Reforma peyorativa producto de nulidad anterior

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia estableció, a través de la Casación 822-2014, Amazonas, que «no se puede imponer una pena mayor a la impuesta en la sentencia anulada cuando dicha nulidad haya sido provocada por la defensa».

Según se tiene del caso, se trata de dos sujetos que una vez condenados en primera instancia a 10 años, logran que se anule el juicio y, en el segundo juicio oral, se les condena a 30 años, sentencia que confirma la Sala. En esta importante Casación se establece que al tratarse de vicios acaecidos en la determinación de la pena, y dada su naturaleza in procedendo, y, además, teniendo en cuenta que la nulidad fue interpuesta por los favorecidos, el nuevo juicio no puede agravar su situación.

En ese sentido la Sala Suprema mandó que «la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua y las demás cortes superiores de los distritos judiciales que aplican el Nuevo Código Procesal Penal, consideren ineludiblemente como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en los fundamentos jurídicos contenidos en los numerales dos (2) al veintiuno (21) –Motivo casacional: infracción por inaplicación de la norma procesal contenida en el inciso 2 del artículo 426 del nuevo Nuevo Código Procesal Penal– de la presente sentencia suprema, de conformidad con el inciso 3 del artículo 433 del Código Procesal Penal; y se publique en el diario oficial “El Peruano”».

A continuación compartimos con ustedes esos fundamentos, sin perjuicio de adjuntar el link para que puedan descargar, en formato PDF, la Sentencia casatoria en su integridad.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

CASACIÓN N° 822 – 2014 AMAZONAS


Reforma peyorativa producto de nulidad anterior

Sumilla: no se puede imponer una pena mayor a la impuesta en la sentencia anulada cuando dicha nulidad haya sido provocada por la defensa.

Norma: Inc. 2 del art. 426 del Nuevo Código Procesal Penal.

Palabras clave: Nulidad, nueva sentencia, reforma peyorativa.

Lima, miércoles dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.-


FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Tema a dilucidar

1. Verificar si existe infracción del inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal al caso concreto.

Motivo casacional: Infracción por inaplicación de la norma procesal contenida en el inciso 2 del artículo 426 del nuevo Código Procesal Penal

2. El artículo 429 en su inciso 2 –Nuevo Código Procesal Penal– regula como una de las causales para interponer la casación la infracción de normas procesales sancionadas con nulidad. Esto significa que la corte suprema, como máxima instancia de la justicia ordinaria, puede casar aquella sentencia que injustificadamente no aplica una norma procesal en el caso concreto.

3. A esta norma subyace la idea de que el recurso de casación permite que este supremo tribunal verifique que los jueces apliquen las normas pertinentes en el proceso. Ello no es sino una expresión del derecho al debido proceso por cuanto toda persona tiene derecho a una resolución fundada en derecho[1].

4. Así las cosas, tenemos que en el presente caso hemos de verificar que no se aplicó la norma procesal penal contenida en el inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal cuyo texto es el siguiente:

Si el nuevo juicio se dispuso como consecuencia de un recurso a favor del imputado, en éste no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el primero.

5. La citada norma procesal prohíbe la aplicación de una pena superior a la que se impuso en la sentencia emitida en el juicio que fue anulado por razón de un recurso a favor del procesado. Con ello,  para  aplicar esta norma es necesario: la existencia de una primera sentencia condenatoria, que la misma sea anulada por un recurso en favor del sentenciado, y que exista una segunda sentencia condenatoria donde se impone una pena superior a la establecida en la primera sentencia condenatoria.

6. Esta opción legislativa es un supuesto que evita empeorar la situación jurídica de quien logra la nulidad  de la sentencia en uso de su derecho a la impugnación.

Normalmente, al haber sido declarada nula la sentencia del primer juicio, lo allí actuado o decidido no tendría por qué causar efecto alguno en la segunda sentencia. No obstante, el legislador es quien ha optado por establecer una excepción a esta regla con el inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal.

