatoria (la formación de la prueba), la valora y se genera convicción respecto a los hechos litigiosos, precisándose que dicha convicción atiende, además, a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, conforme lo exige el segundo inciso del artículo 393° del Código Procesal Penal.

2.4. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN Y EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

2.4.1. La garantía constitucional de la doble instancia (inciso sexto del artículo 139° de la Constitución), que “tiene por objeto garantizar que todo justiciable tenga la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal” –[STC Exp. N° 1755-2007-PA/TC, fundamento jurídico cuarto]–, precisa que su materialización se produce en el sistema de impugnación que posee cada jurisdicción, siendo que nuestro sistema procesal penal lo recoge en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

2.4.2. Al respecto, cabe precisar que el recurso de apelación es “(…) un recurso  impugnatorio por el cual, quien se considere perjudicado por una resolución judicial o el Ministerio Público, puede acudir ante el órgano superior inmediato, a fin de que se vuelva a analizar lo actuado y se dicte otro fallo, lo cual supone una nueva valoración de las pruebas” –[CUBAS  VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. Teoría y  jurisprudencia constitucional. Lima: Palestra  Editores, 2006, pp. 488-489]–, configurándose así como el medio impugnatorio por excelencia en el sistema procesal penal peruano, regulado en la sección IV del Libro Cuarto del Código Adjetivo, advirtiéndose que su normatividad delimita su grado de actuación en estricto cumplimiento de las formalidades exigidas. Así, se tiene que en el nuevo modelo procesal penal es viable el ofrecimiento de pruebas en segunda instancia (apelación), las cuales serán admitidas conforme a lo establecido en el segundo inciso del artículo 422° del citado Código, desarrollándose la respectiva audiencia, conforme a lo previsto en el artículo 424° del Código Procesal Penal.

2.4.3. En ese sentido, lo alegado en el recurso de apelación será materia de examen por el Juzgador de mérito, respetando el principio tantum apellatum quanto devollutum (inciso primero del artículo 409° del Código Adjetivo), consistente en la prohibición de que el Tribunal de mérito se pronuncie por aquello que no haya sido impugnado. No obstante, se advierte que el Juzgador de mérito está sujeto a lo establecido en el artículo 425° al momento de su deliberación y análisis de la prueba actuada en segunda instancia y de las pruebas pericial, documental, preconstituida, anticipada y personal.

2.4.4. De esta manera, en el segundo inciso del artículo en mención el legislador otorga facultades de valoración probatoria al juzgador de mérito, indicándose estas posibilidades: i) se valorará la prueba actuada en la audiencia de apelación, y ii) se valorará la prueba pericial, documental, preconstituida y anticipada. Se advierte, entonces, que el principio de inmediación estará presente al momento de actuarse la nueva prueba en la audiencia de apelación, permitiéndose así un reexamen pleno del acervo probatorio existente. Asimismo, se produce una excepción al principio de inmediación en cuanto a la valoración de las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada, pues se permite su reexamen por parte del juzgador de mérito, sin que éste haya presenciado en audiencia la formación de estos medios probatorios.

2.4.5. Al respecto, se tiene que la prueba personal si bien puede ser valorada en grado de apelación por el juzgador, no obstante, ésta no podrá tener diferente valor probatorio; así lo establece la segunda parte del inciso segundo del artículo 425° del Código Procesal Penal: “La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia”. Sin embargo, esta regla de valoración de la prueba personal puede ser modificada, exclusivamente en una situación: “[cuando] su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia” –extremo final de la segunda parte del inciso segundo del artículo 425° del Código Adjetivo–, advirtiéndose que la prueba personal será valorada siempre que: primero, se haya admitido nueva prueba en segunda instancia, y, segundo, que ésta haya sido actuada en la audiencia de apelación. En ese sentido, se observa que el principio de inmediación desarrollado en la actuación de medios probatorios en audiencia de apelación permite el reexamen de una prueba personal, pese a que ésta haya sido actuada ante el juzgador de instancia.

