Los 7 magistrados (jueces y fiscales) de los que más se habló este 2017

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Durante el año 2017, diversos acontecimientos marcaron profundamente al país. Como era de esperarse, la convulsión política y social provocada por la corrupción en las altas esferas del poder, tuvieron un gran repercusión a nivel jurídico. En un escenario político tan agitado, los jueces destacaron y se hicieron notar por diversas razones. Así, podemos señalar hasta 7 magistrados que merecieron nuestra especial atención a lo largo del año. Si crees que alguien más debe sumarse a esta lista déjanos su nombre en los comentarios.

1. Martín Alejandro Hurtado Reyes

Uno de los magistrados que destacó este año por sus propios méritos fue el doctor Martín Alejandro Hurtado Reyes. De los 107 aspirantes aptos a jueces supremos (29 mujeres y 78 varones) que compitieron en setiembre para cubrir una de las cuatro plazas que puso en concurso el Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Hurtado despuntó como el mejor.

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Su destacada participación se hizo notar desde el primer momento, cuando en el examen escrito (que solo lograron superar 20 postulantes), obtuvo la más alta calificación: 90 puntos de 100, secundado por sus colegas Carlos Giovani Arias Lazarte y Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo que consiguieron 85 y 81 puntos, respectivamente.

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Con buen performance en la evaluación curricular y en la etapa de entrevistas personales, el hasta hace poco juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien años atrás había obtenido el primer puesto en la Cuarto Concurso Nacional de Ensayos Jurídicos 2012 de la AMAG, fue nombrado juez titular de la Corte Suprema, junto con sus colegas Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana, Carlos Giovani Arias Lazarte y Aldo Martín Figueroa Navarro.

El magistrado piurano cursó estudios en la famosa Gran Unidad Escolar «Carlos Augusto Salaverry» (Sullana) y se hizo abogado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en San Marcos, varios años de experiencia docente y una lista valiosa de libros en su haber, es uno de los más destacados procesalistas y uno de los más rigurosos estudiosos de la casación en nuestro país.

2. Luz del Carmen Ibáñez Carranza

Una grata noticia que nos dejó el año fue la elección de la fiscal Luz del Carmen Ibáñez Carranza, el día 4 de diciembre, en primera vuelta, nada menos que jueza de la Corte Penal Internacional por un periodo de nueve años, en elecciones realizadas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Se trata de la primera vez en la historia que una experta peruana integra este Tribunal del más alto prestigio a nivel mundial, como lo destacó en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta elección constituyó un reconocimiento al compromiso del Perú con el Estado de derecho, el derecho internacional, y la lucha contra la impunidad. Reflejó, además, un reconocimiento a sus altas cualidades profesionales, y una muestra de orgullo para su alma mater, la Universidad Nacional de Trujillo.

Valga reconocer también que la elección fue fruto de una intensa campaña de la diplomacia peruana, se llevó a cabo en el marco de la XVI Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Nueva York, 4-14 de diciembre de este año).

3. Duberlí Rodríguez Tineo

El jueves 1 de diciembre de 2016 los magistrados de la Corte Suprema eligieron como presidente del Poder Judicial al juez piurano Duberlí Rodríguez Tineo. Nacido en Rodeopampa (distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba), el doctor Rodríguez salió de las adversidades y, con esfuerzo y dedicación, se hizo de un nombre que le valió llegar a ser designado para ocupar el cargo más importante de este poder del Estado.

Rodríguez Tineo fue dirigente del UNIR, movimiento en el que participaban varios frentes, entre ellos Patria Roja. En 1985 postuló al parlamento por la lista de Izquierda Unida. Se le acusó de presentar, junto a su bancada, un proyecto de ley que, aparentemente, otorgaba beneficios a terroristas. Asunto que aclaró tajantemente: «Se estaba procesando a personas de la izquierda democrática acusados falsamente de terroristas. La policía no sabía distinguirlos bien, el proyecto buscaba amnistiar a los que no estuvieran comprometidos en hechos de sangre. Es un tema claro para mí».

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El actual presidente del Poder Judicial expresó desde el comienzo de su gestión que ya era tiempo de poner mano dura contra la delincuencia de «cuello blanco», y que para cumplir ese objetivo los jueces del país debían estar debidamente preparados y capacitados. Recientemente, en un evento en Piura, causaron polémica sus declaraciones al rechazar los actos de violencia llevados a cabo por una turba de ronderos hacia una magistrada, pero al mismo tiempo cuestionó el hecho de que esta haya intervenido la acción de la justicia ronderil.

Lo cierto es que su protagonismo ha sido mucho más visible que el de otras gestiones, no solo por el contexto político en el que le ha tocado presidir el sistema de justicia, sino por su estilo que ha sintonizado con la población.

4. Pablo Sánchez Velarde

El fiscal de la Nación tuvo un año bastante ajetreado. Su liderazgo en el Ministerio Público en una época de alta tensión política le granjeó enemigos de diversas tiendas partidarias (y no tan partidarias). “Capturar a algún ‘pez gordo’ puede ser complicado, pero vamos a llegar a ello. Paciencia, dejen trabajar a la fiscalía”, señalaba a principios de año, sin imaginar que eso le traería problemas, serios problemas.

Aunque en un principio manifestaba que venía recibiendo presiones por el caso Odebrecht, lo cierto es que se convirtió en el centro de los reflectores cuando fue invitado a la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por la parlamentaria Rosa Bartra.

En estas reuniones, los congresistas le achacaron demora y actitud parsimoniosa y taciturna en las investigaciones del caso Odebrecht. El fiscal mostró la lista de expresidentes, gobernadores regionales y alcaldes sobre los que pesa diversas medidas cautelares.

