A propósito de la sentencia recaída en el Expediente N° 02053-2013-PA/TC, Lima  (sobre el caso de la Universidad de Ciencias Aplicadas y la Universidad Privada del Norte), el profesor Alfredo Bullard, no ha dejado escapar la oportunidad y ha manifestado sus pareceres en su columna del diario El Comercio, que pueden leer completo haciendo click aquí.

«Pero lo importante está en el fondo. El Estado fue realmente arbitrario. Para fomentar la inversión en educación, concedió un beneficio a las instituciones educativas particulares, de manera que si reinvertían sus utilidades podían usar el 30% como un crédito tributario.

»El Estado, con sus actos, dio a entender claramente que el beneficio era permanente. Incluso dio leyes que así lo reconocían. Las universidades confiaron e invirtieron.

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»Pero a uno de esos tributaristas de la Sunat que creen que robar usando impuestos está autorizado, se le ocurrió que estábamos ante un beneficio tributario y que, de acuerdo con el Código Tributario, solo podía durar tres años y que, por tanto, había vencido. Pero como sabían que su posición era débil, consiguieron que el Congreso diera una ley por la que se declaraba retroactivamente que el crédito tributario ya no podía aplicarse. Un enredo legal creado por el propio Estado para que el contribuyente se pierda en la selva de las normas.

»Usted ya intuye el problema: las universidades particulares reinvirtieron guiadas por el incentivo que les dio el Estado. Pero cuando ya habían hecho la inversión, el Estado les quitó el crédito. Es como ofrecerle a un niño una golosina si come toda su comida y cuando termina le sacas la lengua y no le das nada.

»La magistrada Ledesma montó en cólera y dijo que las universidades, con la complicidad de sus colegas, se habían apropiado de millones de soles del Estado. La realidad es justamente la contraria: ese dinero es riqueza creada por las universidades que el Estado pretendió llevarse sin asco ni cargo de conciencia cambiando las reglas de juego.

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Y es que la magistrada Ledesma ha confundido el rol del Tribunal Constitucional. La Constitución no está para proteger al Estado del ciudadano, sino al ciudadano del Estado. Si el Estado promete con leyes confusas y luego pretende liberarse de sus promesas, la Constitución está del lado de las personas. Si uno parte del prejuicio que los impuestos son legítimos solo porque el Estado dice que así es, la magistrada tendría razón. Por suerte está equivocada, y así se lo recordaron sus colegas. Y es que como dice el mismo Einstein: “¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.»