2.4.6. Sin embargo, cabe precisar que en cuanto a la valoración de la prueba personal la jurisprudencia emitida por este Supremo Tribunal ha precisado determinadas excepciones al principio de inmediación en su valoración por el Tribunal de mérito. Así, en la Casación N° 05-2007-Huaura del once de octubre de dos mil siete, en su fundamento jurídico séptimo, refirió que si bien el Tribunal de alzada no puede modificar la valoración del contenido de la prueba personal, en atención al principio de inmediación y de oralidad, sin embargo, precisó que existen “zonas abiertas” accesibles al control, en situaciones referidas al contenido de la prueba personal. Siguiendo esa línea jurisprudencial, la Casación N° 03-2007-Huaura del siete de noviembre de dos mil siete, en su fundamento jurídico undécimo, reiteró que el contenido de la prueba personal puede ser merituada por el Juzgado de mérito, siempre que ésta haya sido entendida con manifiesto error, sea imprecisa, dubitativa, o haya podido ser desvirtuada por pruebas practicadas en segunda instancia.

2.4.7. En la Casación N° 54-2010-Huaura del tres de marzo de dos mil once, en su fundamento jurídico décimo primero, se define a la inmediación “como principio y presupuesto, [que] permite el acercamiento del Juzgador con todos los elementos que sean útiles para emitir una sentencia justa (…) [precisando que] si el Colegiado Superior no tiene ante sí al testigo (prueba personal) es imposible que le otorgue diferente valor probatorio sin la actuación de otros medios probatorios que la cuestionen”. Asimismo, la Casación N° 87-2012-Puno del dieciocho de junio de dos mil trece, en su fundamento jurídico sétimo, indicó que el principio de inmediación “tiene como finalidad mantener la más íntima relación posible, el más estrecho contacto con el Juzgador de una parte, los litigantes y la totalidad de los medios probatorios de la otra desde el comienzo del proceso hasta la sentencia final”; además, en su fundamento jurídico noveno, precisa que “el principio de inmediación se encuentra vinculado al principio de oralidad, la inmediación es una condición necesaria para la oralidad, (…) es el acercamiento que tiene el juzgador con todo[s] los elementos que sean útiles para emitir sentencia. (…) En consecuencia, la inmediación es una necesidad porque es una de las condiciones materiales imprescindibles para la formación y consolidación de conciencia con el que será expedido el fallo”.

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2.4.8. En la Casación N° 195-2012-Moquegua del cinco de setiembre de dos mil trece, referida a la institución denominada “condena del absuelto”, se desarrolló en su considerando décimo segundo el principio de inmediación en relación al juicio oral de primera y segunda instancia, precisando que “la nueva regulación [Nuevo Código Procesal Penal] importa una limitación al derecho a los recursos de las partes, pues, si bien puede presentarse un recurso contra una sentencia, en principio no se podrá cuestionar la valoración de la prueba personal, precisamente porque ésta requiere inmediación, de la que carece el órgano Ad quem” –véase punto “12.5.2” de la citada ejecutoria–, más aún si considera que el principio de inmediación, en relación al principio de oralidad, constituyen el mecanismo idóneo para la formación de la convicción del juzgador –véase punto “12.2.11” de la citada ejecutoria–. Siguiendo esta línea jurisprudencial, la Casación N° 385-2013-San Martín del cinco de mayo de dos mil quince, referida a la institución de la “condena del absuelto”, en su fundamento jurídico “5.16”, señala que si bien el juzgador Ad quem no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal, sin embargo, “si bien corresponde al Juez de primera instancia valorar la prueba personal, empero el Ad quem está posibilitado a controlar, a través del recurso de apelación, si dicha valoración infringe las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia”.

2.4.9. En consecuencia, en nuestra jurisprudencia se ha establecido que excepcionalmente la prueba personal sí es susceptible de valoración por el Tribunal de mérito, siempre que la valoración realizada por el Juzgador de instancia infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, además de las garantías exigidas por el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 –[ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación]–; precisándose que el Juzgador de mérito podrá valorar y/o controlar la prueba personal en aquellas zonas abiertas de su declaración, es decir, “los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia” –Casación N° 03-2007-Huaura, fundamento jurídico undécimo–, además de otorgarle un diferente valor probatorio en la sentencia de vista, situaciones que en ningún modo infringe alguna garantía constitucional.

