¿Por qué Arequipa es considerada la capital jurídica del Perú?

Arequipa, la orgullosa, además de científicos, matemáticos, pensadores, acuarelistas y caricaturistas, ha parido una cantidad ingente de magistrados, abogados y tinterillos de la mejor estirpe.

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Una primera explicación se atribuye a la debilidad de la aristocracia arequipeña, que no llegó a alcanzar el poderío económico de los terratenientes de la costa norte, por lo que emprendió otros medios de conservación y movilidad social como fue la inclinación por la abogacía para lograr prestigio, solvencia material y, por último, poder.

La respuesta parece fácil. Arequipa, la orgullosa, además de científicos, matemáticos, pensadores, acuarelistas y caricaturistas, ha parido una ingente cantidad de magistrados, abogados y tinterillos de la mejor estirpe.

El hecho fue tan evidente que llevó a un candidato a la primera vicepresidencia, Manuel Seoane Corrales, hacia el año 1962, a plantear la iniciativa de que Arequipa fuese sede permanente de la Corte Suprema de Justicia; o incluso más, a que un grupo de parlamentarios lograra, hacia el año 1978, que la ciudad sea la sede del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Esa es un primera respuesta que requiere de algunos matices. Esos matices los aporta el juez Jaime Coaguila Valdivia, en un segmento de su estupendo artículo intitulado Jueces, abogados y escribanos: recetario para una construcción relacional de la identidad arequipeña, que en seguida compartimos con ustedes.


Arequipa, la capital jurídica del Perú

Uno de los elementos defendidos ardorosamente como rasgo de la identidad arequipeña lo constituye su calificación de “cuna de juristas” o “capital jurídica del Perú”. ¿Pero en qué se sustenta dicha tradición?

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Una primera explicación se atribuye a la debilidad de la aristocracia arequipeña, que no llegó a alcanzar el poderío económico de los terratenientes de la costa norte, por lo que emprendió otros medios de conservación y movilidad social como fue la inclinación por la abogacía para lograr prestigio, solvencia material y, por último, poder. A ello se agrega el predominio de la pequeña propiedad rural que contribuyó a causar frecuentes problemas judiciales que requerían la atención de los profesionales del Derecho (Ramos, 1993: 30).

Una segunda explicación consiste en atribuir un rol protagónico a las negociaciones diarias de los arequipeños por sus derechos y obligaciones ante las nuevas autoridades judiciales. En este juego de poderes los abogados resultaban los naturales intermediarios de las clases populares ante los tribunales y en las luchas sociales (Chambers, 2003: 247).

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Estos factores contribuyeron a que en Arequipa la carrera de la abogacía alcanzara un especial esplendor por la abundancia de abogados y el surgimiento de insignes representantes en el foro arequipeño. A finales del 1830, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema del Perú había sido formada en Arequipa, donde inició su carrera, y más de la mitad de los integrantes que redactó el primer Código Civil de 1852 fue arequipeña (Chambers, 2003: 256).

De este modo, generacionalmente las elites pensantes arequipeñas tuvieron un importante papel en la conformación de la república. Institucionalmente la vocación jurídica se manifestó en la fundación de la célebre Academia Lauretana de Artes y Ciencias en 1821, antecesora del Colegio de la Independencia Americana y la Universidad del Gran Padre San Agustín, y lugar en el que confluyeron los intelectuales más importantes de la época. Arequipa había logrado un espacio a nivel nacional por esa extraña mezcla de legalidad y revuelta (Ramos, 1993: 31-32) que, a mi parecer, tiene su raíz en una sociedad en permanente conflicto y donde las ideas liberales comenzaron a ganar un terreno cada vez mayor a favor de los derechos políticos.

Dentro de esta lógica la tradición jurídica de Arequipa tampoco puede ser explicada de manera puramente romántica por su mestizaje racial y cultural, sino por la fuerte presencia que adquirieron los juzgados y tribunales en el esquema regional. Los abogados ejercían cuotas importantes de poder, al exigir en base a las leyes el reconocimiento de derechos, mientras que los jueces administraban justicia implícitamente conscientes del rol que les tocaba en los conflictos sociales.

Esta batalla por la legalidad tenía como telón de fondo las reacciones telúricas de las clases populares que en cualquier momento podían desbordar los límites de la propia legalidad y, por ello, influían en el tránsito hacia prácticas más igualitarias. Desde mi punto de vista, la discusión histórica planteada por las clases sociales arequipeñas contemporáneamente puede ser reconducida hacia la actual tensión entre lo fáctico y la validez. Así, las connotaciones idealistas de la comunidad de ciudadanos libres con sus propias reglas de convivencia se contrapusieron a la estructura y al sentido de la validez de los derechos subjetivos; la razón estratégica se enfrentó a la ética tradicional (Habermas, 1998: 70).

En este marco, la prematura visión modernizadora de los intelectuales arequipeños se concentró en la intersección de una especial moralidad política, marcada por el Derecho y la oposición radical al centralismo de la capital, factores que confluyeron en crear un alma colectiva caracterizada por la recta convivencia.

El arequipeño encontró en las revoluciones el mecanismo de afianzamiento de sus valores identitarios y en el Derecho la posibilidad de otorgar legitimidad a sus reclamos, una forma de imponerse a las frías motivaciones de Estado y, por último, a la razón estratégica.

Pero las movilizaciones políticas no fueron los únicos lugares donde afloraba ese sentimiento de arequipeñeidad, sino que esta filosofía tuvo su origen primero en las casas, las tabernas y las calles, donde los nacientes ciudadanos bregaban por sus derechos de manera cotidiana y daban forma a las ideas liberales que luego defenderían.

En esta medida, la fértil proliferación de abogados en Arequipa tuvo una clara incidencia en la configuración de su identidad cultural, puesto que forjó la imagen de “cuna de juristas” y convirtió a la “ciudad blanca” en referente obligatorio en materia del Derecho, reconocimiento luego materializado con su designación como sede oficial del Tribunal Constitucional del Perú en 1979.

A pesar de esta predisposición al estudio del Derecho, este fenómeno también generó un verdadero problema de saturación social de doctores y más doctores, y en la entraña del mismo pueblo aparecieron personajes de humorismo inigualable como el leguleyo, el tinterillo, el escribano, el jurero, el procurador, el pregonero y el alguacil (Bustamante, 1972: 74).

Por ello, análisis de la tradición jurídica de Arequipa no puede dejar de lado esos personajes menores que desempeñaron diversas funciones en el aparato judicial y que, en perspectiva, resultan una suerte de antihéroes del Derecho, porque su poder se reflejaba en aquellos actos minúsculos de tramitación que, vistos en conjunto, constituyen la totalidad de los litigios.

Se ha estudiado bastante la presencia de los juristas arequipeños en el panorama nacional, pero casi nada el rol que han jugado los pequeños funcionarios estatales en el curso de la república y, aún menos, en el ámbito judicial. Una verdadera reconstrucción de la tradición jurídica de Arequipa implica asimismo un análisis de las negociaciones microscópicas del poder, las relaciones entabladas entre los funcionarios de menor jerarquía y el entramado de vinculaciones familiares, políticas o sociales que regían en los tribunales. Y es que una definición de la arequipeñeidad jurídica no puede estar solamente limitada a la biografía de los grandes juristas, sino también a la hipertrofia de la legalidad y a la historia no revelada de esos antihéroes judiciales.

Vídeo: Arequipa, la capital jurídica del Perú


Jueces, abogados y escribanos: recetario para una construcción relacional de la identidad arequipeña