7. El resultado es que cuando el procesado impugna la sentencia solicitando su nulidad, no se ve amedrentado por la posibilidad de ver empeorada su situación jurídica con el resultado que del nuevo juicio emane. Esto viene  a ser un supuesto de prohibición de reforma peyorativa –reformatio in peius– que tiene como referente la sentencia anulada. Aquello que no puede empeorar la situación del procesado, es la sentencia condenatoria que se emita en el nuevo juicio en el extremo de la cantidad de pena a imponer.

8. En la medida que el artículo objeto de análisis habla de “un recurso a favor del imputado”, se entiende que dicho recurso puede haber sido interpuesto tanto por la defensa como por el Ministerio Público –tal como lo recoge el lit. “a” del inc. 1 del art. 405 del Nuevo Código Procesal Penal[2]– en cumplimiento de su rol de defensor de la legalidad[3].

9. Una vez que se verifica que el nuevo juicio tuvo lugar por un recurso a favor del procesado, la pena impuesta en el primer juicio se vuelve un límite infranqueable conforme lo prescribe el inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal. Lo que corresponde es preguntarnos sobre la naturaleza jurídica de esta prohibición ¿limita las facultades del juez o regula la consecuencia jurídica del delito?

10. Si entendemos que el dispositivo legal mencionado limita las facultades del juez que componen los elementos de la jurisdicción, específicamente su iuditio –facultad de determinar el derecho–, entonces nos encontraremos ante un error en el proceder –error in procedendo– y corresponde la anulación del acto procesal viciado a menos que el mismo pueda ser subsanado por el tribunal revisor.

11. Si por el contrario entendemos que esta norma regula la consecuencia jurídica de la norma penal, entonces nos encontraremos ante un error en enjuiciamiento –error in iudicando, alude a errores en la operación intelectiva de aplicar el derecho al tema de fondo– y corresponderá la revocación mediante la aplicación correcta del derecho.

12. La determinación del tipo de error en que incurre el juzgador no es cosa fácil. En la medida que todo derecho exigido judicialmente se determina en el seno del proceso, se podría afirmar que todo error, incluso la incorrecta aplicación del derecho sustantivo, es un error in procedendo[4]. La diferencia cualitativa del error debe ser encontrada en que “los vicios in iudicando se cometen cuando el juez resuelve sobre el fondo del asunto, mientras que los in procedendo acontecen en cualquier otro caso en la aplicación de la norma no haya tenido por fin resolver el objeto del litigio”[5].

13. La pena en tanto consecuencia jurídica del delito, es de naturaleza penal y por ende de derecho sustantivo en tanto versa sobre el fondo del litigio. En el proceso penal se ventila la responsabilidad penal del procesado, tanto respecto a los hechos que se prueban en el juicio, como en la subsunción típica –identidad entre el hecho y la ley penal en la cual encajaría el mismo–. Naturalmente, todo tipo penal contempla un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que normalmente es una pena privativa de libertad[6].

14. Incluso su determinación está regulada en el Código Penal –arts. 45, 46, 46-A, 46-B, 46-C, 46-D y 46-E– porque se entiende que la cantidad de pena encuentra correspondencia en el reproche que la sociedad hace al individuo por haber defraudado una expectativa normativa[7].

15. La norma contenida en el inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal, no regula la determinación judicial de la pena, como sí lo hacen los dispositivos antes señalados del Código Penal. Lo que establece es un tope a la facultad del juez de determinar la pena a imponer en la sentencia que emana del nuevo juicio.

16. En la medida que la norma bajo análisis condiciona la facultad del juez de decir el derecho objetivo por una situación procesal, esto es la nulidad de una sentencia anterior que fijó una pena específica, la naturaleza del error que acontece ante la inobservancia del inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal es en el proceder –in procedendo–.

17. A esta conclusión abona el que su incidencia sea en el nuevo juicio, que tendrá como límite lo decidido en el juicio anterior que fue anulado; y el que la norma está contenida en el Nuevo Código Procesal Penal. Así las cosas, falta determinar si en el caso concreto resulta menester anular la sentencia impugnada o si se puede revocar su decisión evitando el reenvío de la causa.