2.4.10. En ese sentido, al advertirse que el Juzgador de mérito accede a la prueba personal actuada en primera instancia a través de medios  técnicos  de  grabación  u otro mecanismo técnico que reproduzca las actuaciones probatorias del juicio oral, se tiene que el citado Juzgador reexamina la prueba personal, a efectos de detectar alguna infracción normativa en su valoración, mas no está permitido a otorgarle un diferente valor probatorio, salvo en las excepciones señaladas en el considerando anterior; precisándose que la variación del valor probatorio de la prueba personal en segunda instancia, por sí sola, no será suficiente para sustentar una sentencia de vista que perjudique la situación jurídica del procesado, más aún si existen medios probatorios de otra naturaleza (prueba documental, pericial, entre otras) que contradicen su valoración.

2.5. ANÁLISIS EN EL CASO CONCRETO

2.5.1. Sobre la base de los fundamentos antes esgrimidos es necesario determinar si la sentencia de vista se ajusta o no a los criterios esbozados en los fundamentos jurídicos precedentes, a fin de determinar si en el caso concreto la valoración de la prueba personal en segunda instancia, infringió o no el principio de inmediación.

2.5.2. Previo al análisis de fondo, cabe precisar que si bien este Supremo Tribunal declaró bien  concedido  para el desarrollo de doctrina jurisprudencial a fin de establecer si existen excepciones al principio de inmediación y si se puede valorar la prueba personal en segunda instancia; no obstante, es necesario que se habilite una de las causales de casación, establecidas en el artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, para los efectos de emitir un pronunciamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo cuatrocientos treinta del citado Código. En ese sentido, al advertirse que el desarrollo de doctrina jurisprudencial versa sobre el principio de inmediación y la valoración de la prueba personal, se tiene que es preciso declarar de oficio la causal contenida en el primer numeral del artículo cuatrocientos veintinueve.

2.5.3. De autos se advierte que en la sentencia condenatoria del veinticinco de abril de dos mil catorce –fojas cuatrocientos cuatro–, el juzgador de primera instancia merituó la declaración de   la ciudadana Primitiva Petronila Condori Choque, otorgándole un valor probatorio incriminatorio, al señalar que la acusada Piedad Marroquín Colque, en su condición de Gobernadora del distrito de Majes, le solicitó una suma de dinero por la expedición de un documento (“Constancia de vista de dominio de buena conducta, residencia y situación laboral”) –véase punto “1.3” de la sentencia  de primera instancia, fojas cuatrocientos siete–. Asimismo, en la citada sentencia condenatoria se merituó las declaraciones testimoniales de Emerson Yubert Ccaza Huayta y Elfer Raúl Gómez Chávez, quienes en su condición de miembros de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Fiscal Provincial Penal del distrito de Majes, al tomar conocimiento de la denuncia de Primitiva Petronila Condori Choque, planearon un operativo para intervenir a los acusados Marroquín Colque y Mengoa Álvarez, precisándose que el testigo Ccaza Huayta presenció que ambos acusados estuvieron presentes en el momento en que Primitiva Petronila Condori Choque les entregó el dinero, mientras que posteriormente el testigo Gómez Chávez ingresó conjuntamente con el Fiscal Provincial, encontrando el dinero previamente fotocopiado en las gavetas del escritorio del acusado Mengoa Álvarez –véase “1.4” de la sentencia de primera instancia, fojas cuatrocientos nueve–, otorgándole a dichas declaraciones (prueba personal) un valor probatorio incriminatorio.