Otro capítulo de su azarosa labor en la fiscalía tiene que ver con las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos. Las cosas se le complicaron cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, declaró procedentes las denuncias constitucionales con fines de destitución en su contra, presentadas por los congresistas Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma.

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5. Hamilton Castro Trigoso

A principios de enero, se anunció que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso, natural de Amazonas, lideraría el equipo especial del Ministerio Público, con la responsabilidad de investigar el pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos. Desde que asumió el cargo, señaló que realizaría sus funciones con sumo cuidado, mediante un trabajo silencioso y a veces incomprendido, pero a paso firme y seguro. Sus iniciales indagaciones lograron desentrañar el origen de la corrupción de la empresa brasileña y, con ello, le permitieron sustentar el pedido para que el expresidente Alejandro Toledo cumpla 18 meses de prisión preventiva.

Pese a recibir presiones desde diferentes flancos para acelerar el encarcelamiento, únicamente, del expresidente Toledo, el fiscal siempre tuvo claro que su labor debía abarcar a todos los implicados. Por otro lado, el Ministerio Público, que debía mantener reserva de su trabajo, lo obligó a cuidar que los hechos no sean conocidos públicamente, pues ello podría alertar a los involucrados y afectar las investigaciones. Castro también viene investigando las coimas que la constructora brasileña entregó a ex funcionarios del gobierno de Alan García, y al mismo presidente, por obras del Metro de Lima.

6. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, uno de los más destacados constitucionalistas del país, fue el centro de atención de una denuncia constitucional que emprendieron un grupo de exmarinos contra cuatro de los siete miembros del Tribunal Constitucional.

Como ponente del auto que en abril de este año corrigió una sentencia del 2013, quitando la declaración que señalaba que los hechos de El Frontón no constituían un crimen de lesa humanidad, el doctor Espinosa-Saldaña tuvo que librar una dura batalla contra varios sectores políticos.

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En marzo de este año, el TC emitió un “auto de subsanación de error material” y enmendó el voto a favor del jubilado magistrado Vergara Gotelli, de que prescribieran los delitos de aquel caso, por lo que pasó a ser un voto en contra. De esta forma, la sentencia del 2013 perdió validez, pues con el cambio de voto de Vergara Gotelli ya no contaba con los votos suficientes. Con esta decisión, los hechos de El Frontón volvieron a ser considerados como delitos de lesa humanidad.

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Posteriormente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con el voto de Fuerza Popular y el APRA, un informe final que, con algunas modificaciones, recomendaba destituirlo e inhabilitarlo durante 10 años (por ser el ponente del caso), y suspender 30 días a otros tres magistrados: Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos Núñez. Pese a los ataques, el Espinosa-Saldaña se mantuvo en sus trece y defendió la legalidad de su actuación así como la de sus colegas en diversos medios.

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El asunto salió de los predios nacionales cuando el magistrado, acompañado de sus colegas Ramos Núñez y Marianella Ledesma, denunció al Estado (Congreso) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la inminente violación de la independencia del TC. El asunto llegó hasta la Corte Interamericana, cuyo presidente, el pasado 17 de diciembre, ordenó al Estado peruano suspender inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional seguido por el Congreso contra los jueces del TC.

7. Richard Concepción Carhuancho

Sin duda una de las personalidades más recordadas del año será el juez Richard Concepción Carhuancho. De hecho, diversos sondeos lo ubican como uno de los personajes del 2017 (al lado de otras figuras mediáticas). Desde que se supo que el caso de los sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos para a cambio adjudicarse millonarias obras públicas, podía implicar a unas cien personas; la pregunta que se hacía la ciudadanía en general, era si el Poder Judicial se encontraría a la altura de las circunstancias. Aunque muchos eran escépticos con el tema, lo cierto es que cuando designaron a Richard Concepción Carhuancho, juez del primer Juzgado de Investigación Preparatoria (Sala Penal Nacional), varias cosas cambiaron.

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En su haber el juez posee órdenes de prisión preventiva para la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, para el expresidente Alejandro Toledo y, cómo no, también para cinco ex directivos de las empresas consorciadas a Odebrecht. Por ser conocido como un juez que no se acobarda al momento de emitir resoluciones, su nombre e imagen han sido fuentes de diversas noticias y portadas. Además, ha sido tendencia en Twitter en casi todas sus audiencias (con el popular hashtag #NoTeChupesCarhuancho).

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En entrevista concedida a RPP, el magistrado contó cuál es la motivación que persigue en su afán de justicia: «(…) Yo duermo tranquilo, trato de hacer mi trabajo de la mejor manera. Obviamente, uno es humano, pero también trato de aprender de mis errores. Soy de las personas que, cuando tomo una decisión, escucha bastante las críticas, tomo notas puntuales de ellas y las hago mías. También soy el primero en cuestionar algunas cosas que no salen bien durante la audiencia».

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Bonus

José Domingo Pérez

El 7 de diciembre del presente, el juez Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para ingresar a los inmuebles ligados al partido Fuerza Popular, ubicados en la avenida 9 de diciembre (Paseo Colón 422), en el Cercado de Lima, y en el jr. Los Morochucos 140 Urb. Santa Constanza, en Surco. El fiscal que llevó a cabo el allanamiento fue José Domingo Pérez. Posteriormente presentó un informe dirigido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en el que da cuenta de que nueve congresistas fujimoristas habrían incurrido en el delito de violencia contra la autoridad.

Este mismo año fue quien interrogó a Marcelo Odebrecht en Curitiba (Brasil) a propósito de las anotaciones «aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita». En aquella ocasión, el empresario brasileño aseguró que se habían realizado aportes económicos a favor de varias agrupaciones políticas.