18. La nulidad es la sanción más drástica que se desencadena por infracción a una norma procesal. Se entiende que es menester recurrir a esta consecuencia jurídica cuando no es posible que el tribunal revisor emita un pronunciamiento sobre el fondo sin vulnerar derechos de los justiciables[8]. Ello, en tanto la finalidad del proceso es lograr el pronunciamiento del órgano jurisdiccional[9]. Para conseguir ese cometido, el juez debe estar en las mejores condiciones posibles para aplicar el derecho.

19.En este orden de ideas, se vulneran derechos de las partes cuando el juez revisor está en las mismas condiciones que el juez que resolvió la causa antes que él. En estas condiciones el juez a quem –juez que revisa la sentencia impugnada– puede emitir directamente pronunciamiento sobre el fondo sin necesidad de reenviar la causa mediante la anulación.

20.Así las cosas, la imposición de la pena supone la verificación de supuestos hechos que son parte de  los hechos probados en el juicio, como lo son el vínculo entre el procesado y la víctima, los antecedentes penales, nivel cultural, costumbres, etc. Esto implica que tanto el colegiado superior como este supremo tribunal, puede corregir errores en la cantidad de pena porque los hechos que se requieren para aplicar el derecho ya han sido acreditados en primera instancia.

21.En tanto, todo el fenómeno procesal está destinado a presentar al juzgador un caso en condiciones de ser analizado sobre el fondo, la nulidad solo se desencadenará cuando el vicio procesal no pueda ser corregido por el tribunal revisor. Cuando el vicio sea superable, se emitirá pronunciamiento sobre el fondo.


[1] Derecho reconocido en la sentencia recaída en el Exp. 06151- 2007-PA/TC del 12 de septiembre del 2008, f. j. 3.

[2] 2 Artículo 405 del Nuevo Código Procesal Penal. Formalidades del recurso.- “1. Para la admisión del recurso se requiere:

a) Que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello. El Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado”.

[3] Aunque esto no sea lo que de ordinario ocurre, es posible que el Ministerio Público interponga un recurso en favor del imputado cuando el fallo judicial es ilegal. En este caso, el representante del ministerio público en su rol de defensor de la legalidad debería impugnar en favor del procesado. Si como consecuencia de dicha impugnación o de la planteada por la defensa se da origen al nuevo juicio, se activa la prohibición de reformar en peor.

[4] Cfr. Vilela Carbajal, Karla. Nulidades procesales civiles y sentencia firme. Lima : Palestra, 2007, p. 70 y siguientes.

[5] Ídem, p. 71.

[6] Se dice normalmente porque existen tipos penales como el delito  de injuria, contenida en el artículo 130 del Código Penal, que no contemplan como consecuencia jurídica una pena privativa de libertad.

[7] En tal sentido, el profesor Jakobs nos explica que: “La pena hay  que de fi nirla positivamente: es una muestra de la vigencia de la norma a costa del responsable. De ahí surge un mal, pero la pena no ha cumplido ya su cometido con tal efecto, sino sólo con la estabilización de la norma lesionada”. Jakobs, Günther. Derecho Penal. Parte General. Segunda. Madrid : Macial Pons, 1997, p. 9.

[8] En este sentido, Fredie Didier Jr. y Pedrosa Nogueira nos explican que: “La invalidez de un acto procesal o del procedimiento es encarada por el derecho procesal como algo pernicioso. La invalidación del acto debe ser vista como solución  de  última ratio, tomada sólo cuando no fuese posible aprovechar el acto practicado con defecto. El magistrado debe sentir un profundo mal-estar cuando tenga que invalidar un acto procesal”. Didier Jr., Fredie y Pedrosa Nogueira, Pedro Henrique. Teoría de los hechos jurídicos procesales. Lima: Ara Editores, 2015, p. 91.

[9] Respecto a la de finición de proceso y su finalidad Cfr. Vilela Carbajal, Karla. Nulidades procesales civiles…, ob. cit., p. 43.

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