2.5.4. Al haberse impugnado la sentencia de primera instancia, la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emitió la sentencia de vista del veintiuno de agosto de dos mil catorce –fojas quinientos cincuenta y tres–, sustentando la absolución de la acusada Piedad Marroquín Colque en la valoración de las declaraciones testimoniales (prueba personal), del acta de intervención policial (prueba documental) y pericia grafoténica (prueba pericial). Así, se tiene que invocando las exigencias del Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 reexaminó la declaración de la denunciante Primitiva Petronila Condori Colque, precisando que sindicó a la acusada como la persona que le solicitó dinero diciéndole “eso le va a costar”, e indicando que “sin embargo cuando el abogado de la defensa le pregunta a la denunciante si alguna vez la acusada le pidió dinero, ésta respondió en forma tajante que “No”, resultando contradictorio lo referido por la denunciante, dado que por un lado indica que la acusada le indicó que acceder a su solicitud le iba a costar, pero por otro indica que nunca le pidió dinero; asimismo, la acusada ha referido que en un primer momento indicó a la denunciante que los documentos que requería no se los podía otorgar y después le dijo que lo que se le iba a dar era una constancia de ‘Vista de ojos’ y que ello le iba a demandar un gasto, versión que coincide con la declaración de la denunciante, agregando la acusada que el gasto a que se refería era el relativo al gasto de movilidad” –véase fojas quinientos sesenta–. Asimismo, se tiene que en la  citada sentencia de vista, el juzgador de mérito valoró la declaración de los testigos Emerson Yubert Ccaza Huayta y Elfer Raúl Gómez Chávez, indicando que si bien de la declaración del  testigo Ccaza Huayta se advierte que los acusados estuvieron presentes al momento de la entrega de dinero, sin embargo, ello no se condice con el Acta de intervención policial, precisando que “de esta acta se observa que no se ha consignado al momento de la entrega de dinero la presencia de la acusada, y al preguntarle al testigo el porqué de esta omisión, refirió que el acta no había sido redactada por él” –fojas quinientos sesenta y uno–; en el mismo sentido, respecto de la declaración testimonial de Gómez Chávez, el Juzgador de mérito señala que “se concluye que éste no presenció los hechos narrados en el acta de intervención policial, pues ingresó después de que esto ocurriera, e indicó que el acta había sido redactada por su colega Emerson Yubert Ccaza Huayta, siendo dicha declaración contradictoria a la vertida por este último testigo” –fojas quinientos sesenta y uno–. Asimismo, se tiene que el citado juzgado merituó la pericia grafotécnica –fojas cuatrocientos catorce–, donde se señaló que la firma consignada en los documentos materia de autos no fueron suscritos por la acusada Piedad Marroquín Colque, otorgándole un valor absolutorio a esta prueba pericial. En consecuencia, se advierte que en la sentencia de vista, el juzgador de mérito otorgó una valoración diferente a la prueba personal, al señalar que “Concluyendo de estas dos declaraciones, que la primera se contradice con lo informado en el acta de intervención policial y que los testigos no dan respaldo a la declaración de la denunciante Primitiva Petronila Condori Choque, por cuanto conforme se tiene de la acusación, ellos no presenciaron ni oyeron que la acusada solicitara dinero a la referida denunciante (…) se tiene que la declaración de la única testigo Primitiva Petronila Condori Choque, no cuenta con versiones periféricas o elementos objetivos que la corroboren; más aún es la denunciante quien refirió que la acusada no le solicitó dinero alguno, es decir contradice su propia declaración, con lo cual se concluye que la versión de la única testigo no cuenta la verosimilitud suficiente requerida para ser considerada como elemento incriminador” –fojas quinientos sesenta y uno–.

2.5.5. En ese sentido, se tiene que la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en su sentencia de vista del veintiuno de agosto de dos mil catorce –fojas quinientos cincuenta y tres–, realizó una nueva valoración no solo de la prueba personal (consistente en las declaraciones de la denunciante Primitiva Petronila Condori Colque y los testigos Emerson Yubert Ccaza Huayta y Elfer Raúl Gómez Chávez) sino también de la prueba documental (acta de intervención policial) y prueba pericial (pericia grafotécnica), otorgándoles un diferente valor probatorio respecto de su evaluación por el juzgador de primera instancia. En ese sentido, se advierte que si bien en la sentencia de primera instancia se otorgó un mayor valor probatorio a la prueba personal frente a la prueba documental y pericial; no obstante, en la sentencia de vista al reexaminarse excepcionalmente la prueba personal, la prueba documental y prueba pericial, se le otorgó un valor diferente a la primera al incurrir en errores y contradicciones en su valoración por parte del juez Ad quo, situación que permitió el predominio del valor probatorio de las pruebas documental y pericial, las mismas que desvinculan de los hechos imputados a la acusada Marroquín Colque.

2.5.6. De esta manera, se advierte que por resolución del once de julio de dos mil catorce –fojas quinientos veinticuatro– no se admitieron los nuevos medios probatorios ofrecidos por la defensa técnica del imputado José Luis Mengoa Álvarez, teniéndose además que no se actuaron medios probatorios en la audiencia de apelación –véase acta de registro de audiencia de apelación de sentencia, fojas quinientos cuarenta y ocho–; y pese a ello, en la sentencia de vista el Tribunal de mérito valoró la prueba personal, concentrando su análisis en las declaraciones registradas en medios técnicos de reproducción (CD’s), infringiéndose aparentemente lo establecido en el inciso segundo del artículo 425° del Código Procesal Penal y la doctrina jurisprudencial emitida por esta Suprema Instancia, referido a las excepciones al principio de inmediación, relacionadas a la valoración de la prueba personal en segunda instancia, a pesar que no se practiquen nuevos medios probatorios, que permite que se otorgue una valoración diferente a la citada prueba. Al respecto, cabe precisar que si bien la sentencia de segunda instancia otorgó un valor probatorio diferente a la prueba personal, sustentando así su fallo absolutorio; no obstante, se advierte que dicho valor probatorio no infringe el principio de inmediación, toda vez que también se otorgó un valor diferente a la prueba documental (acta de intervención policial) y prueba pericial (pericia grafotécnica), situación que permite una mejor comprensión de los hechos litigiosos, más aún si la nueva valoración otorgada coincide en la desvinculación de la acusada respecto de los hechos imputados; además, si bien la sentencia de mérito no señaló ni precisó cuáles son las “zonas  abiertas”, las contravenciones a las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, que permitirían una valoración de la prueba personal sin infringir el principio de inmediación; sin embargo, ello no es suficiente para desacreditar la valoración realizada por el juzgador de segunda instancia, toda vez que también merituó pruebas de otra naturaleza (prueba documental y pericial) para sustentar su decisión.

2.5.7. Asimismo, si bien la representante del Ministerio Público –véase fojas setenta y cinco del  cuaderno de casación formado por esta Suprema Instancia– señala que en el presente caso la prueba personal aportada en primera instancia no era oscura e imprecisa a fin de ser reexaminada por el juzgador Ad quem, situación por la que estaba impedida de otorgarle un nuevo valor probatorio; no obstante, conforme se señaló en los considerandos precedentes, el Juzgador Ad quem realizó un nuevo examen de las pruebas (personal, pericial y documental) obrantes en autos, advirtiendo que la prueba pericial y documental contradicen la prueba personal, situación por la que otorgó mayor valor probatorio a las primeras, precisando que éstas desvinculan a la acusada Marroquín Colque, más aún si la prueba personal incurrió en errores y contradicciones en su valoración por el juzgador de primera instancia. Al respecto, corresponde precisar que si bien la prueba personal no era oscura e imprecisa, sin embargo, su valoración aislada e indebida permite que el juzgador de mérito la reexamine; en consecuencia, lo señalado por el representante del Ministerio Público no es trascedente.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, declararon:

I. FUNDADO el recurso de casación de oficio en el proceso que se sigue contra Piedad Marroquín Colque por la comisión del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

II. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial los fundamentos jurídicos recaídos en el considerando 2.4 de la presente Ejecutoria Suprema, referido a las excepciones del principio de inmediación y a la valoración de la prueba personal en instancia de apelación.

III. ORDENARON que se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se publique en el Diario Oficial “El Peruano”, de conformidad con lo previsto en el numeral tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del Código Procesal Penal. Hágase saber.

S.S.

VILLA STEIN

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

HINOSTROZA PARIACHI

NEYRA FLORES

J-1404334-1

Click aquí para descargar en PDF la Casación N° 636-2014, Arequipa: Excepciones al principio de inmediación en la valoración de la prueba personal en segunda instancia

 


[1] Al respecto, cabe precisar que Georg Freund es uno de los primeros en proponer la necesidad de un sistema integral del derecho penal, al señalar que “Por ‘sistema integral del Derecho penal’ no sólo entiendo el Derecho penal sustantivo y el Derecho de la determinación de la pena, sino también el Derecho procesal penal como auténtico campo de aplicación de los dos anteriores”. Vid. FREUND, Georg. “Sobre la función legitimadora de la idea de fin en el sistema integral del derecho penal”, en: Wolter, Jürgen y Georg Freund (Eds.) El sistema integral de derecho penal. Delito, determinación de la pena y proceso penal. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2004, p. 93. No obstante, relacionando su propuesta al ordenamiento jurídico peruano, consideramos que el sistema penal integral comprende el derecho penal sustantivo, el derecho penal adjetivo y el derecho penal de ejecución.